En nuestra columna anterior analizamos cómo la Cuarta Transformación, después de casi ocho años en el poder, enfrenta una creciente presión financiera que la obliga a recaudar más impuestos, incrementar el endeudamiento y exigir mayores recursos a los contribuyentes para sostener sus compromisos presupuestarios.
Pero existe una pregunta todavía más preocupante: ¿qué sucederá cuando el dinero ya no alcance para cumplir las promesas de la Cuarta Transformación?
Porque una cosa es anunciar programas sociales, presumir depósitos bimestrales y convertir las Pensiones del Bienestar en una de las principales banderas políticas del gobierno, y otra muy distinta es garantizar que existan recursos suficientes para financiarlas durante las próximas décadas.
El problema no son los adultos mayores que reciben una pensión, pues se trata de un derecho constitucional. El verdadero problema es la capacidad financiera del Estado para sostener compromisos cada vez mayores sin comprometer los servicios públicos ni hipotecar el futuro económico del país.
El Paquete Económico 2027 propone destinar 1 billón 25 mil 388 millones de pesos a programas sociales prioritarios, de los cuales aproximadamente 543 mil 500 millones corresponden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Esto representa casi 1,489 millones de pesos diarios destinados exclusivamente a ese programa. Una obligación presupuestaria de enormes dimensiones que exige ingresos permanentes, crecimiento económico y una administración responsable de los recursos públicos.
Sin embargo, las cifras de Hacienda revelan un panorama preocupante.
En 2018, cuando López Obrador llegó al poder, la deuda pública representaba aproximadamente el 43.6% del Producto Interno Bruto. Para 2024 había alcanzado el 52% y las proyecciones oficiales para 2027 la sitúan en 55% del PIB.
Es decir, un incremento de 11.4 puntos porcentuales respecto al inicio de la llamada Cuarta Transformación. Aunque este crecimiento no puede atribuirse exclusivamente a los programas sociales, sí demuestra que el Estado ha acumulado obligaciones financieras cada vez mayores.
Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), al analizar el Paquete Económico 2027, identifica ingresos presupuestarios estimados en 9.16 billones de pesos, frente a un gasto neto pagado de aproximadamente 10.52 billones.
La diferencia asciende a 1.36 billones de pesos.
Ese desequilibrio revela la magnitud del desafío: México debe financiar pensiones, servicios públicos, intereses de la deuda y otras obligaciones, incluidos los apoyos a PEMEX, mientras intenta contener el déficit y mantener la estabilidad de las finanzas públicas.
La administración de Claudia Sheinbaum proyecta reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público de 4.1% del PIB en 2026 a 3.9% en 2027. Sin embargo, esa reducción no elimina el déficit ni la necesidad de seguir recurriendo al financiamiento. Y aquí surge una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo podrá México sostener esta combinación de gasto creciente, endeudamiento y obligaciones permanentes si la economía no genera los recursos suficientes?
La Secretaría de Hacienda prevé que los ingresos tributarios alcancen el 15.9% del PIB en 2027 y proyecta un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5%.
Pero esas expectativas no constituyen una garantía. Si la recaudación o el crecimiento resultan inferiores a lo previsto, el gobierno tendrá que revisar sus prioridades, contener determinados gastos o recurrir a mayor endeudamiento.
La 4T ha demostrado cuánto dinero puede repartir. Lo que todavía debe demostrar es cómo garantizará que ese dinero nunca falte.
Aquí aparece una de las principales contradicciones del discurso oficial: mientras el gobierno presume los programas sociales como uno de sus mayores logros, las propias cifras presupuestarias muestran que los recursos son limitados y que cada nueva obligación reduce el margen para atender otras necesidades nacionales.
Las pensiones para adultos mayores están reconocidas en el artículo 4 de la Constitución. No son una concesión personal de López Obrador, Claudia Sheinbaum ni Morena.
Son derechos de los mexicanos financiados con recursos públicos, no con el patrimonio de un partido político. Por eso resulta cuestionable que se utilicen como bandera de promoción política sin explicar con suficiente claridad cómo se garantizará su sostenibilidad durante las próximas décadas.
El gobierno debe entender que distribuir recursos no equivale necesariamente a generar riqueza. Las transferencias pueden aliviar necesidades inmediatas, pero no sustituyen una política económica capaz de impulsar la inversión, la productividad, los empleos formales y el crecimiento sostenido.
México necesita pensiones dignas, pero también hospitales equipados, medicamentos, escuelas de calidad, seguridad pública e infraestructura que fortalezca la actividad económica. Un país no puede construir su futuro únicamente sobre la distribución de recursos; también necesita producir la riqueza que permita financiarlos.
No existe evidencia suficiente para afirmar que las Pensiones del Bienestar estén a punto de suspenderse. Sin embargo, tampoco sería responsable ignorar las presiones financieras que revelan las cifras oficiales.
La verdadera discusión no consiste en cuestionar el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión, sino en exigir que el gobierno garantice su permanencia sin trasladar una carga excesiva a las generaciones futuras.
Claudia Sheinbaum tiene la responsabilidad de explicar cómo sostendrá estos compromisos mientras aumenta la deuda y persisten necesidades urgentes en salud, educación y seguridad. Porque la sostenibilidad financiera no se demuestra con conferencias de prensa ni con propaganda política. Se demuestra con crecimiento económico, disciplina presupuestaria, resultados verificables y capacidad para cumplir las obligaciones del Estado.
El verdadero riesgo no es apoyar a quienes lo necesitan, sino convertir compromisos legítimos en obligaciones crecientes sin fortalecer suficientemente la economía que debe sostenerlos.
La Cuarta Transformación ha convertido los programas sociales en uno de los principales símbolos de su proyecto político. Ahora debe demostrar que cuenta con una estrategia financiera capaz de garantizar esos derechos durante décadas.
Porque los discursos no pagan intereses, las consignas no reducen la deuda y la propaganda no sustituye el crecimiento económico.
La factura de las decisiones públicas siempre llega. Y el verdadero fracaso sería que terminaran pagándola las generaciones que nunca participaron en ellas. |
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