LA ALARMANTE cifra de personas desaparecidas y no localizadas en México (se habla de más de 134 mil), representa, invariablemente, una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más severas de la región. Y es que el fenómeno no responde a una causa única, sino que, forma parte de una compleja red de factores estructurales, criminales y políticos que se han intensificado en las últimas dos décadas. Hay muchas razones que explican por qué hay tantos desaparecidos en el país, y los responsables, entre otros, son el crimen organizado y el control territorial que implica el reclutamiento forzado de personas (elevando el número de desaparecidos, sobre todo menores). Y es que los carteles y grupos delictivos desaparecen a jóvenes, principalmente de entre 20 y 39 años para utilizarlos como mano de obra esclava, sicarios o informantes, aunque, también, se enfocan en la trata de personas, esto es, mujeres, adolescentes, niñas y personas migrantes, las cuales son secuestradas frecuentemente por redes criminales para la explotación sexual o el trabajo forzado. Otra causa son las disputas por el territorio, ya que las desapariciones se utilizan como una estrategia de terror para controlar rutas de narcotráfico, economías locales o recursos clave. Lo grave es que la tasa de impunidad en delitos de desaparición por parte del Estado es casi absoluta, y al no haber consecuencias legales ni investigaciones efectivas, los victimarios siguen usando la desaparición como una herramienta de bajo costo y alta efectividad. A lo anterior se agrega la corrupción institucional, pues en numerosos casos existe una delgada línea entre las autoridades locales y los criminales, lo que se traduce en complicidad o participación directa de agentes estatales en las desapariciones (desaparición forzada). Ahora que, desde que se inició la estrategia de seguridad militarizada en 2006, las cifras de violencia y desapariciones se dispararon exponencialmente. La fragmentación de los grandes carteles generó células delictivas más pequeñas y agresivas que diversificaron sus delitos hacia el secuestro y la extorsión.
PARALELO A las desapariciones, existen más de 72 mil cuerpos en servicios forenses y fosas comunes bajo el resguardo del Estado, los que no han podido ser identificados por falta de recursos, tecnología y bases de datos unificadas, situación que provoca que muchas personas que ya fallecieron sigan legalmente en estatus de "desaparecidas". Ante la ineficacia o lentitud de las instituciones, la búsqueda en México ha sido sostenida principalmente por los colectivos de madres y familiares buscadoras, quienes arriesgan sus vidas diariamente para rastrear fosas clandestinas por todo el país.
VERACRUZ NO es ajeno al problema, ya que se encuentra entre las seis entidades del país con más personas desaparecidas durante este año, luego de que los registros oficiales contabilizaran 348 casos entre enero y octubre, una cifra superior a los 189 reportados durante el mismo periodo del año anterior, cifra que representa un incremento del 89.1 por ciento reportados en 2025. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el aumento representa 159 casos adicionales en comparación. Del total registrado en la entidad, 268 corresponden a hombres y 80 a mujeres que continúan sin ser localizados, y el municipio de Veracruz concentra el mayor número de registros con 40 casos, seguido de Xalapa con 21 y Poza Rica con 21. Al corte de mayo de 2026, la entidad sumaba un histórico de 6 mil 690 personas desaparecidas acumuladas a lo largo de los años, según estimaciones de la plataforma Red Lupa. Y si bien a principios de noviembre de este año se nombró a Denisse Moreno como la nueva fiscal especializada para la atención de denuncias por personas desaparecidas, diversos colectivos de búsqueda locales manifestaron de inmediato su inconformidad y rechazo ante la designación, denunciando falta de avances sustanciales por parte de las autoridades. Y es que familiares de víctimas consideran que el cambio representa un retroceso en las investigaciones, y podría frenar los avances que se habían conseguido con la anterior responsable del área, lo que lejos de coadyuvar a lo solución del problema pareciera agravarlo. Como fuera, las desapariciones forzadas se han acrecentado en el Estado, por lo que urgen acciones concretas para contener el problema.
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POCOS SE enteraron que el martes 2 de Noviembre fue el Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y es que, según datos de la ONU, desde 1993 a la fecha, más de 1 mil 600 periodistas han sido asesinados por cumplir con la tarea de informar a la sociedad, y en esas cifras no se incluyen otros crímenes contra periodistas como la tortura, desapariciones, detenciones arbitrarias, intimidación o acoso. Además, las mujeres periodistas corren más riesgos, entre otros, sufrir agresiones sexuales. De acuerdo al organismo internacional, el dato más escalofriante es que el 90 por ciento de los asesinatos quedan impunes. Los crímenes son muy graves porque atentan contra el derecho de la sociedad a estar informada de manera independiente. También van en contra del diálogo, la paz y el buen gobierno, pues el tipo de noticias que son silenciadas con esos crímenes es exactamente el tipo de noticia que la opinión pública necesita. Lo peor es que la represión contra los medios continúa aceleradamente
LA ONU sostiene que la impunidad envalentona a los criminales y conduce a una mayor violencia, daña a la sociedad en su conjunto, porque encubre la corrupción, los abusos de derechos humanos y muchos otros crímenes horrendos que hay que erradicar, por lo que, para acabar con esa impunidad, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que insta a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y a asegurar que los autores de esa violencia rindan cuentas ante la justicia. Por ello declaró el 2 de noviembre (conocido irónicamente como el día de los fieles difuntos) como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, para concienciar a la sociedad sobre la gravedad de este asunto. El año pasado, en el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, se puso el foco en el aumento de la violencia de género facilitada por la inteligencia artificial contra las mujeres periodistas, ya que la digitalización ha ampliado las posibilidades de expresión y activismo, pero también ha generado nuevos riesgos, especialmente para las mujeres que trabajan en espacios públicos. Así las cosas…
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SABRAN LAS autoridades Federal, Estatal y municipales que, en Veracruz, 127 mil 364 niñas, niños y adolescentes trabajan en actividades que la ley prohíbe por su edad o por los riesgos que representan, lo que coloca al Estado en el quinto lugar nacional por la cantidad de menores en ocupaciones no permitidas, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De esa población, 73 mil 24 tienen entre 5 y 14 años, por debajo de la edad mínima legal para trabajar, mientras que otros 54 mil 340 adolescentes de entre 15 y 17 años realizan labores consideradas peligrosas por la legislación laboral. La encuesta también revela que 30 mil 429 menores que desempeñan trabajos no permitidos han dejado de asistir a la escuela, lo que representa casi una cuarta parte de quienes se encuentran en esta condición. Vaya caso, cuando los niños deberían estar en la escuela. OPINA carjesus30@hotmail.com
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