ALGUIEN DIRÍA que con los programas sociales que dispersa el Gobierno cuatro teísta bimestralmente a adultos mayores, estudiantes de educación básica y media superior, mujeres de 60 y más, jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, así como campesinos y pescadores, nadie en este País padecería hambre, ya que hay hogares que logran juntar hasta más de 30 mil pesos bimestrales gracias a esas dádivas, sin embargo, la Encuesta Intercensal 2025 arroja que el hambre causó estragos en 2.6 millones de hogares mexicanos debido a la falta de dinero, lo que multiplicado por cuatro (considerando ese el número por familia, aunque, en realidad es mayor), estaríamos hablando de 10 millones 400 mil mexicanos en esa condición. Pero según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 fueron 6.5 por ciento de los hogares los que experimentaron alguna restricción en el acceso a la alimentación por falta de recursos económicos, partiendo de las entrevistas que aplicó en 7.3 millones de viviendas y, curiosamente, Tabasco (la tierra del fundador de MoReNa y del autor de la frase “primero los pobres”), tuvo el mayor registro, con 15.3 por ciento de los hogares sin acceso a alimentos, por encima de Oaxaca que, se supone, sigue siendo el representante de la pobreza nacional, donde 10.1 por ciento de viviendas padecieron el mismo problema. Las cifras reflejan un problema de poder adquisitivo, pues el acceso a los alimentos no depende sólo de que exista oferta, sino de que los hogares tengan ingresos suficientes y estables para adquirirlos. En ese sentido, no le falta razón al director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández García, cuando refiere que: “cuando el ingreso disponible es limitado, cualquier alza en el precio de alimentos o en otros gastos esenciales puede reducir la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades”. Desde su punto de vista, para reducir ese problema se requieren medidas de corto plazo, como apoyos focalizados a los hogares más vulnerables, pero también soluciones estructurales: mayor generación de empleo formal, mejores ingresos y crecimiento de la productividad, pues el reto no es sólo garantizar la disponibilidad de alimentos, sino que las familias tengan la capacidad económica para acceder a ellos de manera suficiente y constante.
LA ENCUESTA Intercensal revela que 41.4 por ciento de los hogares obtuvieron ingresos monetarios a través de programas sociales del gobierno federal o estatal. Estos incluyen becas de estudiantes, pensiones para adultos mayores o personas con discapacidad, así como apoyos destinados a jóvenes o a campesinos, entre otros. Como fuera, los programas sociales recibirán más de 1 billón de pesos durante 2027, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso el 8 de septiembre. Con todo y eso, la encuesta del organismo público autónomo, que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín, encontró que 3.9 por ciento de hogares tuvieron algún integrante menor de 18 años que sintió hambre, pero no comió por falta de dinero o recursos, y Tabasco y Guerrero continuaron encabezando la lista, al registrar 9.5 y 6.1 por ciento de los hogares en esta situación, respectivamente. Los alimentos que agrupa la canasta del Inegi costaron en promedio 2 mil 563 pesos mensuales durante agosto en comercios de las ciudades del país, un incremento de 4.5 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, por arriba de la inflación, cuya tasa fue de 3.3 por en el periodo similar. La canasta alimentaria costaba 1 mil 264 pesos en agosto de 2024, es decir, su precio se duplicó durante los últimos 12 años. Al monitorear los comercios establecidos en las zonas rurales, el instituto encontró que los alimentos que agrupa su canasta costaron en promedio 1 mil 911 pesos mensuales en agosto, 3.2 por ciento más que en 2025 y también el doble de hace 12 años. Ya la directora de Estudios Económicos de Banamex, Guillermina Rodríguez, ha advertido que los aumentos de las canastas alimentarias estarían incorporando el repunte de la inflación de frutas y verduras, que llegó a 4.1 por ciento en agosto desde 2.1 por ciento en el mes previo, por lo que se prevé que para el resto del año esa tendencia se mantenga y la inflación cierre en 4 por ciento, generando alzas permanentes en el valor de la canasta alimentaria. En suma, lo que viene no es, precisamente, lo que pregona la cuarta transformación sino una realidad –que a pesar de los programas sociales- lacerará la economía de los que menos tienen y le coloca en el umbral de la hambruna. Al tiempo…
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SI LOS alcaldes y síndicos veracruzanos ya no contarán con fuero constitucional que les ampare en caso de ser acusados por delitos o irregularidades administrativas graves, uno se pregunta: ¿Qué pasará con aquellos MoReNos que cometieron infracciones lamentables, atentando contra la vida de miles de veracruzanos y, contrario a lo que se esperaría, gozan de cabal salud y libertinaje, asumiendo nuevos cargos?. Y es que ahora se sabe que, en pleno desabasto de medicamentos en 2025, cuando la mayoría de hospitales públicos –como ahora sucede-, estuvieron semiparalizados ante la ausencia de insumos para realizar intervenciones, la Secretaría de Salud dejó de ejercer 3 mil 512 millones de pesos, y esto no corresponde a elucubraciones. Lo dice la Cuenta Pública del año pasado al detectar un subejercicio por de 3 mil 512 millones de pesos, esto es, 18 de cada 100 pesos destinados al sector salud no se gastaron o se usaron en bienestar de la población. Por si no fuera suficiente, el análisis refiere que existe una diferencia por 139 millones de pesos entre la contabilidad y los inventarios físicos de medicamentos e insumos médicos. Son cifras que entregó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al Congreso del Estado, pero la institución, curiosamente, no fue observada por daño patrimonial, aun cuando existe a simple vista. No es secreto que, en ese tramo, al frente de Salud Estatal estuvo el destacado médico cirujano cardiovascular Valentín Herrera Alarcón, quien dejó el cargo en enero de este 2026 entre fuertes críticas, y acaso hastiado de que su autoridad había sido socavada por la unidad administrativa, a tal grado que le impedían nombrar a colaboradores de confianza, por lo que ahora despacha como titular del Hospital Regional de Alta Especialidad “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE.
PERO INSISTIMOS: a quien castigarán por el subejercicio presupuestal, que, si bien no está tipificado como un delito penal en las leyes federales de México, sí puede constituir una responsabilidad administrativa. De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no ejercer los fondos asignados puede considerarse una falta administrativa, lo que conlleva sanciones para los funcionarios públicos involucrados, ya que, de hecho, podrían configurarse delitos por corrupción si se demuestra que el subejercicio fue planeado de forma intencional para desviar los recursos a fines no autorizados, por lo que, el caso puede dar pie a investigación de delitos como peculado. Y si bien, algunos legisladores han propuesto en el Congreso reformar las leyes para clasificar el subejercicio injustificado como un delito grave, no existe una tipificación penal automática, por lo que, ahora que le quitaron el fuero a los ediles, sería interesante que el subejercicio sea tipificado como delito grave, y se vería la rodadera de cabezas si en verdad se aplica la ley. Cuitláhuac García sería uno de los candidatos más propicios…OPINA carjesus30@hotmail.com
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