DISERTACIONES DEL Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, reflejan que cerca del 40 al 50 por ciento de las personas que salen de prisión vuelven a delinquir dentro de los primeros tres años. Y es que el estigma social postpenitenciario y la falta de oportunidades laborales, empujan a los liberados a utilizar las redes y "conocimientos" criminales que adquirieron bajo el encierro, y acaso por ello el concepto de que las cárceles son "universidades del delito", sigue estando trágicamente vigente en la mayor parte de los países de América Latina y otras regiones del mundo, sin descartar, por supuesto, a México y sus Estados. En ese contexto, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 7 de octubre de este año, el estado de Veracruz obtuvo una calificación reprobatoria de 5.38 puntos a nivel estatal, de tal suerte que de los 18 centros penitenciarios evaluados en la entidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reprobó a 14 de ellos, tras detectar graves deficiencias estructurales, de seguridad y de gobernabilidad (en muchos el llamado autogobierno que desplaza a las autoridades en el mando). Los hallazgos más importantes sobre las cárceles veracruzanas incluyen, entre otros temas, autogobierno y extorsión, de tal manera que en el penal de Poza Rica, calificado con 4.37 por ciento, el organismo documentó prácticas de autogobierno o cogobierno, donde las personas privadas de la libertad ejercen funciones de autoridad, además de registrarse cobros por extorsión o extorsiones mediante móviles ilegalmente introducidos, sobornos y deficiencias en la alimentación. Paralelamente, se detectó la presencia de actividades delictivas en cinco centros: Poza Rica, Amatlán, Cosamaloapan, Tuxpan y Pacho Viejo. La peor calificación la obtuvo el Centro Penitenciario de Tuxpan que registró la nota más baja del estado con apenas 3.89 puntos.
PERO EL informe detalla problemas sistemáticos en los 18 centros evaluados, tales como falta de seguridad y salud, ya que en la totalidad de los penales supervisados se identificó insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como serias deficiencias en los servicios de salud pública. Hay sobrepoblación y hacinamiento, ya que el sistema albergaba a 8 mil 669 internos frente a una capacidad instalada de 7 mil 803 espacios (un exceso de 866 personas). También se reportó sobrepoblación en 11 centros y hacinamiento en 12. Por ejemplo, el penal de Pacho Viejo registraba 1 mil 360 reclusos en un espacio diseñado para 898. En ese sentido, en 17 de los 16 centros se evidenciaron fallas para separar correctamente a las personas procesadas de las ya sentenciadas, lo que acrecienta el título de universidades del crimen, de donde emergen sujetos instruidos en distintas actividades ilícitas como secuestro, extorsión, venta de drogas e, incluso, doctos en crímenes que van a parar a espacios del crimen organizado. En ese contexto, los expertos presuponen que, para mejorar las cárceles de Veracruz y del País, es urgente atender la sobrepoblación, fortalecer la infraestructura y dignificar las condiciones de seguridad y reinserción social.
PARALELAMENTE SE deben construir y ampliar reclusorios estatales, como el proyecto impulsado por el gobierno en la zona de Medellín y los planes para la región de Acayucan. Agilizar los procesos judiciales, ya que un porcentaje alto de la población penitenciaria en el estado se encuentra sin sentencia, y gestionar el traslado de personas privadas de la libertad del fuero federal hacia prisiones federales especializadas. Aparejado a lo anterior, se debe fomentar talleres productivos, autoempleo y convenios con el sector privado para que los internos generen ingresos y adquieran oficios. Paralelamente se deben ampliar los servicios educativos, deportivos y médicos dentro de los penales con respeto a los derechos humanos, pero nada de eso se hace y, por tanto, nuestras cárceles siguen siendo un riesgo y no una solución…
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EL JUEVES pasado, Estados Unidos volvió a advertir que irá contra funcionarios mexicanos que colaboren con los cárteles, incluso si ocupan una gubernatura. Lo dijo Sara A. Carter Bailey, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EU, y lanzó un mensaje que cobra relevancia después de los señalamientos de autoridades estadounidenses contra figuras políticas de México: “Si ayudan o colaboran con los cárteles, no nos importa si eres el gobernador, iremos tras ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”. La advertencia tiene como antecedente el caso de Rubén Rocha Moya, a quien el Gobierno Federal sigue protegiendo y exigiendo pruebas de su culpabilidad pese a los voluminosos expedientes que obran al otro lado del Río Bravo. Por ello, desde abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación contra el entonces gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, alegando la fiscalía estadounidense que Rocha Moya habría tenido reuniones con integrantes de Los Chapitos, ofreciendo protección a sus actividades y recibido apoyo de esa facción para llegar a la gubernatura. Pero el caso Rocha no es el único señalamiento reciente de Washington contra una persona vinculada con la política mexicana. En septiembre, el Departamento del Tesoro sancionó a Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y por utilizar, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, su influencia política en favor del grupo criminal. Carter asume que la postura estadounidense también busca que México y Estados Unidos trabajen juntos contra las organizaciones criminales. “Únanse a nosotros. Deténganlos. Podemos poner fin a los cárteles trabajando juntos”. Pero la reciente tensión entre EU y México escaló debido a las fuertes presiones del gobierno del presidente Donald Trump, quien ha condicionado el reconocimiento de la cooperación bilateral a que la administración mexicana exponga, arreste y procese a los "narcofuncionarios" vinculados con los cárteles de la droga, situación que se ha desarrollado a través de varias advertencias y posturas clave de ambos países, pero la Presidenta Claudia Sheinbaum pareciera no entenderlo, acaso porque al entregar al primero, los vecinos del norte exigirían el arresto y entrega de todos: gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, y hasta alguno de los hijos y socios del fundador de MoReNa, y que decir de ciertos militares incluidos navales, esto a pesar de que, a través de un extenso memorando enviado al Congreso estadounidense en septiembre de 2026, Trump reconoció los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum en la incautación de drogas y destrucción de laboratorios.
AUNQUE NO hay que olvidar que, en aquella ocasión, también lanzó una fuerte crítica argumentando que los esfuerzos son insuficientes, y exigió capturar a los funcionarios corruptos que cooperan con el narcotráfico y traicionan la soberanía del país (esa soberanía que tanto dice defender la mandataria nacional). Y aunque muchos pensarían que se trata de una estrategia de cara a las elecciones intermedias de los Estados Unidos, informes de inteligencia señalan que un grupo de asesores de la Casa Blanca ha estructurado listas con decenas de funcionarios, gobernadores y militares mexicanos sospechosos de colusión criminal. La estrategia estadounidense incluye la revocación de visas y la congelación de activos financieros mediante el Departamento del Tesoro, por lo que, en los días por venir, en la medida en que se acerquen las elecciones en EU, Trump podría ordenar a Sheinbaum que los mexicanos radicados allá voten por los republicanos a cambio de concesiones. En fin, así es la política en el País que se ejerza: fuerza, poder y chantajes. OPINA carjesus30@hotmail.com
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