Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 bajo las siglas de Morena, millones de mexicanos creyeron que finalmente comenzaría una transformación profunda del país.
La llamada Cuarta Transformación prometía acabar con la corrupción, terminar con los privilegios de la clase política, limpiar las instituciones y devolverle al pueblo la confianza en el gobierno. Morena se presentó como el movimiento que venía a destruir las viejas prácticas del PRI y del PAN, prometiendo que jamás repetiría los excesos y abusos de los gobiernos anteriores.
Durante años, ese discurso funcionó. Morena logró construir una narrativa de superioridad moral basada en la idea de que representaban algo distinto.
Pero el tiempo, el poder y las decisiones de gobierno comienzan inevitablemente a pasar factura.
Hoy, en 2026, la percepción de desgaste alrededor de la 4T empieza a crecer peligrosamente.
Ya no se trata únicamente de críticas de la oposición, sino de una acumulación constante de polémicas, escándalos, contradicciones y conflictos que están golpeando la credibilidad del movimiento.
Uno de los nombres que más ha aparecido recientemente en medio de investigaciones y señalamientos es el de Adán Augusto López Hernández. El exsecretario de Gobernación y una de las figuras más cercanas al obradorismo quedó atrapado en una serie de publicaciones periodísticas relacionadas con presuntas irregularidades financieras, operaciones millonarias y posibles esquemas de lavado de dinero.
Las investigaciones revelaron movimientos financieros superiores a decenas de millones de pesos que desataron dudas sobre el origen real de los recursos. Aunque Adán Augusto aseguró que su patrimonio provenía de herencias, actividades notariales, renta de propiedades y ganado, el escándalo detonó cuestionamientos sobre transparencia patrimonial y posible evasión fiscal.
El golpe político se volvió todavía más delicado cuando comenzaron a surgir señalamientos relacionados con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto, quien fue vinculado públicamente con presuntas relaciones con el grupo criminal “La Barredora”. El problema para Morena es evidente: durante años el movimiento construyó su narrativa acusando a gobiernos anteriores de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.
Hoy, varios de esos señalamientos comienzan a rozar directamente a figuras del propio oficialismo.
La situación en Sinaloa terminó agravando todavía más el panorama político para la 4T. El gobernador Rubén Rocha Moya quedó bajo presión luego de que comenzaran investigaciones y versiones relacionadas con exfuncionarios de su administración que terminaron entregándose a autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Entre los nombres más delicados aparecen Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas. Las versiones sobre posibles redes de financiamiento político ligadas al narcotráfico provocaron que la oposición comenzara a hablar abiertamente de una posible “narco-política” dentro de Morena.
Pero quizá uno de los señalamientos más devastadores para Morena es el relacionado con las acusaciones sobre presunto financiamiento criminal en campañas electorales. Diversos analistas, investigaciones periodísticas y versiones provenientes de Estados Unidos comenzaron a colocar bajo sospecha la posibilidad de que grupos del crimen organizado hubieran intervenido económicamente en procesos políticos clave, particularmente en las elecciones presidenciales de 2018 y 2024.
Las acusaciones apuntan a que ciertos grupos criminales habrían operado territorialmente, financiado estructuras locales, movilizado recursos o favorecido candidaturas vinculadas al oficialismo en regiones específicas del país. Aunque hasta el momento no existen sentencias judiciales definitivas que acrediten dichos señalamientos, el simple hecho de que esas versiones hayan alcanzado dimensión internacional representa un golpe político brutal para un movimiento que construyó toda su identidad bajo el discurso de combatir corrupción y criminalidad.
El problema para Morena es que la narrativa empieza a ser devastadora: el partido que prometió limpiar al país hoy enfrenta sospechas sobre posibles pactos de poder con estructuras criminales.
Y aunque el oficialismo insiste en denunciar campañas mediáticas y ataques políticos desde el extranjero, la percepción pública comienza lentamente a deteriorarse.
Mientras tanto, la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en años.
El regreso de Donald Trump endureció la presión sobre temas relacionados con narcotráfico, seguridad fronteriza, lavado de dinero y cooperación bilateral.
Las tensiones crecieron todavía más tras el llamado caso Chihuahua–CIA, ocurrido el 19 de abril de 2026, luego del accidente donde murieron agentes relacionados con operaciones estadounidenses contra el narcotráfico. Morena acusó a la gobernadora panista Maru Campos de permitir intervención extranjera en territorio mexicano, mientras la oposición respondió acusando al oficialismo de utilizar el nacionalismo y la narrativa de “soberanía nacional” para distraer la atención de los escándalos relacionados con Sinaloa.
Esa narrativa soberanista se ha convertido en uno de los principales discursos del gobierno federal en los últimos meses. Cada vez que aparecen señalamientos internacionales relacionados con narcotráfico, seguridad o presuntas redes criminales, Morena responde denunciando injerencias extranjeras y ataques políticos desde el exterior.
Sin embargo, para millones de mexicanos el problema ya no es únicamente el discurso, sino la realidad cotidiana de un país donde continúan creciendo las desapariciones, las ejecuciones, las fosas clandestinas y el control territorial del crimen organizado.
La estrategia de seguridad heredada del sexenio de López Obrador sigue siendo uno de los mayores pasivos políticos de la Cuarta Transformación.
La política de “abrazos, no balazos” terminó convirtiéndose para muchos ciudadanos en símbolo de debilidad gubernamental frente al crimen organizado.
A esto se suma el proceso de militarización que ha vivido el país en los últimos años. Morena, que durante mucho tiempo criticó el uso de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, hoy mantiene al Ejército controlando aeropuertos, puertos, aduanas, obras públicas y seguridad pública. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya permanecen bajo administración militar mientras crecen las críticas sobre concentración de poder y debilitamiento institucional.
Precisamente la concentración de poder es otro de los temas que más persiguen actualmente a Morena. La desaparición o debilitamiento de organismos autónomos y reguladores bajo el argumento de austeridad y simplificación administrativa ha provocado fuertes críticas de especialistas y sectores opositores.
La reforma judicial impulsada por el oficialismo terminó profundizando esas preocupaciones. Morena defendió durante meses la elección popular de jueces y magistrados como una democratización histórica del Poder Judicial. Sin embargo, en mayo de 2026 el propio gobierno reconoció fallas y problemas en el proceso, abriendo incluso la posibilidad de aplazar la siguiente elección judicial hasta 2028.
La situación provocó críticas por improvisación, baja participación ciudadana y falta de planeación. Lo que Morena presentó como una transformación histórica comenzó a verse para muchos ciudadanos como un experimento político apresurado y riesgoso.
Algo similar ocurre con la reforma electoral impulsada por el oficialismo. Entre las propuestas más polémicas se encuentran la reducción del Senado, cambios al financiamiento público de partidos políticos y la posible eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Especialistas advirtieron riesgos para la transparencia electoral y para la confianza en los procesos democráticos.
Las tensiones internas dentro del propio movimiento también comienzan a ser cada vez más visibles. La llegada de Ariadna Montiel detonó disputas internas, acusaciones entre grupos políticos y enfrentamientos rumbo a las elecciones de 2027.
Morena, que durante años presumió unidad absoluta, comienza ahora a exhibir fracturas internas, grupos enfrentados y luchas por candidaturas y control político territorial.
La relación con el magisterio tampoco atraviesa un momento sencillo. En mayo de 2026 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció un paro nacional indefinido a pocos días del Mundial 2026.
Los maestros acusaron que el aumento salarial anunciado por el gobierno federal fue engañoso y denunciaron que Morena terminó repitiendo prácticas similares a las de gobiernos anteriores.
En educación pública también creció la polémica por el modelo de evaluación impulsado por la Secretaría de Educación Pública. El 7 de mayo de 2026, la Suprema Corte resolvió el amparo en revisión 419/2025 relacionado con el Acuerdo 10/09/23 de la SEP sobre evaluación en educación básica.
Aunque la Corte respaldó jurídicamente el modelo, crecieron las críticas sobre la llamada “no reprobación”, debido a que miles de estudiantes continúan avanzando de grado sin dominar conocimientos básicos.
A eso se sumó el caos generado por el secretario de Educación Pública Mario Delgado respecto al calendario escolar 2025-2026. Primero anunció que el ciclo escolar terminaría antes debido al calor y al Mundial. Después, la presidenta Claudia Sheinbaum salió públicamente a desmentirlo. Más tarde, Mario Delgado volvió a modificar el discurso oficial. El resultado fue una imagen de improvisación y desorganización dentro del propio gobierno federal.
En Veracruz, Morena también enfrenta desgaste político severo.
A principios de mayo de 2026 explotó el escándalo relacionado con medicamentos caducos encontrados en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa y en el Hospital “Dr. Luis F. Nachón” de Xalapa.
El caso golpeó directamente a la gobernadora Rocío Nahle debido a que los medicamentos vencidos estaban relacionados con tratamientos oncológicos. Resultó devastador para la narrativa oficialista que un movimiento que prometió humanismo y transformación terminara enfrentando acusaciones relacionadas con medicamentos caducos para pacientes con cáncer.
Y como si eso no fuera suficiente, en Veracruz también estalló recientemente la polémica relacionada con el diputado federal de Morena Zenyazen Escobar García.
Todo comenzó el 18 de mayo de 2026, cuando un yate identificado como “Squalo” se incendió en la Riviera Veracruzana. Tras el accidente comenzaron rumores y versiones en redes sociales que señalaban a Zenyazen como supuesto propietario de la embarcación.
Aunque el legislador negó públicamente ser dueño del yate y aseguró que únicamente ayudó en el rescate de personas lesionadas, la polémica detonó una fuerte ola de críticas y cuestionamientos sobre el estilo de vida de algunos personajes de Morena.
Porque ese es justamente otro de los grandes problemas que enfrenta actualmente la 4T: el desgaste de la autoridad moral.
Morena llegó al poder prometiendo austeridad, humildad y cercanía con el pueblo. Pero hoy comienzan a aparecer imágenes, escándalos y estilos de vida que muchos ciudadanos consideran completamente alejados de aquel discurso original. La oposición continúa fragmentada, sí. Pero el verdadero problema para Morena ya no parece ser únicamente la oposición política.
El verdadero problema comienza a ser algo mucho más peligroso: la pérdida total de credibilidad.
Porque cuando un movimiento político promete combatir la corrupción y termina rodeado de acusaciones de lavado de dinero, presuntos vínculos criminales, operadores bajo sospecha y posibles financiamientos ilegales de campañas, el discurso moral simplemente se derrumba. Cuando un partido promete austeridad y aparecen yates, lujos, operadores multimillonarios y élites políticas viviendo exactamente como aquellos a quienes antes criticaban, la narrativa se destruye sola.
Cuando un gobierno promete seguridad y el país sigue atrapado entre fosas clandestinas, narcotráfico, desapariciones y regiones controladas por grupos criminales, ya no bastan las conferencias mañaneras, los discursos patrióticos ni las acusaciones contra la oposición.
Y quizá ahí se encuentra el mayor riesgo para Morena.
Porque el desgaste político puede resistirse.
La polarización puede administrarse.
Las elecciones pueden ganarse.
Pero cuando un movimiento pierde autoridad moral, pierde aquello que le daba legitimidad frente a millones de personas.
Y hoy la pregunta que comienza a crecer en México ya no es si Morena sigue siendo fuerte electoralmente.
La verdadera pregunta es si la Cuarta Transformación terminó convirtiéndose exactamente en aquello que juró destruir. |
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