EL ACOSO sexual en el ámbito gubernamental es una forma de violencia de género y abuso de poder sancionada penalmente en México, con protocolos de "cero tolerancia" en la administración pública. Implica conductas como tocamientos, piropos o envío de material sexual no consentido, mientras que el acoso sexual en el ámbito privado es cualquier conducta indeseada de naturaleza sexual que ocurre dentro o fuera del entorno laboral/público, como en el hogar, entornos familiares, amistades o relaciones de poder no laborales, sin consentimiento. Incluye tocamientos, mensajes lascivos, exhibicionismo o insinuaciones, que causan humillación, temor y daño físico o psicológico a la víctima, siendo considerado un delito tipificado. Pero el acoso no solo se da de varón a mujer, sino también de mujer a varón –aunque en estos casos denunciarlo es motivo de vergüenza o escarnio-, así como también de varón a varón y de mujer a mujer. Cuando el acoso es de funcionarios a subordinadas o subordinados, el miedo de la víctima a ser removida o, incluso, corrida, impide que se presenten denuncian, más aún cuando la afectada o afectados necesitan del trabajo por ser la proveedora o proveedor del hogar, y acaso por ello se recurre a la denuncia anónima, como ha sucedido con el Subsecretario de Administración y Finanzas de SeFiPlan, Erick Domínguez Vázquez, un personaje sobre el que abundan señalamientos, incluso, graves, y aun así le otorgaron un nombramiento importante en la administración pública Estatal. Han pasado algunas horas de la Marcha del 8M, donde mujeres salen a protestar en contra de la violencia de género, feminicidios, acoso sexual y laboral y todo lo que implique intimidación o terror contra las mujeres, y en varias partes de la ciudad –sobre todo en paradores de autotransporte-, aparecieron fotografías de Erick Domínguez al que acusan de acosador sexual, algo que no es nuevo, pero como al funcionario se le ha ligado incluso con grupos de alto riesgo, quienes lo señalan prefieren el anonimato a exponerse y ser víctimas de algún delito de alto impacto, algo que se replica en el Congreso del Estado donde las denuncias por acoso sexual van al alza, y el titular de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández se hace el sorprendido, aun cuando ya hay un detenido por la comisión de esos delitos.
Y ES que conductas como las estipuladas líneas arriba, pueden derivar en sanciones administrativas, laborales y penales, incluyendo la Ley Olimpia que sanciona la violencia digital con tres a seis años de prisión, y acaso por ello, deberían ser denunciadas, pero el temor es manifiesto y, en algunos casos justificado, ya que los presuntos delincuentes, se quiera o no aceptar, son protegidos desde los altos mandos, como ocurre con Erick Domínguez. Y es que la Administración Pública Federal y Estatal cuenta –o debería hacerlo- con protocolos para prevenir, atender y sancionar, incluyendo la figura de "personas consejeras" para acompañar a las víctimas de manera confidencial. Las denuncias incluyen abusos en el servicio público Federal y acciones en congresos locales, como el caso del Congreso de Veracruz donde ya se detuvo a un trabajador, demostrando el compromiso institucional de no impunidad de las organizaciones participantes.
EN EL ámbito del sector privado o iniciativa privada las cosas no son distintas, por lo que la ley insta a denunciar los tocamientos no deseados, pellizcos, roces corporales, comentarios lascivos, piropos sexuales, bromas denigrantes, miradas lascivas, exhibición de material pornográfico, envió de mensajes, fotos o videos de índole sexual sin consentimiento a través de redes sociales o aplicaciones, y aunque es común en jerarquías, en el ámbito privado puede darse entre personas sin subordinación directa, basándose en la intimidación, provocando a las victimas impactos en la salud mental y física mediante depresión, insomnio, baja autoestima, tensión nerviosa y, en casos extremos, trastornos mentales que ponen en riesgo la vida, lo que deteriora las relaciones sociales y familiares.
EL CASO inherente al Congreso del Estado es revelador, porque las denuncias contra el acoso sexual y laboral que ejercen diversos funcionarios no son nuevas, y de ello tiene conocimiento el presidente de la JuCoPo, pero nada se había hecho hasta que las mujeres afectadas ya no pudieron más y decidieron interponer denuncias a riesgo de sus propios empleos. Y es que de lo anterior tuvo conocimiento el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (CEIGDH) fungiendo como primer contacto, cuya instancia dio vista a la Contraloría Interna del Poder Legislativo para lo conducente y, a su vez, a la Fiscalía General del Estado que decidió actuar y detener a José Manuel “N”, por su presunta responsabilidad en esos delitos, pero este es un charal comparado con los funcionarios que han incurrido en hechos similares, pero que por miedo no son denunciados por las victimas temerosas de perder sus empleos. Por ello lo ideal sería que Esteban Bautista no solo pronuncie en el discurso de que en el Congreso de Veracruz no toleran ni toleraran el acoso sexual ni cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de las mujeres, sino que actúe contra los verdaderos peces gordos. Así de simple.
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ALGO NO le cuadra en Coatzacoalcos al “delfín” de la Gobernadora Rocío Nahle para el 2030, Pedro Miguel Rosaldo García. Y es que datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), indican que al cierre de 2025 y principios de 2026, Coatzacoalcos registró una alta percepción de inseguridad (superior al 75 por ciento), manteniéndose como una de las ciudades más inseguras de Veracruz. Paralelamente se han reportado problemas en el alumbrado público y el colapso de drenajes, descritos como "negligencia municipal" en reportes ciudadanos. Además, se han mencionado problemas de "herencias malditas" financieros de la administración anterior que el actual no se atreve a denunciar, ya que Amado Cruz Malpica, también, es amigo de la mandataria Estatal. El alcalde Rosaldo anunció el inicio de un plan de dragado y la organización de la Expo Feria Coatzacoalcos 2026, buscando dar respuesta a las necesidades de la ciudad, pero ni eso ha levantado su imagen, acaso por las secuelas que dejó la administración anterior que cerró con retos financieros y una alta percepción de inseguridad ciudadana en los últimos trimestres de 2025. Ejidatarios de Tatahuicapan retuvieron en ocasiones a funcionarios de gobierno (como Andrés Rosaldo, en 2024) por conflictos con el suministro de agua del Yuribia, y aunque el nuevo alcalde ha convocado a una alianza ciudadana y prometido "poner a Coatzacoalcos de pie", los primeros meses de su gestión han estado marcados por las quejas acumuladas y la continuidad de las crisis en servicios y seguridad. Muy pronto comienza a desinflarse el elegido. OPINA carjesus30@hotmail.com
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