La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) ha dejado al descubierto una contradicción política que el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que explicar: Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del organismo en 2023, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mediante un procedimiento realizado en una Cámara de Diputados donde Morena y sus aliados tenían mayoría.
Su designación fue cuestionada desde entonces por sus vínculos familiares con figuras de la Cuarta Transformación.
Ahora, tras su salida del cargo en medio de investigaciones por corrupción, la presidenta dirige sus acusaciones hacia Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina y otros antiguos funcionarios electorales vinculados con el nuevo partido Somos. La discusión ha dejado de concentrarse exclusivamente en las contrataciones cuestionadas y se ha extendido hacia quienes hoy participan en una organización política distinta al oficialismo.
Conviene recordar cómo llegó Guadalupe Taddei a la presidencia del INE. En marzo de 2023, la Cámara de Diputados no consiguió la mayoría calificada necesaria para designar por votación a los nuevos consejeros electorales.
La decisión terminó resolviéndose mediante insaculación, procedimiento previsto en la Constitución y posteriormente confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el hecho de que el nombramiento haya sido legal no elimina el debate político sobre la selección de aspirantes ni las responsabilidades de la mayoría legislativa que participó en el proceso. Morena no puede ser presentado como un actor ajeno a aquella designación.
Las dudas sobre su independencia tampoco aparecieron después del escándalo. Desde 2023 existían cuestionamientos sobre sus relaciones familiares con funcionarios y representantes vinculados con Morena. Entre ellos se mencionaba a Pablo Daniel Taddei, designado al frente de LitioMX, y a Jorge Luis Taddei Bringas, quien había desempeñado funciones dentro del gobierno federal. Estos antecedentes fueron expuestos incluso en controversias ante las autoridades electorales.
Los vínculos familiares explican por qué su nombramiento provocó dudas sobre la autonomía que debía mantener la presidencia del INE.
Pero tampoco puede ignorarse su responsabilidad institucional durante la polémica asignación de diputaciones federales de 2024, que permitió a Morena y sus aliados alcanzar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, pese a los cuestionamientos por sobrerrepresentación.
A ello se suman las denuncias de presuntas irregularidades, manipulación y falsificación electoral que surgieron durante los comicios presidenciales de 2024 y la elección de gobernador de Veracruz, donde resultó vencedora Rocío Nahle.
Aunque esas acusaciones no fueron acreditadas judicialmente como un fraude que invalidara los resultados, la actuación de las autoridades electorales bajo la presidencia de Taddei merece un escrutinio riguroso, particularmente por las decisiones que favorecieron la concentración del poder legislativo en manos del oficialismo.
El propio Andrés Manuel López Obrador defendió públicamente a Taddei cuando llegó al instituto.
El 9 de noviembre de 2026, durante una conferencia presidencial, se reprodujeron declaraciones del expresidente en las que la calificaba como una mujer íntegra y destacaba que había superado un proceso de evaluación antes de resultar seleccionada. Resulta políticamente contradictorio que una funcionaria cuyo nombramiento fue celebrado por el expresidente y cuya gestión coincidió con decisiones electorales favorables a Morena sea ahora presentada como una figura cuya trayectoria debe atribuirse principalmente a los antiguos dirigentes del INE.
Frente a esos antecedentes, Sheinbaum afirmó que Taddei había traicionado al pueblo y sostuvo que su trayectoria provenía del grupo de funcionarios electorales encabezado por Lorenzo Córdova.
Sin embargo, responsabilizar a los anteriores dirigentes no explica las decisiones adoptadas durante su presidencia, ni las controversias sobre la sobrerrepresentación legislativa y los procesos electorales de 2024. Si el gobierno pretende investigar la actuación de los antiguos consejeros, también debe aceptar que se examine con el mismo rigor la gestión de Taddei, sin omitir las decisiones que beneficiaron políticamente a Morena ni las denuncias que acompañaron los resultados electorales.
La contradicción merece explicarse: ¿por qué ahora se pretende colocar el peso de su trayectoria sobre antiguos dirigentes del INE, cuando su llegada a la presidencia del organismo ocurrió bajo el gobierno que públicamente respaldó su designación?
Pero la controversia ha adquirido una dimensión todavía más delicada. Las acusaciones presidenciales ya no se limitan a Taddei ni a las empresas proveedoras de materiales electorales. Durante las conferencias del 5 y 6 de noviembre, Sheinbaum vinculó las contrataciones investigadas con personajes relacionados con Somos, organización encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo.
Entre los nombres mencionados aparecen Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina, Marco Antonio Baños y Juan Carlos Padilla Aguilar.
El problema central consiste en que pretenden endosar pruebas de responsabilidades individuales o si la pertenencia a una nueva fuerza política está siendo utilizada para construir una asociación pública entre sus integrantes y una presunta red de corrupción.
Edmundo Jacobo Molina, quien durante años ocupó la Secretaría Ejecutiva del INE y actualmente participa en Somos como responsable de su Centro de Formación y Profesionalización Política, quedó incorporado a esta controversia por su trayectoria dentro del organismo electoral.
Su participación anterior en el Instituto puede justificar que las autoridades revisen las decisiones administrativas en las que intervino, siempre que existan elementos concretos. Lo que no puede aceptarse como prueba suficiente es que haber trabajado con Lorenzo Córdova, ocupar un cargo dentro del INE o participar actualmente en Somos constituya automáticamente una responsabilidad por los contratos investigados.
La pertenencia política no sustituye los expedientes, las auditorías ni las pruebas de participación en una conducta irregular.
Lo mismo ocurre con Marco Antonio Baños y Guadalupe Acosta Naranjo. Sus trayectorias políticas y su participación en Somos han sido incorporadas al debate público a partir de las acusaciones presidenciales.
La coincidencia de distintas personas dentro de una organización política no demuestra que todas hayan intervenido en las mismas contrataciones ni que compartan responsabilidad por las posibles actuaciones de terceros.
El señalamiento adquiere especial gravedad porque proviene de la Presidencia de la República y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El 5 de noviembre, Raquel Buenrostro presentó una investigación sobre el origen de las empresas de los hermanos Hernández Casillas y sus relaciones con antiguos funcionarios electorales.
La propia comunicación oficial de la Presidencia vinculó esa red empresarial con Somos.
Sin embargo, existe una diferencia jurídica fundamental entre demostrar que determinadas personas coincidieron profesionalmente o participan en el mismo partido y acreditar que una organización política intervino en operaciones ilícitas. Esa diferencia no puede desaparecer por la fuerza de una acusación presidencial.
Las cifras oficiales hacen todavía más necesario investigar sin exclusiones. Según la información presentada por el gobierno federal, entre 2015 y 2023, 23 organismos electorales locales adjudicaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
Pero el propio gobierno reconoció que durante 2024 y 2025, ya bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, esas empresas obtuvieron otros 646.3 millones de pesos mediante contrataciones con 15 organismos electorales locales. Los datos no demuestran que Taddei autorizara personalmente esas operaciones, pero sí establecen que el esquema empresarial investigado continuó activo durante su gestión.
Y existe otra pregunta todavía más incómoda para las autoridades federales. Reportes periodísticos publicados el 6 de noviembre señalaron que la Unidad de Inteligencia Financiera ya había congelado cuentas relacionadas con algunos de los empresarios investigados desde 2023, sin que entonces se produjera una actuación concluyente de la Fiscalía General de la República.
Posteriormente, la propia UIF confirmó que durante 2024 se habían realizado bloqueos y presentado denuncias. Si el Estado mexicano contaba desde entonces con alertas financieras sobre esa red empresarial, ¿por qué no se obtuvieron resultados oportunos y qué ocurrió con las investigaciones durante los años siguientes?
El escándalo no solamente exige respuestas del INE, sino también de las instituciones federales encargadas de investigar operaciones con recursos de procedencia ilícita. El 4 de noviembre, la UIF informó del bloqueo de cuentas vinculadas con proveedores electorales, medida que alcanzó a 25 personas físicas y 15 morales.
Lo indignante es la tardanza de las autoridades: ¿cuántos recursos pudieron retirar, transferir u ocultar los involucrados durante ese tiempo? Si existían indicios desde antes, ¿por qué no actuaron oportunamente? La UIF debe explicar si esa demora permitió movimientos financieros que pudieron obstaculizar las investigaciones.
Corresponde a la Fiscalía y a los tribunales determinar las responsabilidades que procedan.
Mientras tanto, el enfrentamiento político ya llegó a los procedimientos electorales. El 11 de noviembre, Somos presentó una denuncia contra Claudia Sheinbaum, la secretaria Raquel Buenrostro y doce gobernadores de Morena por presunta utilización indebida de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad electoral.
La organización sostiene que las declaraciones difundidas desde plataformas gubernamentales han intentado relacionar colectivamente a sus integrantes con una trama de corrupción sin responsabilidades individualizadas.
En este escenario aparece otro debate de enormes consecuencias: el futuro de la autonomía electoral. Sectores críticos de la Cuarta Transformación han expresado preocupación por las propuestas de reforma y por la posibilidad de que modificaciones en las facultades, la integración o el financiamiento del INE terminen aumentando la influencia del gobierno sobre el árbitro electoral.
Algunas voces advierten incluso sobre el riesgo de convertirlo en un organismo subordinado al poder político. No existe evidencia concluyente de una decisión presidencial para desaparecer al INE, pero esa preocupación exige respuestas institucionales concretas.
Cualquier reforma debe demostrar que fortalece la independencia electoral y no que concentra nuevas facultades en manos del gobierno.
La discusión sobre los recursos también debe abordarse con rigor. Claudia Sheinbaum respaldó el recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2027, aprobado por Morena y sus aliados bajo el argumento de combatir gastos excesivos. Sin embargo, ¿se trata de austeridad o de un intento de debilitar la autonomía electoral? Reducir recursos no significa combatir la corrupción, pero sí puede afectar la capacidad del instituto para organizar elecciones y fiscalizar al poder. ¿Acaso se pretende convertir al INE en otro apéndice del gobierno?
La situación resulta especialmente relevante para Veracruz, donde los ciudadanos también tienen derecho a exigir transparencia en las contrataciones electorales y garantías de independencia frente a los gobiernos estatal y federal. La vigilancia del dinero público debe alcanzar tanto al INE como al Organismo Público Local Electoral, sin excepciones para antiguos funcionarios, autoridades recientes o representantes de cualquier partido.
Lo que no debe confundirse es la fiscalización legítima de una institución con su descalificación política. La primera fortalece la democracia; la segunda puede deteriorar la confianza pública cuando se desarrolla mediante acusaciones que no han sido demostradas.
El problema central es que las responsabilidades de Guadalupe Taddei no desaparecen por el hecho de que Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo Molina o Marco Antonio Baños hayan ocupado cargos electorales antes que ella.
Tampoco puede responsabilizarse colectivamente a Somos por las supestas actuaciones individuales de personas que hoy participan en esa organización. La presidenta tiene la responsabilidad de evitar que las instituciones del Estado sean utilizadas para atribuir culpabilidades sin sustento. Especialmente cuando los señalados participan en la competencia política.
La autoridad moral de un discurso anticorrupción no depende de la dureza de las acusaciones, sino de la consistencia con que se exige rendición de cuentas a todos los involucrados.
Después de casi ocho años de gobiernos identificados con la Cuarta Transformación, las explicaciones basadas exclusivamente en la herencia recibida resultan insuficientes.
Si las empresas investigadas siguieron obteniendo contratos durante los años recientes, deben esclarecerse las razones.
Si las autoridades financieras habían detectado operaciones sospechosas desde antes, corresponde explicar qué hicieron. Y si la administración de Taddei incurrió en irregularidades, deben determinarse sus responsabilidades sin convertir las investigaciones en una confrontación contra quienes ahora participan en otro partido.
La verdadera cuestión no es elegir entre investigar a Guadalupe Taddei o investigar a Lorenzo Córdova.
Es impedir que la búsqueda de responsabilidades se transforme en una disputa política que termine dejando sin esclarecer los hechos.
México necesita conocer quiénes contrataron, quiénes supervisaron, quiénes omitieron actuar y qué consecuencias tuvo todo ello para los recursos públicos. También necesita la garantía de que la crisis del INE no será utilizada para justificar decisiones que comprometan la independencia electoral.
Porque una democracia no se fortalece sustituyendo la investigación por la acusación pública, ni trasladando las culpas de una administración a otra. Se fortalece cuando las mismas reglas se aplican a todos, incluso a quienes ejercen el poder. |
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