AUNQUE NO existe un consenso único que califique los reportes oficiales como una mentira deliberada en torno a los homicidios dolosos que ocurren en el País, sí se ha documentado una discrepancia histórica entre las cifras del Gobierno Federal y las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pues mientras el gobierno asegura que los datos reflejan una tendencia real a la baja gracias a su estrategia de seguridad, especialistas y sectores críticos señalan que esta brecha estadística pone en duda la magnitud de la reducción presumida. La polémica reciente surgió de las diferencias en el conteo de homicidios correspondientes al 2025 publicadas en noviembre de 2026. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportaron un total de 24 mil 348 homicidios dolosos el año pasado, lo que representa una caída del 21.3 por ciento respecto a 2024, pero el resumen del INEGI contabilizaron 29 mil 488 homicidios para el mismo periodo, reflejando una disminución del 12.1 por ciento frente al año anterior, por lo que existe una diferencia de 5 mil 140 casos entre ambas mediciones, disparidad que casi duplica la brecha de 2 mil 632 casos observada en 2024. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente esa diferencia, descartando que exista ocultamiento de información. La administración federal explica que el SESNSP mide las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías estatales y la FGR, mientras que el INEGI recopila datos a partir de certificados de defunción, registros de médicos legistas y actas del Registro Civil. Ante la discrepancia, el Ejecutivo Federal anuncia la instalación de una mesa de trabajo con el INEGI para revisar los registros estado por estado y esclarecer de manera transparente el origen de los más de 5 mil casos de diferencia que constituyen factores que alimentan la desconfianza hacia los reportes gubernamentales, pues si bien se muestra una baja, la reducción real según los certificados de defunción es significativamente menor a la anunciada en las conferencias oficiales. Organizaciones civiles y críticos opositores, por otra parte, también advierten de forma recurrente que la baja en los registros de homicidios suele coincidir con incrementos en el registro de personas desaparecidas y no localizadas, lo que dificulta evaluar la violencia real en el país.
QUEDA CLARO que, en México, la validez y alcance de las cifras sobre el combate a la delincuencia dependen de la institución que las recopila y de la metodología utilizada, existiendo un debate técnico entre las autoridades federales y los especialistas independientes. Así, mientras el Gobierno Federal destaca una reducción histórica en delitos de alto impacto, organismos autónomos y analistas señalan discrepancias estadísticas, una alta cifra negra y el repunte de otros fenómenos delictivos. Ahora bien, aunque ceden ciertos delitos de alto impacto en el País, otros como la extorsión y las desapariciones mantienen una fuerte presencia. Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) indica que, el 74.0 por ciento de la población adulta considera inseguro vivir en su entidad, mientras que organizaciones civiles como Impunidad Cero, advierten que la probabilidad de que un delito cometido en el país sea resuelto es inferior al 1 por ciento, lo que desincentiva la denuncia y distorsiona la lectura real de la incidencia delictiva. En conclusión, las cifras oficiales reflejan con precisión los registros administrativos de las fiscalías y los operativos federales, pero los expertos coinciden en que representan solo una parte parcial del fenómeno delictivo frente a la elevada cifra negra y las diferencias en los registros de mortalidad.
COMO FUERA, el gobierno presenta como un éxito la caída en los homicidios dolosos denunciados y el aumento en detenciones y aseguramientos, afirmando que la estrategia de seguridad está pacificando al país, pero organizaciones civiles como México Evalúa y Causa en Común señalan que el gobierno omite el contexto completo, al no mencionar la cifra negra (ilícitos no denunciados) y advierten sobre la posible reclasificación de delitos en las fiscalías estatales, como registrar homicidios dolosos como homicidios culposos o "otros delitos contra la vida" para maquillar resultados locales. En ese mismo contexto, los partidos de oposición, críticos del gobierno y diversos medios de comunicación basan sus señalamientos en las encuestas de victimización del INEGI (como la ENVIPE) y en los registros de personas desaparecidas; argumentan que las cifras oficiales son irreales porque más del 93 por ciento de los delitos no se denuncian y porque tres de cada cuatro mexicanos se sienten inseguros en su estado, además de señalar el incremento en desapariciones y extorsiones. En descargo, autoridades federales y analistas afines responden que la oposición ignora las tendencias reales a la baja en delitos de alto impacto, y utiliza la percepción ciudadana (que suele tardar más en cambiar que la incidencia delictiva) o casos mediáticos aislados para desacreditar los avances operativos. Los especialistas en seguridad pública apuntan que el principal punto de distorsión ocurre en el origen del dato, es decir, en las fiscalías estatales, y dado que los gobernadores y fiscales buscan proyectar eficacia, existen incentivos para subregistrar delitos de alto impacto o demorar la apertura de carpetas de investigación. Y entonces uno se pregunta: ¿a quién creer: ¿a la Federación y el Estado que buscan convencer a la sociedad de que los delitos dolosos han disminuido en aras de obtener beneficios electorales a partir de credibilidad popular, o a la propia sociedad que tiene miedo, que se dice víctima de la delincuencia en cualquier momento, y que coloca a la inseguridad como uno de los pendientes de atender por parte de la Federación, Estados y municipios? Porque los delitos no han cesado y los registros en materia de extorsión, desapariciones, crímenes dolosos y secuestros siguen siendo el pan de cada día. Así las cosas…
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LOS CRIMENES políticos siguen enlutando al solar jarocho, pese a la soflama presidencial de que los asesinatos dolosos van a la baja. Y es que la tarde del sábado, Gervacio Hernández Mellado, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Texhuacan fue asesinado a balazos en un ataque armado perpetrado por desconocidos, resultando gravemente lesionadas su esposa, la regidora única de ese ayuntamiento, Juana Tzanahua Gálvez, y la auxiliar de esta, Isaura Chipahua Cuahutzihua, quienes fueron trasladadas de urgencia a un hospital para recibir atención médica. El tema expide un tufo político que mucho tiene que ver con la selección de candidatos a diputados locales y Federales, y nos remiten al asesinato del, ahora, ex diputado federal y exalcalde de Zongolica, Benito Aguas Atlahua acribillado el 9 de diciembre de 2024 en la localidad de Tepenacaxtla, municipio de Zongolica por un sujeto armado a bordo de una motocicleta, atentado en el que, también, perdió la vida el constructor Agustín Linares López. Esto no pinta bien de cara a los procesos electorales que se avecinan, y hay quienes no descartan un clima de terror en las semanas y meses por venir…OPINA carjesus30@hotmail.com
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