Durante casi tres décadas, el sistema de ahorro para el retiro en México vivió protegido por una ventaja inmejorable: nadie podía comprobar si realmente funcionaba. Las Afores se defendían con gráficas, rendimientos, balances y miles de millones de pesos administrados; los gobiernos presumían reformas; los especialistas hablaban de proyecciones y simulaciones.
Todo era futuro.
Todo era expectativa.
Pero ese tiempo terminó.
A 29 años de la creación del sistema de cuentas individuales, llegó el momento de la verdad: la primera generación de trabajadores que cotizó bajo la Ley de 1997 comenzó a jubilarse, y la única pregunta que importa ya no es cuánto dinero administran las Afores, sino si ese ahorro alcanza para vivir con dignidad.
La respuesta, por desgracia para millones de mexicanos, dista mucho de ser alentadora.
Después de trabajar durante décadas, miles de personas descubren que su retiro no se parece en nada a la tranquilidad que imaginaron.
Descubren que la pensión esperada no corresponde al esfuerzo de toda una vida laboral.
Descubren que el problema nunca fue únicamente cuánto ganaron las Afores, sino cuánto pudieron ahorrar en un país donde los salarios siguen siendo bajos, la informalidad domina el mercado laboral y los periodos de cotización rara vez son continuos.
Durante años se vendió la idea de que el nuevo sistema resolvería los problemas que dejó el antiguo esquema de reparto. Era cierto que el modelo anterior era financieramente insostenible.
También era cierto que el envejecimiento de la población obligaba a cambiar las reglas. Sin embargo, la solución terminó trasladando gran parte del riesgo al propio trabajador.
El Estado dejó de garantizar una pensión definida y cada mexicano pasó a depender de lo que pudiera ahorrar durante su vida laboral.
Hoy esa decisión enfrenta su examen más severo.
No basta con afirmar que las Afores administran recursos históricos ni presumir que las comisiones son las más bajas desde que existe el sistema.
Esos son indicadores importantes, pero para quien llega a los 65 años lo único que interesa es cuánto dinero recibirá cada mes para pagar alimentos, medicamentos, vivienda y servicios.
Las cifras impresionan. Las Afores administran alrededor de seis billones de pesos, una cantidad equivalente a una parte importante del Producto Interno Bruto nacional. Ese ahorro convierte al sistema pensionario en uno de los principales inversionistas institucionales del país y en una fuente estratégica para financiar infraestructura, deuda gubernamental y proyectos productivos.
Sin embargo, el tamaño del fondo no necesariamente refleja el bienestar de quienes son sus verdaderos propietarios.
El trabajador puede escuchar que existen billones de pesos administrados, pero cuando revisa el monto estimado de su pensión comprende que ambas realidades no siempre caminan de la mano.
El tema se resume con precisión en el momento histórico que vive México: durante casi treinta años el debate giró alrededor del ahorro administrado; ahora el país deberá juzgar al sistema por las pensiones que realmente entrega.
Esa diferencia cambia completamente la conversación.
Sería injusto responsabilizar exclusivamente a las Afores. Muchos de los problemas nacieron desde el diseño original del sistema. Durante años las aportaciones obligatorias fueron demasiado bajas para construir pensiones suficientes.
La reforma aprobada en 2020 incrementó gradualmente las contribuciones patronales y representa un avance importante para las generaciones más jóvenes.
El problema es que llegó demasiado tarde para quienes hoy comienzan a retirarse después de haber cotizado durante décadas bajo reglas insuficientes.
Pero tampoco puede absolverse por completo al Estado mexicano.
Durante años distintos gobiernos celebraron el crecimiento del ahorro pensionario mientras ignoraban el verdadero enemigo de cualquier sistema de retiro: la informalidad laboral.
Más de la mitad de la población ocupada trabaja en condiciones de informalidad. Eso significa millones de mexicanos que no cotizan regularmente, que interrumpen constantemente sus aportaciones o simplemente nunca construyen un ahorro suficiente para la vejez. Ningún sistema pensionario, por eficiente que sea, puede ofrecer buenos resultados cuando la mayoría de los trabajadores permanece fuera de la formalidad.
El problema tampoco termina ahí. México lleva varios años creciendo por debajo de su potencial económico. Una economía que genera empleos precarios y salarios reducidos inevitablemente produce pensiones pequeñas.
Es una cadena lógica: si los ingresos son bajos durante la vida activa, el ahorro acumulado también lo será.
Mientras tanto, el discurso político ha encontrado en las Afores un instrumento atractivo para vender soluciones rápidas.
En los últimos años se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar con el objetivo de complementar las pensiones de quienes ganan hasta el salario promedio registrado ante el IMSS.
La intención puede resultar políticamente atractiva, pero el verdadero desafío será garantizar que ese mecanismo cuente con recursos suficientes y sostenibles durante las próximas décadas. Las pensiones no pueden depender de decisiones sexenales ni convertirse en herramientas propagandísticas.
Tampoco ayuda la incertidumbre generada por las constantes discusiones sobre el destino del ahorro pensionario. Cada vez que surge una propuesta para utilizar recursos de las Afores en nuevos proyectos de infraestructura o inversión pública, millones de trabajadores reaccionan con preocupación. Aunque la regulación establece límites técnicos y criterios de rentabilidad para esas inversiones, la percepción de incertidumbre termina afectando la confianza en el sistema.
El ahorro para el retiro exige algo que la política mexicana rara vez ofrece: estabilidad.
Ninguna persona puede planear su jubilación si cada administración pretende modificar las reglas del juego.
Existe además otro problema del que poco se habla: la educación financiera. Durante casi treinta años millones de trabajadores nunca entendieron cómo funciona su cuenta individual.
Muchos desconocen cuánto tienen ahorrado, cuál es su rendimiento, quién administra sus recursos o cuánto recibirán al momento del retiro.
La cultura del ahorro voluntario sigue siendo extraordinariamente baja y eso también termina castigando el monto final de las pensiones.
Resulta paradójico que el patrimonio más importante de millones de familias sea, al mismo tiempo, el instrumento financiero menos comprendido por sus propietarios.
Mientras otros países fortalecen incentivos para el ahorro privado, amplían la cobertura y desarrollan esquemas complementarios de pensiones, México continúa discutiendo soluciones de corto plazo sin atender el problema estructural.
El envejecimiento poblacional hará todavía más evidente esta realidad. Cada año habrá más adultos mayores y relativamente menos trabajadores activos financiando el crecimiento económico. Esa presión obligará inevitablemente a revisar otra vez el sistema pensionario.
Por ello, el verdadero debate ya no debería centrarse en si las Afores son buenas o malas. La discusión debe enfocarse en cómo construir empleos formales, elevar salarios, aumentar la productividad, fomentar el ahorro voluntario y ofrecer certeza jurídica a los recursos de los trabajadores. Sin esas condiciones, cualquier reforma volverá a quedarse corta.
México no necesita destruir el sistema actual para volver a empezar. Necesita corregir aquello que durante casi treinta años nadie quiso enfrentar: la informalidad, los bajos ingresos y la ausencia de una estrategia nacional de ahorro para el retiro.
La prueba de fuego apenas comienza. Durante los próximos años miles de mexicanos seguirán llegando a la edad de jubilación y cada uno representará un examen para el modelo pensionario construido desde 1997.
Las estadísticas dejarán de ser suficientes. Los discursos también.
Al final, ninguna cifra de rendimientos podrá ocultar una realidad incómoda: un sistema de pensiones sólo puede considerarse exitoso cuando permite que quienes trabajaron toda su vida envejezcan con tranquilidad y no con incertidumbre. S
i después de 29 años la principal preocupación de millones de jubilados sigue siendo cómo llegar a fin de mes, entonces el problema nunca fue únicamente financiero.
Fue, y sigue siendo, una deuda del Estado mexicano con quienes sostuvieron durante décadas la economía del país. |
|
