SERA LA Contraloría Interna del Congreso del Estado la que emita el veredicto en torno a los “moches” que la diputada Dorheny García Cayetano exigía a uno (o varios) de sus empleados, a quien recortaba –según lo dicho por el propio trabajador-, 14 mil pesos mensuales de su salario a cambio de darle “chamba”. Y es que esa instancia ya recibió la solicitud formal para investigar los supuestos recortes de la legisladora que, de haberlos hecho, quedaría como una abusiva del poder que le confirió la sociedad en las urnas, lo que ameritaría la suspensión de sus derechos políticos e, incluso, de su militancia. Pero para que eso suceda, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura, Esteban Bautista Hernández tendrá la última palabra, por lo que se esperaría que García Castellanos sea castigada por arbitraria, más aun cuando se sabe por boca del propio Bautista que Cuitláhuac García Jiménez –el presunto medio hermano de Dorheny- no es santo de su devoción. Por lo pronto, según la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, Naomi Edith Gómez Santos, la Contraloría Interna de esa soberanía si tiene ya en su poder una solicitud formal para investigar los supuestos moches que cobraba García Cayetano a sus empleados, según la versión del afectado. Y es que ha sido de tal magnitud el escándalo provocado por el presunto latrocinio de la legisladora, que la propia Gobernadora Rocío Nahle García (que nada tiene que ver con Dorheny pese al apellido), y el titular de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, han pedido al ex empleado de la legisladora, José Alberto Flores Hernández presentar pruebas y formalizar ante la Fiscalía Anticorrupción sus señalamientos sobre la entrega de una parte de su salario a García Cayetano, cuando trabajaba en el equipo de la diputada. La mandataria estatal advierte que ninguna persona debería ser obligada a entregar una parte de sus percepciones laborales, sin importar el partido político al que pertenezca el servidor público señalado. “No debe de ser eso, ni de Morena ni de ninguno, porque me he encontrado con eso en otros personajes de otro partido y no debe de ser, de nadie”. Ambos titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, advierten que una posible retención o exigencia de recursos provenientes del salario de un trabajador debe investigarse, pero coincidieron en que el señalamiento difundido públicamente debe acompañarse de una denuncia y elementos que permitan determinar responsabilidades.
MAS AUN, Nahle García pide que si existen elementos para acreditar una retención de salario, éstos sean entregados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entre las pruebas que podrían incorporarse, mencionó recibos de nómina, mensajes, grabaciones u otros documentos que permitan establecer cuánto recibía el trabajador y qué cantidad presuntamente debía entregar. “Hay que ser serios porque si dicen no, con pruebas, con pruebas”, insistió. La gobernadora también fue cuestionada sobre las circunstancias en las que Flores Hernández dejó de trabajar en el Congreso y sobre la posibilidad de que el señalamiento esté relacionado con el término de esa relación laboral. “Si lo despidió, yo no sé si porque lo despidió él vaya a decir cosas. Hay que ser serios”, respondió. Nahle García y reiteró que si se acredita una conducta irregular, ésta deberá investigarse y, en su caso, sancionarse; "eso no debe de pasar en Morena ni en ningún lado”. Pero Esteban Bautista Hernández refiere que el Congreso no ha recibido una queja formal de Flores Hernández, y que su conocimiento del caso se limita a la información publicada por medios de comunicación y al video difundido por el ex colaborador en redes sociales, lo que evidencia de antemano, complicidad del legislador para no investigar, ya que la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, Naomi Edith Gómez Santos, asegura que la Contraloría Interna si tiene ya en su poder una solicitud formal para investigar los supuestos moches que cobra García Cayetano a sus empleados. Nadie desea pensar que el Presidente de la JuCoPo se convierta, por enésima ocasión, en tapadera de sus aborregados legisladores.
Y ES que toda la controversia surgió tras un video que difundiera Flores Hernández en el que asegura que, cuando trabajaba como asistente en el Congreso local, entregaba parte de sus percepciones a la secretaria particular de la legisladora a cuyo equipo estaba adscrito. En la grabación, no mencionó por su nombre a Dorheny García Cayetano, sin embargo, estaba registrado como personal de confianza adscrito al equipo de la diputada de Morena en el Congreso local, con una percepción bruta de 41 mil 526.66 pesos. El excolaborador afirma que recibía depósitos superiores a 20 mil pesos quincenales y que, de esos recursos, entregaba 14 mil 700 pesos a la secretaria particular.
LO PEOR de todo esto es que el protector de Dorheny, en este caso el ex Gobernador Cuitláhuac García Jiménez nada puede hacer para defenderla, ocupado como se encuentra en defenderse así mismo. Y es que ha trascendido que una reciente revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha puesto en la mira las finanzas de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) al cierre de la administración de García Jiménez, revelando presuntas irregularidades presupuestales que superan los 1 mil millones de pesos. Y para no andarse por las ramas, la ASF ha soltado que el ex gobernador habría pagado más de 660 millones de pesos por servicios inexistentes y sin registro, en limpieza y seguridad de centros de salud y hospitales, además de otras varias irregularidades en la gestión del ex gobernador. El informe expone una marcada desproporción en el destino de los recursos públicos: contrataciones millonarias en servicios generales sin respaldo documental frente a una partida mínima destinada al abastecimiento de insumos médicos básicos. Las mayores inconsistencias detectadas por los auditores federales se concentran en contratos de operación y mantenimiento hospitalario: Un monto de 262 millones de pesos erogado en esquemas de seguridad privada carece de bitácoras, listas de asistencia o registros que acrediten la presencia física de los guardias en las instalaciones de salud. De igual forma 400 millones de pesos presupuestados para desinfección y aseo hospitalario no cuentan con comprobantes de compra de insumos ni evidencia de los trabajos realizados en las unidades médicas. El contraste más crítico resaltado por la ASF reside en las prioridades del gasto. Mientras que los contratos bajo sospecha en custodia y limpieza suman más de 660 millones de pesos, la dependencia estatal únicamente comprobó la inversión de 25 millones de pesos para la compra de medicamentos destinados a la población. Con semejantes irregularidades, la ASF abre la puerta para que las autoridades correspondientes inicien procedimientos administrativos e investigaciones penales con el fin de deslindar responsabilidades entre los exfuncionarios encargados de la gestión financiera de la salud en la entidad en tiempos de Cuitláhuac García.
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LUEGO DE que el pasado miércoles, el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta criticó, en una asamblea informativa realizada en Ixhuacán de los Reyes, al diputado federal del PT, Adrián Naveda por haber votado en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo de este año, el aludido acusó que el morenista Ramírez Zepeta intenta dividir la alianza con el Partido del Trabajo para posicionar a "sus amigos y consentidos" de cara al proceso electoral del 2027, por lo que la alianza con la 4T se mantendrá, y cerrarán el paso a Zepeta para que deje de servirse con la cuchara grande, como ocurrió en la pasada elección municipal. Vaya que se llevan pesado los aliancistas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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