Hay algo profundamente perverso cuando un gobierno habla de la educación como instrumento de transformación social, pero utiliza las instituciones educativas como estaciones de paso para construir carreras políticas, disputar candidaturas u operar, a través de sus enormes estructuras burocráticas y magisteriales, proyectos de poder.
Una Secretaría de Educación no debería ser una plataforma electoral, ni una fábrica de candidaturas, ni mucho menos una estructura territorial al servicio de las ambiciones personales de quienes temporalmente ocupan sus oficinas.
Sin embargo, eso es justamente lo que estamos viendo.
Mientras millones de estudiantes regresan a escuelas con carencias, mientras maestros enfrentan problemas laborales y administrativos, mientras persisten enormes desafíos de aprendizaje y las familias hacen verdaderos sacrificios para comprar uniformes, útiles y pagar transporte, en las alturas del poder la educación parece tener otra utilidad: servir también como trampolín político.
Un monitoreo de Mexicanos Primero, citado recientemente por Excélsior, encontró nueve cambios de titulares de secretarías estatales de Educación durante un solo ciclo escolar.
Veracruz aparece en esa lista junto con Tlaxcala, San Luis Potosí, Campeche, Sonora, Oaxaca, Ciudad de México, Zacatecas y Michoacán.
En seis de esas entidades habrá elecciones de gobernador en 2027.
La coincidencia debería preocuparnos.
Porque cambiar al responsable de una dependencia educativa no significa simplemente retirar una fotografía de una oficina y colocar otra.
Con cada relevo llegan nuevos funcionarios, compromisos, prioridades, negociaciones, grupos políticos y, demasiadas veces, una obsesión enfermiza por borrar lo realizado anteriormente para colocar el sello del recién llegado. La educación vuelve entonces a empezar mientras los problemas llevan décadas acumulándose. Y si existe un estado que conoce perfectamente esa historia es Veracruz.
En apenas diez años, de 2016 a 2026, por la Secretaría de Educación de Veracruz han pasado seis responsables: Xóchitl Adela Osorio Martínez, Enrique Pérez Rodríguez, Zenyazen Escobar García, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Claudia Tello Espinosa y, desde julio de 2026, Raquel Bonilla Herrera.
Seis responsables de la política educativa veracruzana en una década. El dato por sí mismo debería obligarnos a preguntar qué continuidad puede construirse en una institución gigantesca cuando su conducción cambia una y otra vez al ritmo de los gobiernos, las coyunturas y, en algunos casos, las aspiraciones políticas.
Y si ampliamos apenas unos meses la mirada aparece un antecedente que retrata perfectamente el problema: Adolfo Mota Hernández.
Mota fue secretario de Educación durante el gobierno de Javier Duarte. Ocupó la dependencia de 2010 a 2015 y terminó separándose del cargo para competir como candidato del PRI a diputado federal. Ganó y pasó prácticamente de administrar la educación veracruzana a ocupar una curul en San Lázaro.
La SEV funcionaba entonces como lo que durante décadas fue habitual en el viejo régimen: una poderosa estación dentro de una carrera política.
Después llegaron otros partidos, otros discursos y otras promesas.
Pero la costumbre sobrevivió.
El caso más evidente de los últimos años es Zenyazen Escobar García.
El profesor que llegó a convertirse en uno de los personajes más visibles del gobierno de Cuitláhuac García —y que también se hizo célebre por sus exhibiciones de baile en actos públicos— dejó la Secretaría de Educación en octubre de 2023 para participar en el proceso interno de Morena por la candidatura al Gobierno de Veracruz.
No obtuvo aquella candidatura.
Pero la carrera política continuó.
Meses después apareció como candidato a diputado federal y terminó convirtiéndose en legislador por el distrito de Córdoba.
Otra vez la misma historia: de la Secretaría de Educación a la competencia electoral.
Y resulta inevitable preguntarse qué ocurre cuando quien conduce una institución de semejante tamaño comienza a mirar hacia la siguiente candidatura.
Porque la SEV no es cualquier dependencia.
En 2023, la propia Secretaría reportaba 136 mil 771 docentes, más de dos millones de estudiantes y 23 mil 983 escuelas. Estamos hablando de una de las estructuras gubernamentales con mayor presencia territorial en Veracruz.
Tiene oficinas, delegaciones, trabajadores, programas, eventos y relaciones permanentes con comunidades escolares prácticamente en todos los municipios.
Esa enorme red debería existir exclusivamente para garantizar el derecho a la educación.
Políticamente, sin embargo, representa algo mucho más atractivo: territorio, estructura, exposición pública, relaciones con organizaciones sindicales y contacto permanente con miles de ciudadanos. Y ahí comienza el verdadero problema.
Cuando un cargo educativo empieza a observarse como plataforma para alcanzar una diputación, una alcaldía, una senaduría, una gubernatura o cualquier otra posición electoral, inevitablemente surge una pregunta incómoda: ¿las decisiones se están tomando pensando en los estudiantes o en el siguiente cargo del funcionario?
La historia reciente volvió a ofrecernos otro episodio.
Claudia Tello Espinosa llegó a la Secretaría de Educación al comenzar el gobierno de Rocío Nahle. Antes había sido diputada federal y posteriormente fue electa senadora. Para incorporarse al gobierno estatal dejó temporalmente su escaño en el Senado y, apenas alrededor de año y medio después de asumir la SEV, volvió a cambiar de responsabilidad. En julio de 2026 dejó Educación para regresar al Senado de la República.
No se trató, en este caso, de abandonar la SEV para buscar una nueva candidatura, porque Tello ya era senadora electa. Pero políticamente el resultado vuelve a ser inquietante: la educación veracruzana queda nuevamente sometida a un enroque de posiciones políticas.
Sale una senadora de la Secretaría y entra quien había sido su suplente en el Senado. Como si dirigir la educación de más de dos millones de estudiantes pudiera resolverse moviendo piezas en un tablero.
Ese es precisamente el problema de fondo.
Los nombres cambian, los partidos cambian y los discursos cambian, pero la educación continúa apareciendo como una escala dentro de las trayectorias políticas.
Ayer fue Adolfo Mota.
Después Zenyazen Escobar.
Luego Claudia Tello.
Y mañana puede ser cualquier otro.
La educación mexicana lleva demasiado tiempo pagando las ambiciones de su clase política.
El ejemplo llegó incluso desde la Secretaría de Educación Pública federal. Delfina Gómez dejó la SEP en agosto de 2022 y posteriormente se convirtió en candidata de Morena al Gobierno del Estado de México.
El mensaje resulta difícil de ignorar: hasta la conducción del sistema educativo nacional puede convertirse en una escala dentro de una trayectoria electoral.
Eso no es transformación.
Es la vieja política utilizando instituciones públicas con nuevos colores.
Durante años se criticó al PRI precisamente por convertir las dependencias gubernamentales en plataformas políticas. Se denunciaba que funcionarios brincaban de una oficina a una candidatura, de una secretaría a una diputación y de una curul a otra posición pública sin concluir proyectos ni rendir cuentas.
Morena prometió terminar con esas prácticas.
Pero cambiar de partido no elimina los vicios.
El chapulineo que antes indignaba ahora encuentra justificaciones cuando beneficia al movimiento gobernante.
Y esa contradicción resulta todavía más grave cuando ocurre dentro de la educación.
Un secretario puede renunciar mañana y continuar tranquilamente su carrera política. Un estudiante no puede recuperar con la misma facilidad los años de aprendizaje perdidos. Un funcionario puede cambiar de oficina; una generación completa puede cargar durante décadas con las consecuencias de una mala política educativa. Por eso la continuidad importa.
Diseñar políticas educativas serias requiere diagnósticos, evaluación, capacitación docente, infraestructura, seguimiento académico y planeación de largo plazo. Nada de eso puede construirse adecuadamente cuando las oficinas educativas viven pendientes del calendario electoral.
Pero hemos permitido exactamente lo contrario: los tiempos de la política terminan imponiéndose sobre los tiempos de la educación.
Y mientras los funcionarios calculan candidaturas, alianzas y posiciones rumbo a las siguientes elecciones, existen escuelas que necesitan mantenimiento, docentes atrapados durante meses en trámites administrativos, comunidades donde faltan condiciones elementales para enseñar y jóvenes que terminan sus estudios sin las herramientas suficientes para competir en un mercado laboral cada vez más exigente.
Ahí debería concentrarse toda la energía del Estado.
No en fabricar candidatos.
Mucho menos debería permitirse que las enormes estructuras educativas puedan utilizarse para construir capital político. Una Secretaría de Educación dispone de presencia territorial, eventos, programas, recursos públicos y contacto permanente con comunidades escolares.
Precisamente por eso debería existir una vigilancia extraordinaria sobre quienes pretendan abandonar esos cargos para competir inmediatamente por posiciones electorales.
Porque la frontera entre servicio público y promoción personal puede volverse peligrosamente delgada.
El problema tampoco pertenece exclusivamente a Morena. El chapulineo es una enfermedad histórica del sistema político mexicano. PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano y prácticamente todas las fuerzas políticas han tenido personajes capaces de cambiar de partido, cargo o convicción dependiendo de dónde aparezca la siguiente oportunidad.
Adolfo Mota demuestra que el problema existía mucho antes de la llamada Cuarta Transformación. Zenyazen Escobar demuestra que la Cuarta Transformación no terminó con él.
Esa es precisamente la contradicción.
Quienes llegaron al poder prometiendo acabar con esas prácticas tienen una responsabilidad adicional.
No pueden denunciar el pasado mientras reproducen sus métodos.
No pueden hablar de principios mientras administran candidaturas.
No pueden proclamar que la educación es prioridad mientras sus principales oficinas sirven también como estaciones de llegada y salida dentro de las carreras políticas.
Y tampoco pueden seguir utilizando la palabra “transformación” como salvoconducto para justificar aquello que antes condenaban.
México necesita establecer límites mucho más severos. Quien acepte conducir una Secretaría de Educación debería asumir una responsabilidad institucional y no utilizarla como periodo de precampaña. Y si alguien decide abandonar anticipadamente esa responsabilidad para buscar otro cargo, la sociedad tiene derecho a preguntarle qué ocurrió con los proyectos que prometió, qué resultados entregó y por qué su aspiración personal terminó siendo más urgente que la institución que juró conducir. En Veracruz la pregunta es todavía más urgente.
Seis responsables de la Secretaría de Educación en diez años deberían ser suficientes para entender que algo no funciona.
No necesariamente porque todos hayan hecho un mal trabajo, sino porque ningún sistema educativo serio puede depender permanentemente de los movimientos del tablero político.
La educación necesita continuidad.
Necesita especialistas.
Necesita funcionarios comprometidos con permanecer el tiempo suficiente para diseñar, ejecutar, evaluar y corregir políticas públicas.
Necesita menos operadores políticos y más educadores.
Y necesita, sobre todo, dejar de ser vista como una plataforma electoral.
Porque las instituciones públicas no pueden continuar funcionando como agencias de colocación de políticos.
Mucho menos las educativas.
En Veracruz y en todo México deberíamos exigir algo elemental: que quien llegue a dirigir la educación llegue pensando en escuelas, maestros y estudiantes, no en encuestas, candidaturas, senadurías, diputaciones o gubernaturas.
La tragedia es que mientras unos utilizan la educación para subir políticamente, millones de jóvenes dependen de ella para subir socialmente.
Y cuando el gobierno convierte las aulas en trampolines electorales, casi siempre saltan los políticos.
Los estudiantes son quienes terminan quedándose atrás. |
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