LAS REDES de complicidad en el gobierno constituyen estructuras informales y opacas donde servidores públicos, redes empresariales y, en ocasiones, el crimen organizado colaboran de forma sistemática para desviar recursos públicos, obtener contratos ilícitos o garantizarse impunidad mutua. En ese sentido, la reciente destitución de Claudia Arlette Espino de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), no es un movimiento menor: es la caída de una pieza clave que sostuvo durante meses uno de los conflictos de interés más sonados en el árbitro electoral. Espino fue, en su momento, la principal impulsora de Octavio García González, quien hasta hace poco despachaba como poderosísimo director de Administración del INE. Ese contubernio se remonta al estado de Chihuahua, cuando Claudia Arlette Espino, en su entonces calidad de consejera presidenta del Instituto Electoral de Chihuahua, validó y otorgó millonarios contratos de proveeduría de material electoral al Corporativo Zeg, representada legalmente por Jesús Octavio García González, que pasó de ser proveedor, a administrar los recursos del Instituto en el ámbito nacional. En ese sentido, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan una presunta red de complicidad institucional encabezada por Claudia Arlette Espino, entonces secretaria ejecutiva del INE, y Jesús Octavio García González como director ejecutivo de Administración. Ambos exfuncionarios son señalados de haber facilitado y validado de forma indebida la adjudicación directa del contrato INE/011/2024 a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., firma ligada operativamente a Octavio. Esta transacción generó un probable daño al erario que supera los 63.2 millones de pesos por un servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación electoral del Proceso Federal 2023-2024. La indagatoria penal y administrativa cobró fuerza tras detectarse la presunta falsificación de firmas, conflictos de interés y la triangulación total de los recursos públicos hacia cuentas de terceros, confirmando además que el instituto pagó por servicios de los cuales no existe documentación comprobatoria que acredite que fueron entregados. En esta historia, el costo político lo terminó pagando la propia institución: durante meses, el desgaste mediático y la sospecha recayeron sobre el INE en su conjunto, mientras se sostenía un nombramiento que cada vez se hacía más endeble, hasta la destitución de Octavio García. Y aunque su salida se dio en medio de fuertes críticas del Consejo General, así como de medios nacionales, la protección de la entonces secretaria ejecutiva hacia su colaborador no tuvo límites: pese a la salida de Octavio García, Espino mantuvo en su equipo a varias personas cercanas a Octavio García, tales como María Jaqueline Brito Uscanga, presunta pareja sentimental y con un avanzado embarazo.
UN ASUNTO tan relevante, el cual dio inicio en el OPLE de Veracruz, se desarrolló de manera tan articulada desde las mentes de estos personajes maquiavélicos, que lo último que les interesaba era cumplir el encargo que se les había otorgado; en ese sentido, usaron y usan a la actual consejera presidenta Marisol Delgadillo Morales y el secretario ejecutivo Luis Fernando Reyes Rocha, quienes tendrían en Octavio García a su principal líder político. En el medio electoral, observaciones de auditorías forenses, señalan que Luis Fernando Reyes Rocha también fue representante de Corporativo Zeg, y que llegó al instituto por gestión de Octavio García, luego de que el resto de las y los consejeros consideraran inviable su nombramiento para la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, sin mediar mayor explicación, Octavio García logró imponer a su compadre, Luis Fernando Reyes Rocha como Secretario Ejecutivo, y a través de él, decidiría prácticamente todos los temas relevantes del OPLEVER, así como el nombramiento de funcionarios. Entre las decisiones cuestionadas al interior del OPLEVER están las licitaciones públicas, en la que se limitó la participación a una sola empresa, Thomas Greg & Sons–Litho Formas, uniendo la documentación y el material electoral en una sola partida, contraviniendo las disposiciones de ley, así como el Reglamento de Elecciones Nacional.
ESTE TIPO de arbitrariedades han sido observadas por las áreas normativas para que no se repitan, ya que Thomas Greg & Sons–Litho Formas, es una empresa que se dedica a las artes gráficas, produciendo formas valoradas, como las boletas electorales, sin embargo, no transforma plástico ni otros procesos similares, para producir los enceres, que requieren las casillas electorales en cada elección. Aunque estas tropelías fueron avaladas por los actuales funcionarios del Ople de Veracruz, Luis Enrique Galicia Martínez, director de Organización; José Lauro Villa Rivas director de Administración, y Gerardo Rafael Garza Dávila, titular del Órgano Interno de Control, bajo instrucciones de Luis Fernando Reyes Rocha, hace falta, la auditoria forense correspondiente, para deslindar responsabilidades entre toda esta camarilla y la empresa Thomas Greg & Sons–Litho Formas. A esto se suma el colapso del sistema de cómputo en junio de 2025, durante la elección judicial, de la que resultó favorecido Jonathan Máximo Lozano Ordóñez. ¿Es coincidencia que Jesús Octavio García González y Luis Fernando Reyes Rocha mantengan una relación cercana con la actual consejera electoral María Fernanda Sánchez Rubio, esposa del candidato ganador? Es una pregunta que el propio Consejo General del OPLE Veracruz debería responder.
A LA lista se suman algunas interrogantes más, cómo ¿Por qué el consejero electoral Gandhi Olmos García mantiene en su personal a Marisol Jacinto de los Santos, cuñada de Jesús Octavio García González? ¿Esta contratación fue el pago de un favor del Consejero Olmos a Octavio García? Con la salida de Jesús Octavio García González y Claudia Arlett Espino a nivel nacional, la pregunta obligada es qué acciones tomarán las y los consejeros del OPLE Veracruz frente a las mismas prácticas replicadas en su instituto. La consejera presidenta Marisol Delgadillo Morales enfrenta, además, tres procedimientos de remoción en curso ante el INE. Cabe preguntar ¿qué más debe ocurrir para que el Consejo General revise la permanencia del secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes Rocha, como sucedió a nivel nacional con Claudia Arlett Espino?, o acaso es necesario llegar al extremo de la remoción de las consejerías cómplices de Jesús Octavio García González, para poner orden en el Ople Veracruz. Las y los consejeros electorales de Veracruz tienen ante sí una decisión: seguir tolerando estas prácticas, que ya le costaron al OPLEVER una reducción drástica de recursos por parte del Gobierno del Estado, o actuar, ahora cuando Jesús Octavio García González y su antigua protectora, Claudia Arlett Espino, han quedado fuera del sistema electoral nacional. Sin duda, deben aprovechar esta oportunidad política, de lo contrario podría leerse, por lo menos: ineptitud, apatía o acaso confabulación.
POR OTRA parte, ¿tendrán también Luis Enrique Galicia Martínez, José Lauro Villa Rivas y Gerardo Rafael Garza Dávila la disposición de renunciar? Corresponde a los partidos políticos exigir respuestas antes de que el silencio empiece a leerse como complicidad. La limpia del sistema electoral ya comenzó en el INE; es necesario que continúe en el OPLE Veracruz, y en los demás Institutos Electorales locales que hayan corrompido Arlett Espino, Octavio García y sus cómplices. Y cómo cereza del pastel, dentro de las travesuras de Claudia Arlett Espino en Veracruz, resalta el evento millonario que organizó los días 28 y 29 de mayo en el lujoso Hotel Fiesta Americana, y que cómo el resto de eventos que organizó la ex Secretaria, sirvió para promocionar sus empresas de boletas electorales, tanto que el ahora Consejero Arturo Chávez tuvo la osadía de participar con una conferencia, a invitación de la propia Espino, para hablar de temas de documentación electoral, en concreto para hacerle promoción abierta y sin tapujos a Talleres Gráficos de México (TGM), subiendo al estrado a leer un engargolado que dicho por él mismo, era un estudio realizado en Talleres Gráficos de México y que proponía que fuera esa empresa la que dictamine al resto de las empresas dedicadas a la producción de documentación electoral, dándoles el visto bueno para que pudieran participar en las licitaciones públicas de los organismo electorales locales y del propio INE, limitando por complete la libre competencia, y no basto con esto, anunció que También se controlarían los costos de la documentación y que el INE, al ser él ya consejero nacional, se estaría aprobando ese planteamiento de TGM. Para la conclusión de su participación, tuvo la nula institucionalidad de dar respuestas a las preguntas que le platearon, como si el fuera un vendedor más de TGM, y no un consejero electoral nacional. Pero esto no es lo peor, se ha descubierto que tras este celo porque TGM produzca las boletas y material electoral, se encuentra una enorme maquinaria de triangulación de recursos, para que Gráficas Corona, empresa que, por cierto, ha metido en muchos líos al Ople de Veracruz, termine haciendo todo el trabajo, y por supuesto, cobrándolo. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|
