LA MADRUGADA del miércoles, la cámara Federal de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral que, de acuerdo al texto, busca homologar, modernizar y conectar los catastros y los registros públicos de la propiedad en todo México, a fin de para dar mayor seguridad jurídica al patrimonio de las familias. El Ejecutivo Federal abunda que, la legislación pretende ordenar la información inmobiliaria del país mediante la coordinación entre la federación, los estados y los municipios. Pero la oposición, como el PAN, PRI y MC, así como diversos analistas, señalan varios aspectos negativos y riesgos potenciales de la normativa. Y es que, si bien, el gobierno federal y la bancada oficialista (Morena y sus aliados) sostienen firmemente que la ley no aumenta las tasas del impuesto predial, la oposición advierte un impacto económico indirecto, al obligar a actualizar y homologar los valores catastrales para alinearlos con el valor comercial o real de mercado, lo que aumentará la base gravable de las viviendas. Esto, de acuerdo a expertos, significa que, aunque los municipios mantengan la misma tasa de impuesto, el monto final que pagarán las familias por sus propiedades podría ser considerablemente mayor. Pero no solo eso. Algunos legisladores argumentan que la ley interviene en facultades que corresponden históricamente a los estados y municipios, por lo que, al centralizar las decisiones operativas, los criterios técnicos y las plataformas digitales en dependencias federales (como la Sedatu y la Agencia de Transformación Digital), se debilita la autonomía financiera y el control territorial local consagrado en el artículo 115 constitucional. La ley establece un plazo inicialmente fijado a finales de 2026, para que todos los catastros adopten los nuevos lineamientos. Pero críticos de la reforma dicen que los municipios deberán implementar esas plataformas con sus propios recursos presupuestales. Esto pone en severa desventaja a los ayuntamientos más pequeños o rurales, los cuales carecen del dinero, la infraestructura tecnológica y el personal capacitado para cumplir con las exigencias de digitalización en tan poco tiempo, sobre todo porque en muchos municipios no hay internet.
Y ES que concentrar la información inmobiliaria, cartográfica y los folios de propiedad de todo el país en sistemas digitales interconectados, genera preocupaciones sobre la vulnerabilidad ciberespacial. Si las plataformas federales o locales no cuentan con robustas garantías de ciberseguridad, las bases de datos de propiedad privada podrían quedar expuestas a hackeos o manipulación de registros, lo que constituye un grave riesgo para los propietarios que podrían ser víctimas de cárteles inmobiliarios. La ley, sin embargo, dice que los principales objetivos y herramientas busca crear un código de identificación exclusivo para cada terreno o vivienda, lo que ayudaría a consultar y actualizar los datos del inmueble sin confusiones ni duplicados. También pretende la homologación digital, esto es, unifica los procesos y requisitos técnicos en plataformas tecnológicas municipales y estatales, ya que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia de Transformación Digital, participan en el diseño del plan nacional. Y ante la postura de la oposición, se asume que, la ley previene registros contradictorios, trámites largos o posibles actos de corrupción que afecten la propiedad privada de las personas. Respeto a la autonomía local, la legislación establece que la administración de los datos, las responsabilidades operativas y el cobro del impuesto predial se mantienen estrictamente bajo la competencia de los municipios, conforme al artículo 115 constitucional. Y si bien Morena explica que la propuesta busca establecer una base que permita facilitar el intercambio de información sin cada autoridad pierda las responsabilidades que le corresponden, el PRI alertó sobre un posible aumento en el monto a pagar por las propiedades, ya que el valor catastral en una pieza clave determinar el predial. A futuro, insiste el tricolor, la ley podría elevar los valores catastrales de los inmuebles y generar un aumento en el predial. A ver que pasa…
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NO SE sabe si por la rebeldía mostrada en los meses y semanas previos a los “destapes” de la Cuarta Transformación para las Gubernaturas que estarán en juego en el 2027, pero MoReNa dejó fuera de las 17 coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional al Partido del Trabajo, situación que ha engendrado una fuerte tensión al interior de la coalición debido a los siguientes factores. Y es que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió de manera directa y mediante sus propias encuestas a los 17 representantes, y el PT no obtuvo el triunfo en ninguna de esas mediciones, quedando sin representación a nivel estatal a diferencia del Partido Verde que se quedó con Manuel Cota Cárdenas por Baja California Sur, y Jasmine Bugarín por Nayarit. Quizá por ello, en señal de protesta, el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, ordenó a su militancia no acompañar los eventos de presentación de los coordinadores morenistas, argumentando una falta de transparencia en la metodología de las encuestas. Especial inconformidad ocurrió en entidades como Guerrero, Nuevo León, Chihuahua y Zacatecas, donde el petismo tiene fuerte presencia. Y aunque algunos liderazgos petistas llegaron a amagar con la ruptura o con competir en solitario, la mesa de negociación se trasladará hacia la obtención de espacios en alcaldías y diputaciones federales cuyos procesos de selección apenas inician. El PT busca que Morena acepte realizar "encuestas espejo" para reconsiderar el peso del partido en ciertas regiones estratégicas, pero todo hace suponer que ese instituto será minimizado. Cabe destacar que, en el marco de las negociaciones de la alianza para el proceso electoral de 2027, el Partido Verde proyecta encabezar o respaldar un total de cuatro candidaturas a gubernaturas (sumando Nayarit, Baja California Sur, Quintana Roo y San Luis Potosí, este último donde se contempla que compita con un candidato propio en lugar de ir en coalición con Morena, mientras al PT no le toco nada. Así las cosas…
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VAYA VERGUNZA la que pasaron Luis Arturo Santiago Martínez y Carlos Manuel Jiménez Díaz, luego de que la Gobernadora les ordenó reincorporarse a los cargos que ocupan en el gabinete Estatal, tras soñar que tenían el potencial para ser diputados Federales. De esa manera, Luis Arturo Santiago Martínez seguirá al frente de la Secretaría de Trabajo, tras sus intenciones de postularse para la diputación por el distrito de Orizaba o el de Zongolica, mientras que Carlos Manuel Jiménez Díaz permanecerá al frente de la Subsecretaría de Ganadería (dependiente de la Sedarpa), luego de soñar con una diputación por Martínez de la Torre. Los que si se fueron son: Margarita Santopietro Peralta, quien dejó la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para buscar el distrito de Coatzacoalcos, y Eduardo "Tato" Vega Yunes, quien renunció a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) para competir por el distrito de Xalapa. Pero ¿podrán ganar la competencia interna y, posteriormente, la constitucional? Habría que esperar. OPINA carjesus30@hotmail.com
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