NO ES secreto que los asesinatos de periodistas en México son provocados, principalmente, por la combinación de represalias del crimen organizado, la colusión de autoridades locales y una impunidad de casi el 99 por ciento, esto es, solo el 1 por ciento de las agresiones mortales son esclarecidas. Organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han identificado ciertos factores claves detrás de esa violencia, entre otras, represalias por investigaciones periodísticas, pues la mayoría de los homicidios ocurren como castigo directo por cubrir temas de corrupción política, narcotráfico, abusos de poder y nota roja que afectan intereses de cárteles o de funcionarios públicos. Hay, sin duda, una colusión entre crimen y política, pues muchos comunicadores investigan redes macrocriminales en las que operan vínculos oscuros entre autoridades locales y grupos delictivos, lo que convierte su labor en un riesgo mortal. Lo peor es la falta de investigaciones efectivas, la incapacidad de las fiscalías para dar con los autores intelectuales y materiales, y el fallo del sistema de justicia, lo que propicia que los agresores actúen sin temor a castigo, y aunque existe un programa federal para salvaguardar a comunicadores amenazados, diversas organizaciones señalan que las medidas (escoltas, botones de pánico o reubicaciones) suelen ser insuficientes, burocráticas o incluso retiradas de forma indebida a pesar del riesgo latente, lo que deja en estado de indefensión a los comunicadores, ya que infinidad de periodistas , sobre todo de medios locales o independientes carecen de recursos de seguridad, respaldo institucional o protección por parte de las empresas para las que trabajan. Todo lo anterior, ha provocado que de 2018 a 2024, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador –según registros de organizaciones civiles y análisis de datos-, el número de periodistas asesinados en México fue de 47, mientras que estudios alternativos, como el de la Universidad de Berkeley, elevan la cifra a 78 si se contabilizan de forma conjunta, esto es, periodistas y defensores de derechos humanos, mientras que en el gobierno de Claudia Sheinbaum cuyo inicio de mandato fue en octubre de 2024 se han registrado 15 comunicadores acribillados, de acuerdo con los reportes actualizados por TResearch y datos de organizaciones de libertad de prensa hasta finales de 2026, aunque otros organismos contabilizan 20. Como fuera, en conjunto suman 61 periodistas asesinados entre ambos sexenios, en un contexto donde las organizaciones señalan altos índices de impunidad y riesgos para la prensa local en México.
APENAS EL sábado, Eduardo Flores Salado, mejor conocido como “Lalito”, fue asesinado en la colonia Canuto Nogueda, en Acapulco. Eduardo contaba con más de dos décadas de trayectoria en los medios de comunicación, y actualmente colaboraba con Enfoque Informativo, aunque anteriormente trabajó en el periódico Novedades de Acapulco, además de pertenecer al colectivo Prensa Rosa. El cuerpo del comunicador fue localizado con aparentes signos de estrangulamiento, identidad que fue confirmada por la Asociación de Periodistas de Acapulco, agrupación que difundió un mensaje con sus condolencias por su muerte, por lo que el caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero, instancia que abrió una carpeta de investigación bajo el delito de homicidio calificado. Su labor periodística se enfocó en notas policiales, seguridad, política local, derechos humanos, desapariciones y problemáticas de servicios públicos en Acapulco, y fue cofundador de Prensa Rosa, un colectivo periodístico con perspectiva LGBT+. Con su asesinato suman al menos nueve periodistas ultimados en México en lo que va del 2026, y es el segundo caso registrado en Guerrero en el año, después de Manuel Alejandro Moreno Serna ("Alex Serna"), un periodista independiente, activista ambiental y creador de contenido, de 39 años, en Zihuatanejo, Guerrero. Fue hallado sin vida tras desaparecer en junio de 2026.
AHORA BIEN, para frenar los asesinatos de periodistas en México, organismos internacionales como la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, coinciden en que se requiere una estrategia integral que ataque la impunidad, reforme los esquemas de protección estatales y fortalezca la autoprotección del gremio. Las principales medidas recomendadas por especialistas y organizaciones se dividen en tres ejes: 1.-Combate a la impunidad y procuración de justicia, esto es, investigaciones diligentes y sin sesgos, o lo que es lo mismo, que las fiscalías investiguen todos los crímenes asumiendo como primera línea de investigación la labor periodística de la víctima, evitando descartar este móvil de forma prematura, dotando de presupuesto, autonomía y personal capacitado a las fiscalías dedicadas a delitos contra la libertad de expresión, dado que en México apenas alrededor del 12 por ciento de los asesinatos registrados desde 1993 se han resuelto judicialmente. También se debe sancionar a autores intelectuales y funcionarios. Las investigaciones no deben limitarse a los autores materiales, sino alcanzar a quienes ordenan los ataques, incluyendo a funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado. 2.-Mejora de los mecanismos estatales de protección, lo que implica reformar al Mecanismo Federal de Protección, pues, aunque existe uno, beneficiarios y organizaciones señalan fallas graves en los tiempos de respuesta y en la efectividad de medidas como botones de pánico o escoltas. Se requiere agilizar las evaluaciones de riesgo y asignar recursos suficientes. Debe haber, también, una efectiva coordinación entre niveles de gobierno. Se debe dar atención integral y con perspectiva de género, de tal manera que los esquemas de resguardo deben incluir apoyo psicológico, reubicación digna para los periodistas y sus familias, y protocolos específicos para mujeres periodistas, quienes enfrentan violencias diferenciadas. También debe cesar la estigmatización oficial, esto es, que autoridades de todos los niveles deben abstenerse de descalificar públicamente la labor de la prensa, ya que el discurso estigmatizante –muy propio de la 4T- legitima las agresiones y aumenta la vulnerabilidad de los comunicadores y, finalmente, 3.-Es fundamental que las redacciones y los periodistas independientes implementen análisis de riesgo previos a las coberturas, cifrado de comunicaciones y rutas de evacuación. También es urgente una mejora de condiciones laborales, pues muchos periodistas locales trabajan en situación de precariedad, sin contratos ni seguros médicos o de vida, lo que los deja desamparados ante amenazas. Los medios de comunicación deben asumir corresponsabilidad en la seguridad y estabilidad económica de sus reporteros y corresponsales. En fin, se sigue matando periodistas como si viviéramos en un régimen dictatorial, y no en uno democrático donde se habla de soberanía y libertad, porque todo parece indicar que es más simulación que convicciones reales.
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NO ANDA mal el PAN cuando denuncia el mal estado de las carreteras que circundan Veracruz, lo que ha provocado graves accidentes, perdidas de vida y daños a vehículos, y no hay que ir muy lejos. Los accesos y salidas de Xalapa, la capital del Estado, deja muy mal sabor de boca no solo a los locales sino a visitantes y turistas, pues tan solo de Las Trancas que es ya de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas o circunvalación hasta enlazarse con Banderilla, la rúa de ida y vuelta presenta deterioros vergonzosos. Frente a la SEV y Plaza Américas la rúa es una vergüenza, pues parece camino de terracería, ocasionando accidentes lamentables. No sabemos a quien corresponda repararla, pero es urgente, además de otras carreteras, darle mantenimiento, máxime que esas vías conducen a Xalapa, la capital del Estado. Ojalá alguien asuma la responsabilidad que les compete y se pongan las pilas. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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