NI SOMOS criminalistas ni buscamos imitar a Sherlock Holmes (el detective privado de ficción creado en 1887 por el escritor británico Arthur Conan Doyle), pero el sentido común (y nuestro parco conocimiento del derecho puesto que no ejercemos, sino que nos inclinamos desde siempre al periodismo), nos inducen a suponer que si las autoridades Federales y Estatales desean esclarecer el deceso del, ahora, ex diputado Federal y local y ex Secretario de Educación de Veracruz, Roberto Zenyazen Escobar García, lo primero que tienen que hacer es, con la autorización de un juez, en base al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, conocer el contenido de llamadas, mensajes de texto o chats del número celular del ex legislador. Es indiscutible que la Fiscalía General de la República requiere, obligatoriamente, una autorización judicial emitida por un juzgado competente, pero eso no debe ser ningún impedimento. Y es que en el móvil de Zenyazen –lo divulguen o no-, quedó registrado si el fallecido diputado había quedado de verse con alguien en el lugar donde, presuntamente, fue asesinado, y partiendo de ellos se podría llegar hasta el autor material e intelectuales del crimen, si es que lo hubo. Insistimos: no somos expertos criminalistas, pero no es tan difícil deducir que el auto de Zenyazen estaba estacionado en el lugar donde recibió el balazo, porque, seguramente, esperaba a alguien conocido por él, alguien que probablemente muy de mañana o el día anterior le hizo alguna llamada o le mandó un mensaje para verse en el sitio donde ocurrieron los hechos, alguien que le dijo que acudiera solo y no con chofer –porque lo tenía- para que no hubiera testigos del encuentro e, incluso, que acudiera en otro vehículo –en este caso el Mercedes que, comúnmente conducía su hija-, y no en la Suburban que cotidianamente utilizaba.
PORQUE RESULTA sospechoso que el auto en el que se trasladó el, ahora, occiso, estuviera estacionado como si esperara a alguna persona, y que Escobar García ocultara el rostro bajo una gorra, cuando siempre se le vio elegante, si acaso sombrero vaquero cuando montaba sus briosos corceles. El balazo Zenyazen lo recibió del lado izquierdo de la sien, concretamente en el oído, mientras que la pistola nueve milímetros que llevaba consigo la traiga casi oculta entre las piernas, y solo sobresalía la cacha, como si presintiera una traición inesperada. Se entiende que el agresor se aproximó hasta el Mercedes de Zenyazen tras bajar de otra unidad, aproximándose al agredido con el arma homicida oculta tal vez en un sobre o folder, sacándola de improviso para dispararle sin darle tiempo de nada. Porque el asesino, si es que lo hubo, debe ser alguien a quien conocía el legislador pero del que no confiaba del todo, y esto se deduce del arma que ocultaba entre las piernas, la que no le dio tiempo a usar para defenderse.
SI ESTO no fuera así, entonces el agresor viajaba en el mismo auto que Zenyazen, en el asiento del copiloto, y en el lugar donde sucedieron los hechos, seguramente, le pidió a Escobar detenerse para seguir charlando o cambiarse a otra unidad que les precedía, y que era conducida por alguien cercano al asesino. Por la forma en que se encontró el cuerpo, el agresor pudo haberle disparado en la sien derecha, algo que resulta improbable porque de haberlo hecho así, la cabeza de Zenyazen se habría estrellado contra el cristal debido al fuerte impacto, o de estar bajada la ventanilla la cabeza habría quedado recostada sobre la puerta. Por ello es más probable que esperaba a alguien con el que ya había quedado en ese sitio, sujeto que, seguramente, le entregaría algún sobre con cierto contenido, pero en vez de ello, la bolsa de papel o folder pudo haber servido para esconder la pistola con la que disparo, aunque la historia podría corroborarse o ser desechada cuando se conozca el contenido de las pláticas en la sabana del celular de una semana al día en que ocurrieron los funestos acontecimientos.
QUEDA CLARO que ningún agente del Ministerio Público o policía puede acceder al contenido de comunicaciones privadas sin el mandato explícito de un juez de control. La petición debe ser realizada exclusivamente por el titular de la Fiscalía General o los servidores públicos en quienes delegue esta facultad, conforme a la ley. La solicitud debe justificar plenamente el objeto y la necesidad de la intervención, señalando el delito que se investiga, aun cuando las materias electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativa están excluidas. La orden judicial debe especificar la duración de la medida de intervención, la cual se resuelve por el juez en un tiempo máximo de pocas horas. Es importante distinguir entre el contenido (lo que se dice o se escribe) y los datos de tráfico o conservados (metadatos como quién llamó a quién, la duración y la ubicación de las antenas). Para obtener registros de llamadas y geolocalización (sin el contenido de la voz o los mensajes), los márgenes legales a veces permiten a las fiscalías solicitar dichos metadatos a las empresas concesionarias de telecomunicaciones bajo reglas específicas de colaboración con la justicia, aunque la privacidad general sigue bajo salvaguarda, y para escuchar llamadas en tiempo real o leer mensajes y chats, el requisito estricto e indispensable es el control judicial previo; cualquier revisión del aparato o intervención hecha sin este requisito convierte la información en una prueba ilícita sin valor legal en un juicio. Por ello la importancia de que se conozca el contenido de las llamadas, mensajes de texto o WhatsApp del o los celulares de Zenyazen, asi como de cercanos colaboradores e, incluso, de su familia si en verdad desean que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero si esto no es así, el asunto pasara a la historia como un autoatentado. Así las cosas…
*****
A PROPOSITO del presunto crimen de Zenyazen Escobar García, no son buenas noticias enterarnos que en México, más de 30 mil menores de edad estarían vinculados al Crimen Organizado, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Ibero que detalla que, los jóvenes niños enganchados inician como "halcones", narcomenudistas hasta llegar a sicarios o jefes de plaza, lo que pone en evidencia como el peligro para la infancia mexicana se incrementa cada vez más, ya que uno de cada 10 niñas y niños de entre 13 y 15 años habría reportado haber sido contactado por grupos criminales en México, en tanto más de 30 mil menores estarían ya involucrados en alguna forma de crimen organizado. Se trata de cifras presentadas durante una mesa de análisis sobre políticas públicas e infancias en la Universidad Iberoamericana denominada: “Incidencia y análisis de políticas públicas relacionadas con las infancias”. En ese sentido, el académico del Departamento de Economía, Irving Rosales, plantea que, en situaciones de pobreza e instituciones débiles, el dilema que enfrentan algunas familias puede ser mucho más complejo que elegir entre escuela o trabajo: también existe la posibilidad de que niñas y niños terminen incorporándose a actividades ilegales, muy a pesar de la trillada política de la Secretaria de Gobernación que insiste en que, combatiendo las causas, han logrado que los niños se alejen de esas tentaciones, lo que demuestra lo contrario. Tan grave como lo anterior, es el hecho de que alrededor de 300 mil niñas, niños y adolescentes en México tienen a su madre o padre en prisión. Asi las cosas…
*****
HECTOR YUNES Landa ha enviado un mensaje contundente: no puede haber partido sin una representación o domicilio, y en ese tenor inauguró las oficinas del instituto político Estatal Alianza Generacional en la calle Estanzuela 28, del fraccionamiento Pomona en Xalapa dónde, por cierto, mostró músculo con un gran poder de convocatoria. Ojalá algunas organizaciones, incluso, de periodistas lo entendieran e hicieran lo propio alquilando un local representativo, y no solo utilicen el membrete para negocios personales. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|
