AUNQUE EN Veracruz no hay la probabilidad de una guerrilla armada de corte ideológico, sí hay, sin embargo, una alta incidencia de conflictos sociales, violencia político-delincuencial y descomposición social derivados principalmente de la disputa de territorios entre grupos del crimen organizado que, por otra parte, podrían tener una presencia activa en las elecciones del 2027. Y es que según reportes globales y locales de monitoreo, Veracruz se mantiene como uno de los estados más disputados de México, con la presencia de al menos siete organizaciones criminales que pelean por rutas logísticas, el control de puertos, el tráfico de personas, el robo de combustible (huachicol) y la extorsión. Según la encuesta intercensal del INEGI, más de 22 mil 500 hogares veracruzanos reportaron que, al menos uno de sus miembros tuvo que cambiar de residencia por motivos de violencia o inseguridad delictiva. Ciudades como Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz puerto lideran la lista en esa problemática. Paralelamente, la organización ACLED (Armed Conflict Location & Event Data- Datos sobre ubicación y eventos de conflictos armados), ubicó a Veracruz como el cuarto estado más peligroso del país para los civiles, estimando que más de dos millones de personas están expuestas a dinámicas de violencia política o comunitaria. Los brotes de conflicto social provienen principalmente de las demandas ciudadanas hacia el gobierno frente a la inseguridad y los delitos de alto impacto (asaltos carreteros, balaceras o extorsión comercial), siendo municipios de la región sur (Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas) y del norte (Poza Rica, Álamo Temapache, Tihuatlán y Tuxpan) los que concentran focos rojos de descontento civil ante los impactos económicos y sociales de la inseguridad. Con todo y ello, la probabilidad de que surja una guerrilla tradicional con motivaciones ideológicas y políticas en México es sumamente baja. De acuerdo con análisis especializados e informes de seguridad, los grupos armados históricos del siglo pasado —como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o remanentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)— se encuentran fragmentados, atomizados y operan de forma casi marginal o testimonial. Y es que la apertura de los canales políticos públicos y los cambios democráticos en el país en los últimos años dificultan enormemente que los movimientos clandestinos armados ganen tracción social o justificación ideológica ante la población.
SIN EMBARGO, los expertos advierten que el verdadero foco de preocupación en México no proviene de la izquierda ideológica, sino de una dinámica de conflicto interno distinta, ya que organizaciones criminales de gran alcance ejercen un control territorial violento que, aunque carece de doctrina política, llega a replicar tácticas de combate militar, uso de drones e intimidación civil. En algunas regiones afectadas por la delincuencia organizada y la impunidad, han surgido dinámicas de autodefensa o resistencia armada local que evocan conflictos internos, detonadas por la urgencia de justicia más que por intenciones de derrocar al Estado. Chiapas y Guerrero enfrentan actualmente crisis críticas de seguridad, pero sus dinámicas de violencia y conflicto son marcadamente distintas con presencia marcada del crimen.
AHORA BIEN, si no hay indicios de guerrilla en la actualidad, si existe un riesgo real y reconocido de que la delincuencia organizada intente intervenir en las elecciones de 2027 en México. En ese sentido, autoridades electorales, partidos políticos y el gobierno federal han señalado abiertamente que los grupos criminales buscan financiar campañas, presionar a candidatos o influir en la designación de perfiles a nivel local y federal. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha advertido que el crimen organizado no responde a ideologías políticas, sino a intereses de control territorial, lo que complica al proceso electoral considerando que la defensa de las rutas es lo que mueve a esas organizaciones criminales. Por ello, el INE, con respaldo de resoluciones judiciales, integró un mecanismo para que los partidos políticos puedan solicitar de forma voluntaria y confidencial una evaluación de antecedentes de los aspirantes. El esquema permite cruzar información con la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar posibles vínculos ilícitos o financiamiento indebido, pero diversos actores políticos han recalcado que la efectividad de estos filtros depende de que los partidos políticos los utilicen de forma obligatoria y rigurosa antes de postular a cualquier persona.
AHORA BIEN, la infiltración del crimen organizado en el proceso electoral no ocurre en un momento único ni a través de un solo mecanismo. Antes de la jornada, los candidatos son asesinados o amenazados para modificar la composición de las boletas. Durante las campañas, el financiamiento ilícito y la intimidación condicionan el comportamiento de los contendientes. En la misma jornada, la coacción del voto o la sustracción de urnas alteran los resultados. Después de los comicios, el crimen consolida el control sobre los cargos ya obtenidos. Este carácter transversal del ciclo electoral es el dato central que cualquier propuesta seria de protección electoral debe confrontar. La evidencia es consistente. Entre 2017 y 2018 fueron asesinados 48 precandidatos y candidatos a lo largo del territorio nacional. En 2024, al menos 30 aspirantes más fueron asesinados durante el proceso electoral, además de más de 200 casos de violencia político-criminal que incluyeron amenazas, atentados, secuestros y desapariciones (de acuerdo a Integralia, 2024). Cada agresión contra un candidato o militante produce, en promedio, una disminución de 1.3 por ciento en la asistencia de la ciudadanía a votar, según mediciones de México Evalúa y Data Cívica, lo que significa que la violencia preelectoral no solo altera la competencia, sino que suprime activamente la participación democrática.
TAN SOLO en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, fueron asesinados diez presidentes municipales en funciones, un ritmo que supera con creces el de administraciones anteriores. En Michoacán, Data Cívica documentó 25 ataques contra actores políticos solo en 2025, de los cuales el 88 por ciento correspondió a funcionarios municipales. La violencia no termina con la elección: se extiende sobre el ejercicio del cargo. No es secreto que las organizaciones criminales cuentan con rutas de influencia que no dependen del perfil formal del candidato. Por tanto, una propuesta centrada en filtrar candidaturas responde al síntoma más visible de un fenómeno que opera por debajo de él. Y es que si bien las fiscalías —federal y estatales— son las únicas instancias con mandato para investigar y perseguir penalmente los delitos que constituyen el núcleo de la violencia político-criminal: homicidio, amenazas, coacción y financiamiento ilícito, lo cierto es que no ejercen ese mandato de forma efectiva. Como fuera, diversas instituciones, consultoras y partidos políticos advierten un riesgo latente de violencia para el proceso electoral de 2027 en México. Los análisis señalan que la alta competencia por los cargos locales y federales, sumada a los intentos de infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales, configuran un panorama complejo en el actual proceso electoral. Basta saber que, en el Estado de Morelos, un generador de violencia, José David “N”, fue detenido y liberado horas después al ser intercambiado por tres agentes judiciales capturados por su célula, dejando en ridículo la acción de la justicia, algo que manda un pésimo mensaje a la sociedad de cara a las elecciones venideras. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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