El Gobierno de Claudia Sheinbaum encontró una fórmula políticamente cómoda para presentar el Paquete Económico 2027: repetir que no habrá nuevos impuestos. La frase suena tranquilizadora, pero cuenta solamente una parte de la historia. Porque para recaudar más no siempre es necesario inventar un impuesto ni aumentar la tasa del Impuesto Sobre la Renta; también se pueden modificar las reglas utilizadas para determinar cuánto puede deducir una empresa y sobre qué cantidad termina pagando.
Y eso es precisamente lo que merece revisarse de la iniciativa fiscal enviada por el Ejecutivo al Congreso. El propio Gobierno proyecta que los ingresos tributarios alcancen en 2027 un máximo histórico equivalente al 15.9 por ciento del Producto Interno Bruto, mientras sostiene que lo conseguirá sin crear nuevos impuestos, mediante mayor eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión, la elusión y las operaciones simuladas.
En pocas palabras: no quieren llamarlo aumento de impuestos, pero sí necesitan recaudar más.
Hay que reconocer algo antes de continuar: México tiene un problema de evasión fiscal y el Estado tiene no solamente el derecho, sino la obligación de combatirlo.
Las factureras deben ser perseguidas, las operaciones simuladas deben investigarse y quienes inventan gastos para reducir artificialmente sus impuestos deben pagar lo que corresponde.
El problema comienza cuando, bajo el argumento de combatir abusos, se proponen mecanismos que también pueden alcanzar a empresas reales, con operaciones, gastos, financiamientos y pérdidas igualmente reales.
La iniciativa incorpora un nuevo mecanismo para determinadas personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos.
Cuando las deducciones autorizadas sean iguales o inferiores al 96.67 por ciento de los ingresos acumulables, la propuesta permitiría aplicar solamente el 99 por ciento de esas deducciones; cuando excedan ese 96.67 por ciento, su aplicación quedaría limitada precisamente a ese porcentaje. La parte no utilizada podría reconocerse posteriormente bajo las reglas correspondientes, pero ahí está precisamente el problema: el gasto pudo realizarse hoy, aunque fiscalmente una parte se reconozca después.
Los proveedores cobran hoy, los trabajadores cobran hoy, los bancos cobran hoy, la electricidad se paga hoy y Hacienda también cobra hoy. Los negocios no sobreviven con deducciones futuras, sino con flujo de efectivo. Imaginemos una empresa que obtiene 100 pesos de ingresos y necesita gastar 99 para producir y mantenerse operando.
Económicamente su margen es mínimo; sin embargo, si fiscalmente se restringe la cantidad de costos que puede reconocer en ese momento, la utilidad fiscal sobre la que se determina el ISR puede resultar superior a la utilidad económica inmediata del negocio.
Hacienda cobra hoy mientras permite reconocer después parte de un costo que el empresario ya pagó.
Ahí está la parte que desaparece detrás del discurso de que “no habrá nuevos impuestos”. La carga tributaria no depende exclusivamente de la tasa, sino también de la base sobre la cual se aplica. Una tasa de ISR puede permanecer exactamente igual y, sin embargo, el contribuyente terminar pagando más en determinado ejercicio si se restringen o difieren deducciones. No hace falta subir la tasa cuando se modifica la cantidad sobre la cual se cobra.
Algo semejante ocurre con las pérdidas fiscales.
La propuesta contempla que, para los contribuyentes sujetos al nuevo mecanismo, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores solamente puedan disminuirse hasta por 50 por ciento de la utilidad fiscal del ejercicio, dejando el resto para ejercicios posteriores. Otra vez aparece la misma lógica: pagar ahora y reconocer completamente después una situación económica que ya ocurrió.
Pero una pérdida empresarial no es necesariamente un truco contable. Las empresas pierden clientes, enfrentan crisis, ven aumentar sus materias primas, realizan inversiones que tardan años en generar rendimientos, sufren caídas en ventas y atraviesan ejercicios en números rojos. Eso se llama riesgo empresarial.
Lo cuestionable es que cuando al negocio le va mal, la pérdida la absorba completamente el empresario, pero cuando vuelve a generar utilidades el Estado limite cuánto de aquella pérdida puede reconocer inmediatamente para determinar su impuesto.
También están los intereses. La iniciativa propone reducir de 30 a 20 por ciento de la utilidad fiscal ajustada el límite aplicable a la deducción de intereses netos. Y esto merece especial atención en un país que necesita desesperadamente inversión. Las empresas utilizan financiamiento para comprar maquinaria, ampliar instalaciones, adquirir inventarios, desarrollar tecnología, abrir sucursales o simplemente mantener funcionando sus operaciones. El crédito cuesta y los intereses existen.
Por supuesto que también existen estructuras financieras diseñadas para erosionar artificialmente la base tributaria y trasladar utilidades, y precisamente para eso deben existir reglas contra la evasión y el abuso.
Pero convertir esas prácticas en justificación para endurecer indiscriminadamente el reconocimiento de costos puede terminar alcanzando también a quienes realmente producen e invierten.
Combatir operaciones simuladas es una cosa; restringir el reconocimiento de operaciones reales es otra.
Aquí aparece una contradicción que el Gobierno debería explicar. Desde Palacio Nacional se habla de Plan México, inversión, crecimiento, empleo, relocalización de empresas y fortalecimiento de la industria nacional, pero al mismo tiempo se impulsan reglas que pueden adelantar la carga fiscal o restringir temporalmente el reconocimiento de determinados costos.
México quiere empresas invirtiendo, pero necesita recaudar cada vez más de ellas; quiere empleo formal, pero aumenta la presión sobre quienes lo generan; quiere inversión financiada, pero restringe la deducción de determinados intereses.
La explicación está en las propias necesidades del Gobierno. Hay que financiar programas sociales, pensiones, salud, educación, seguridad, infraestructura, participaciones, Pemex y el creciente costo financiero de la deuda. El Estado mexicano tiene compromisos gigantescos y necesita alimentar permanentemente la caja. Por eso Hacienda proyecta ingresos tributarios históricos y por eso resulta insuficiente quedarse únicamente con el eslogan presidencial de que “no habrá nuevos impuestos”.
Pero precisamente aquí aparece otra pregunta que el Gobierno tampoco debería evadir: ¿por qué la presión recaudatoria vuelve una y otra vez sobre quienes ya están dentro de la formalidad, mientras México conserva una economía informal gigantesca? Más de la mitad de la población ocupada del país permanece en condiciones de informalidad laboral.
Eso no significa que todos esos trabajadores sean evasores fiscales ni que automáticamente deban pagar ISR; la informalidad laboral comprende situaciones muy distintas y millones de personas con ingresos bajos. Pero el tamaño del fenómeno revela un problema estructural que ningún discurso sobre justicia tributaria puede ignorar.
Y entonces aparece la dimensión política que pocas veces se quiere discutir. Formalizar también tiene un costo político. Incorporar actividades económicas a la formalidad significa registros, controles, comprobantes, declaraciones y, cuando corresponda por los ingresos y la actividad, contribuciones. Estamos hablando de millones de comerciantes, vendedores ambulantes, trabajadores independientes, pequeños prestadores de servicios y personas que viven todos los días de actividades que se desarrollan total o parcialmente fuera de la formalidad. Y todos ellos también son electores.
¿Existe entonces un cálculo electoral para evitar una estrategia mucho más agresiva de formalización? ¿Existe temor de que cobrarle o exigirle obligaciones a sectores que durante años han permanecido fuera del sistema tenga consecuencias en las urnas? ¿Le resulta políticamente más sencillo a un gobierno encabezado por Morena aumentar la eficiencia para cobrarle al contribuyente que ya está registrado que asumir el costo de incorporar a millones de personas a la formalidad? Son preguntas que merecen hacerse. Lo que no puede afirmarse sin pruebas es que el Gobierno mantenga deliberadamente a millones de trabajadores en la informalidad porque sean votos de Morena. Pero tampoco puede ignorarse que, después de años de gobiernos de ese partido, la informalidad continúa abarcando a más de la mitad de los trabajadores mexicanos.
Y ésa es una contradicción particularmente incómoda para un gobierno que habla permanentemente de justicia fiscal. Al empresario formal Hacienda sabe perfectamente dónde encontrarlo. Tiene su RFC, sus declaraciones, sus facturas, sus cuentas, sus proveedores y sus operaciones. Puede fiscalizarlo, auditarlo, revisar sus deducciones, limitar sus pérdidas y modificar el tratamiento fiscal de sus intereses. El contribuyente formal está completamente localizado. Incorporar verdaderamente a millones de actividades económicas a la formalidad, en cambio, exige mucho más que modificar unas líneas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Incluso el propio Gobierno reconoce indirectamente el problema al anunciar para 2027 facilidades y beneficios fiscales para micro y pequeñas empresas, así como una ampliación del acceso al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y simplificaciones para el cumplimiento de obligaciones. Si hay que ofrecer incentivos para facilitar la formalización y el cumplimiento, es precisamente porque la enorme economía informal sigue siendo uno de los grandes pendientes estructurales del país.
Por eso la discusión no puede reducirse a cuánto más puede obtener Hacienda de quienes ya pagan. También debería preguntarse cómo conseguir que más mexicanos quieran y puedan incorporarse a la economía formal. Porque si la respuesta a las crecientes necesidades financieras del Estado consiste fundamentalmente en perfeccionar los mecanismos para cobrarle al contribuyente cautivo, terminaremos construyendo un sistema perverso: cuanto más formal sea una empresa, cuanto más transparente sea y cuanto mejor cumpla sus obligaciones, más fácil será encontrarla para exigirle todavía más.
Tal vez no aparezca un nuevo nombre en el catálogo tributario, no aumente la tasa general del ISR ni se eleve el IVA. Pero eso no significa que la carga efectiva permanezca igual para todos. Si se modifica cuánto puede deducirse, cuánto de las pérdidas acumuladas puede utilizarse o qué proporción de determinados intereses puede reconocerse, también puede modificarse la base sobre la cual termina calculándose el impuesto. La tasa puede quedarse igual y la cantidad pagada puede cambiar.
Ésa debería ser la verdadera discusión del componente fiscal del Paquete Económico 2027.
No podemos caer en la simplificación de que toda fiscalización representa un ataque a los empresarios, pero tampoco aceptar que cualquier endurecimiento tributario puede justificarse simplemente pronunciando las palabras “evasión” o “factureras”. Entre ambos extremos existen miles de empresas que producen, contratan trabajadores, solicitan créditos, pagan proveedores, atraviesan pérdidas y cumplen con Hacienda.
El Impuesto Sobre la Renta debería gravar renta. Parece una obviedad, pero conviene recordarlo. El Estado debe participar mediante impuestos de la riqueza realmente generada; lo discutible es que mediante restricciones temporales pueda determinarse una utilidad fiscal que, en cierto momento, resulte superior a la realidad económica inmediata de una empresa.
Porque entonces ya no solamente estamos cobrando sobre lo que ganó el contribuyente: el Estado también está decidiendo cuánto de lo que realmente gastó acepta reconocer hoy para calcular cuánto considera que ganó.
Ese es el debate que debería darse en el Congreso.
Quien gana debe pagar, quien evade debe ser sancionado y quien simula operaciones debe enfrentar la ley. Pero quien realmente gastó, perdió dinero o pagó intereses también merece un sistema tributario que reconozca la realidad económica de su actividad. La necesidad recaudatoria del Gobierno no debería convertir automáticamente una deducción legítima en sospechosa, una pérdida real en abuso ni todo mecanismo legal para disminuir una base tributaria en algo que deba restringirse.
Porque de lo contrario el mensaje termina siendo perverso: arriesgue usted el capital, contrate trabajadores, consiga financiamiento, pague proveedores, enfrente las pérdidas y mantenga funcionando la empresa; Hacienda decidirá cuándo le reconoce completamente esos costos.
El Gobierno puede seguir diciendo que en 2027 no habrá nuevos impuestos y, formalmente, puede sostener esa afirmación si no se crean gravámenes generales ni aumentan las tasas principales. Pero ésa ya no es la única pregunta relevante.
La pregunta incómoda es cuánto más pretende recaudar el Estado utilizando los impuestos que ya existen y modificando las reglas bajo las cuales se calculan.
El Paquete Económico 2027 todavía debe pasar por el Congreso y sus propuestas pueden modificarse antes de convertirse en ley.
Precisamente por eso éste es el momento de discutirlas con seriedad. Los legisladores deberían recordar algo elemental antes de levantar la mano: el dinero público primero tuvo que salir del bolsillo de alguien que lo produjo.
México necesita combatir la evasión, pero también necesita empresas, inversión, crédito, productividad y empleo formal. Un Gobierno desesperado por recaudar más debe tener cuidado de no terminar castigando precisamente a quienes necesita para generar crecimiento. Porque llegará un momento en que la discusión ya no será cuánto consiguió recaudar Hacienda, sino cuánto crecimiento, inversión y empleo estamos dispuestos a comprometer para llenar una caja pública que cada año necesita más dinero. |
|
