El Segundo Informe de Gobierno de Rocío Nahle presenta un Veracruz donde la inseguridad retrocede, los hospitales funcionan, las carreteras se rehabilitan y la economía prospera.
Sin embargo, fuera de las páginas oficiales persisten la violencia, las extorsiones, las desapariciones, las carencias hospitalarias, los rezagos educativos y los cuestionamientos sobre la transparencia gubernamental.
La gobernadora presume una transformación que todavía debe demostrar con resultados, porque una cosa es el Veracruz que aparece en los informes y otra muy distinta el que enfrentan diariamente sus habitantes.
La Cuarta Transformación ha convertido los informes de gobierno en escaparates de fotografías, cifras millonarias y discursos triunfalistas.
El documento entregado al Congreso el pasado 15 de noviembre enumera obras, inversiones y programas sociales, pero informar no significa solamente presumir logros.
También implica reconocer errores, explicar incumplimientos y asumir responsabilidades.
Después de casi dos años de gobierno de Nahle y ocho años de Morena en Veracruz, resulta cada vez menos convincente seguir responsabilizando a las administraciones anteriores de todos los problemas.
La inseguridad representa una de las mayores contradicciones del discurso oficial. Nahle presume patrullas, equipamiento y reducciones delictivas, pero los homicidios, las extorsiones, las desapariciones y las agresiones contra mujeres y periodistas continúan exigiendo respuestas.
Según la ENVIPE 2026 del INEGI, durante 2025 Veracruz registró una tasa estimada de 14 mil 171 víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes.
Aunque inferior al promedio nacional, la cifra demuestra que miles de ciudadanos siguen siendo afectados por la delincuencia.
Comprar patrullas no significa garantizar seguridad, ni anunciar detenciones equivale a terminar con la impunidad.
La violencia contra las mujeres tampoco puede desaparecer del debate mediante estadísticas favorables.
El gobierno debe explicar cuántos feminicidios fueron esclarecidos, cuántas denuncias recibieron atención efectiva y qué medidas de protección se cumplieron.
En salud, el contraste resulta igualmente preocupante.
Nahle presume millones de medicamentos, recorridos hospitalarios y las llamadas Camionetitas de la Salud, mientras persisten denuncias por falta de insumos, retrasos quirúrgicos y equipos médicos deficientes.
La administración debe demostrar cuántos pacientes recibieron tratamientos completos, cuántas operaciones pendientes se realizaron y qué resultados han producido sus programas.
Los enfermos no necesitan fotografías de bodegas abastecidas ni visitas oficiales; necesitan medicamentos, especialistas, estudios y cirugías oportunas. La salud pública no puede administrarse como una campaña de propaganda.
En educación, el Segundo Informe destaca becas, desayunos escolares, mobiliario y rehabilitación de planteles. Sin embargo, el propio gobierno reconoció que durante 2026 atendió a cerca de 4 mil escuelas de un universo superior a 22 mil.
La cifra obliga a preguntar cuántos planteles continúan con carencias y qué resultados se han conseguido en aprendizaje, abandono escolar y aprovechamiento académico.
Entregar apoyos es importante, pero no sustituye la obligación de garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad.
La infraestructura carretera constituye otra contradicción. Nahle presume más de 780 obras impulsadas con recursos estatales y federales, pero numerosos caminos continúan presentando deterioro y afectaciones para transportistas, productores y ciudadanos.
El gobierno debe distinguir entre obras anunciadas, iniciadas y concluidas, además de informar sus costos y beneficios.
Una carretera no se rehabilita por aparecer en una fotografía y una obra no puede considerarse exitosa solamente porque fue incluida en un informe.
Las inundaciones que afectaron distintas regiones de Veracruz también merecen respuestas. No basta con presumir recorridos y entrega de apoyos. Es necesario conocer cuántas familias recuperaron sus viviendas, cuántos negocios reanudaron actividades y qué infraestructura fue reconstruida.
La recuperación de las comunidades no puede declararse concluida mientras existan damnificados con necesidades pendientes.
En economía, la gobernadora presume inversiones, crecimiento, turismo y generación de oportunidades, pero debe demostrar cómo esos anuncios se traducen en empleos formales, mejores salarios y beneficios para los pequeños negocios.
Lo mismo ocurre con el campo, donde se anuncian tractores, maquinaria y apoyos a productores sin que esas entregas demuestren por sí solas un incremento de la productividad.
Los eventos turísticos, las inversiones anunciadas y los programas sociales necesitan evaluarse por sus resultados, no solamente por las cantidades que el gobierno presenta.
La transparencia tampoco puede quedar fuera del análisis. Persisten preguntas sobre el costo de remodelaciones de inmuebles oficiales, adquisiciones, vehículos y contratos de obra pública.
Si Nahle presume austeridad republicana, debe demostrarla con documentos y cuentas claras.
La Cuarta Transformación prometió terminar con los privilegios, no convertir la rendición de cuentas en una decisión discrecional de quienes ejercen el poder.
En materia financiera, el gobierno presume avances en el pago de adeudos con el SAT y el ISSSTE, así como la conclusión de la bursatilización que afectaba a 199 municipios.
Sin embargo, el propio gobierno reportó una deuda bancaria cercana a 41 mil 811 millones de pesos al cierre de octubre de 2026.
Para 2027 propone un presupuesto de 185 mil 597 millones, con una fuerte dependencia de recursos federales.
La reducción de obligaciones debe reconocerse donde esté documentada, pero no significa que Veracruz haya superado sus problemas financieros ni que los ciudadanos estén recibiendo mejores servicios.
Ahora comienzan las comparecencias de los secretarios del gabinete estatal, quienes tendrán que explicar los resultados de sus dependencias durante 2026.
El Congreso no debe convertirse en una pasarela de funcionarios complacientes y diputados aplaudidores.
Los legisladores de Morena tienen la misma obligación de fiscalizar que los de oposición.
Su responsabilidad es exigir respuestas, revisar documentos y cuestionar las contradicciones del Segundo Informe, no utilizar las comparecencias para rendir homenaje a la gobernadora.
Después de casi dos años de administración, Rocío Nahle debe asumir que gobernar implica mucho más que anunciar inversiones, repartir apoyos y celebrar resultados. Morena llegó al poder prometiendo honestidad, transparencia y una transformación profunda de las instituciones.
Ocho años después de su llegada al gobierno estatal, las promesas deben confrontarse con las condiciones reales de seguridad, salud, educación, infraestructura y bienestar.
El Segundo Informe presenta una versión favorable de la administración, pero deja preguntas que no pueden resolverse con discursos.
La gobernadora tiene derecho a destacar sus avances, pero también la obligación de reconocer sus deficiencias.
Un gobierno que solamente presume sus aciertos y evita explicar sus pendientes no ofrece una rendición de cuentas completa, sino una imagen cuidadosamente seleccionada de su gestión.
Rocío Nahle puede presentar el Veracruz que quiera en sus informes, pero no puede exigir que los ciudadanos confundan la propaganda gubernamental con la realidad que viven todos los días.
Porque Veracruz no se transforma con fotografías, ceremonias ni discursos triunfalistas.
Se transforma cuando hay seguridad en las calles, medicamentos en los hospitales, escuelas dignas, carreteras transitables, empleos suficientes y cuentas públicas transparentes.
Y si las comparecencias terminan convertidas en otra ceremonia de felicitaciones entre funcionarios y legisladores, quedará una pregunta inevitable: ¿el Segundo Informe fue realmente un ejercicio de rendición de cuentas o solamente otra oportunidad para que el gobierno presumiera sus logros sin responder por sus fracasos? |
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