La educación tecnológica en Veracruz atraviesa una crisis profunda que ya no puede explicarse como un desajuste administrativo ni como un problema coyuntural de liquidez. Lo que hoy ocurre en los institutos tecnológicos, universidades tecnológicas y politécnicas del estado es el resultado acumulado de años de abandono, corrupción normalizada y simulación institucional desde los niveles más altos del gobierno.
Durante décadas, estos planteles fueron presentados como la columna vertebral del desarrollo regional, espacios destinados a formar técnicos, ingenieros y profesionales capaces de impulsar la economía local. Hoy, ese discurso se cae a pedazos frente a una realidad marcada por la precariedad laboral, el deterioro académico y una gestión pública incapaz de cumplir incluso con sus obligaciones mínimas.
El problema no es menor ni marginal. Veracruz cuenta con 21 Institutos Tecnológicos Superiores, tres Universidades Tecnológicas y una Universidad Politécnica, distribuidos a lo largo y ancho del estado. Son 25 instituciones públicas que atienden a miles de estudiantes y emplean a más de dos mil trabajadores, todos ellos atrapados en un sistema que dejó de funcionar.
La pérdida de calidad educativa es el primer síntoma visible. Profesores denuncian que los criterios académicos han sido sustituidos por acuerdos políticos, cuotas sindicales y decisiones discrecionales que privilegian la lealtad sobre la preparación. El aula dejó de ser un espacio de formación para convertirse en una extensión de la disputa por el control interno.
Pero detrás del deterioro académico hay una crisis más grave: la quiebra moral y financiera del sistema. Los tecnológicos ya no solo enseñan menos; ni siquiera pueden operar con normalidad. La falta de recursos para servicios básicos, pagos y prestaciones evidencia un colapso estructural que ningún discurso oficial ha logrado ocultar.
El abandono institucional tiene responsabilidades claras. Desde las áreas encargadas de la educación media y superior se ha permitido que la Dirección de Educación Tecnológica del estado permanezca acéfala y desordenada, sin conducción real ni proyecto alguno de rescate.
La evidencia del abandono es grotesca. La página oficial de la Dirección de Educación Tecnológica muestra como última actividad relevante un evento de mayo de 2025, con información desactualizada desde 2019.
Peor aún, el sitio institucional mantiene referencias a una dirección que ya no existe desde hace meses.
El hecho de que nadie haya corregido ni lo más elemental exhibe un descuido que va mucho más allá de lo administrativo.
Cuando una dependencia no puede actualizar su propio sitio web, resulta ingenuo pensar que puede administrar un sistema educativo completo. La desorganización digital es solo el reflejo superficial de un vacío de autoridad mucho más profundo.
Ese vacío se traduce en prácticas sistemáticas de corrupción. La asignación de materias se realiza de forma directa, repartiendo horas entre directivos y sindicatos, sin concursos, sin transparencia y sin evaluación de perfiles. Las convocatorias de oposición simplemente dejaron de publicarse para evitar inconformidades de docentes preparados que estorban al reparto.
A quienes sí se contrata, muchas veces no se les reconoce como trabajadores. Se les coloca bajo esquemas de “servicios profesionales” por honorarios, negándoles antigüedad, seguridad social y prestaciones. La precarización laboral se convirtió en política pública.
En algunos casos, el abuso va más lejos: ni siquiera se les paga.
Durante procesos electorales, docentes denunciaron que los retrasos salariales se justificaban como “aportaciones” para campañas políticas. La educación pública utilizada como financiamiento político informal.
Las consecuencias llegan inevitablemente al aula. Hay profesores que dejan de dar clases, otros que cobran directamente a los alumnos para aprobar materias. Estudiantes, muchos de ellos beneficiarios de becas del bienestar, pagan para no perder apoyos ni retrasar su titulación. El conocimiento se vuelve secundario frente al trámite.
Los sindicatos, lejos de ser contrapeso, forman parte del engranaje. Guardan silencio porque participan en el reparto de espacios, colocan a sus cercanos y aseguran cuotas internas. La corrupción se sostiene porque nadie rompe el pacto.
El colapso dejó de ser silencioso en agosto de 2025, cuando trabajadores de los tecnológicos tomaron las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Denunciaron adeudos de siete meses y la imposibilidad de pagar incluso agua y luz en los planteles.
En esa movilización participaron representantes de 18 sindicatos, evidenciando que el problema no era local ni aislado. Se denunció que más de dos mil trabajadores en 21 tecnológicos, tres universidades tecnológicas y una politécnica no habían recibido pagos completos.
La falta de recursos paralizó funciones esenciales. Se frenó la emisión de títulos, se cancelaron viáticos, prácticas profesionales y visitas académicas.
La educación tecnológica quedó reducida a una operación mínima, sostenida por la inercia y la buena voluntad de quienes aún resisten.
Ese mismo año, en abril, el deterioro institucional se expresó también en el plano ético. Un medio de comunicación documentó un escándalo en el Instituto Tecnológico de Veracruz: docentes participando en una fiesta con alcohol en horario laboral. No fue un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema sin autoridad ni consecuencias.
Cuando el Estado deja de pagar, deja también de mandar.
La precariedad no justifica el desorden, pero lo explica. Sin recursos, sin supervisión y sin liderazgo, la disciplina académica se diluye.
La crisis se profundizó aún más en diciembre, cuando una federación sindical que agrupa a 20 sindicatos de 25 instituciones ofreció una conferencia de prensa en un café del centro de Xalapa. El mensaje fue desesperado: a diez días de cerrar el año fiscal, no había certeza de pago de las prestaciones de todo 2025.
Los dirigentes detallaron que, pese a oficios entregados, reuniones con autoridades laborales, mesas de trabajo con Finanzas y Educación, y minutas firmadas desde agosto, el Estado solo había cubierto alrededor del 30% de sus obligaciones en algunos planteles. En otros, no se había pagado absolutamente nada.
La lista de prestaciones adeudadas es extensa y reveladora: bonos de antigüedad, Día del Maestro, apoyos de maternidad, lentes, seguros de vida, gastos funerarios, aguinaldo, prima vacacional y ajustes de fin de año. No son lujos; son derechos laborales básicos.
Especialmente grave es el caso del fideicomiso creado para cubrir seguros de vida y gastos funerarios. No existen reglas de operación claras y ya hay trabajadores fallecidos cuyos deudos no han recibido ningún pago. El instrumento existe solo en el discurso oficial.
Instituciones como Xalapa, Huatusco, Tantoyuca, Poza Rica, Tierra Blanca, Pánuco, Jesús Carranza, Alvarado, Chicontepec, Álamo, Tuxpan, Cosamaloapan, Perote, la Universidad Tecnológica del Centro y la Universidad Politécnica de Huatusco reportan rezagos críticos. Algunos han ejercido apenas 20 o 30% de su presupuesto anual.
Más de 2,000 trabajadores y sus familias viven en la incertidumbre.
El temor ya no es solo el retraso, sino el subejercicio, la pérdida del recurso o que las deudas se acumulen indefinidamente, como ya ha ocurrido en años anteriores.
El llamado final fue directo al Ejecutivo estatal. No como gesto político, sino como última instancia. La exigencia fue clara: cumplir la ley y pagar lo que corresponde.
Mientras tanto, el gobierno anuncia la gratuidad total de la educación tecnológica, prevista para agosto. Sin financiamiento garantizado, sin pagos al día y sin recursos autogenerados liberados, la medida amenaza con agravar aún más la crisis.
Lo que hoy ocurre en los tecnológicos de Veracruz no es un problema administrativo, es una decisión política de abandono. No hay planeación, no hay responsabilidad y no hay voluntad de corregir.
La educación tecnológica, que debería ser palanca de desarrollo, fue convertida en botín, en caja chica y en espacio de simulación.
Quienes hoy presumen transformación sostienen un sistema que no paga, no forma y no responde.
La crisis ya no admite matices. El sistema no está fallando: está siendo dejado caer.
Y mientras nadie asuma responsabilidades, el costo lo seguirán pagando los estudiantes, los docentes y el futuro productivo de Veracruz.
En la próxima colaboración revisaremos el modelo educativo de los institutos tecnológicos y de las universidades tecnológicas, así como su pobre papel en la investigación y el desarrollo estatal. |
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