Hay imágenes que explican mejor un gobierno que cien conferencias de prensa. Mientras trabajadores de hospitales públicos de Veracruz protestan por falta de medicamentos, jeringas, material de curación y equipo; mientras médicos denuncian dificultades para realizar procedimientos y pacientes tienen que comprar parte de lo necesario para recibir atención, surgió una escena que sintetiza perfectamente la contradicción que atraviesa el sistema de salud veracruzano.
La secretaria de Salud, Mariela Hernández García, y Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, fueron vistos en el Hospital Ángeles de Xalapa, una institución privada. De acuerdo con publicaciones difundidas inicialmente en redes sociales y posteriormente retomadas por medios locales, el esposo de la secretaria habría requerido atención médica de urgencia y fue atendido ahí; Ramos Alor también fue visto en el lugar.
Nadie cuestiona el derecho de una persona a elegir el hospital que considere conveniente. El problema es la enorme contradicción entre el discurso y los hechos. Si quienes administran y defienden el sistema público pueden acudir a la medicina privada, los veracruzanos también tienen derecho a preguntar: ¿por qué cuando la enfermedad toca la puerta de quienes gobiernan la salud aparece como opción inmediata un hospital privado?
Durante meses nos han pedido confiar. En enero, el Gobierno estatal anunció una inversión de 483 millones de pesos para medicamentos y material de curación y el reparto de más de 10.6 millones de piezas. Sin embargo, meses después volvieron las denuncias por falta de materiales y medicamentos. Si los anuncios fueron tan importantes, alguien debe explicar por qué los trabajadores continúan reclamando insumos elementales.
Y ahora la crisis adquirió una dimensión todavía más delicada: el sarampión entró al Centro Estatal de Cancerología (CECAN) de Xalapa, precisamente una institución donde se atiende a pacientes que por su enfermedad y tratamientos pueden encontrarse en condiciones de especial vulnerabilidad. La Secretaría de Salud federal confirmó, al corte del 15 de septiembre, 16 casos vinculados al brote: 12 trabajadores de salud, tres pacientes y un familiar, además de dos defunciones entre los casos confirmados. Una corresponde a una niña de 10 años que se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin; respecto del segundo caso, un joven de 22 años, la autoridad informó que la dictaminación estaba prevista para el 17 de septiembre.
Pero todavía apareció un señalamiento más grave. Médicos del propio CECAN denunciaron que el brote llevaría alrededor de un mes y que se habría tratado de minimizar. De acuerdo con esos testimonios, el contagio habría alcanzado no solamente al personal sino también a pacientes de consulta externa, precisamente personas que enfrentan tratamientos contra el cáncer. Uno de los médicos relacionó además las dificultades para contener el brote con la falta de personal suficiente. Son denuncias que deben investigarse y no hechos que puedan darse automáticamente por acreditados, pero plantean una pregunta brutalmente sencilla: ¿desde cuándo sabían las autoridades lo que estaba ocurriendo dentro del CECAN y qué hicieron para detenerlo?
La situación fue suficientemente seria para que la Secretaría de Salud federal enviara a Xalapa personal especializado de la Dirección General de Epidemiología y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. El propio secretario de Salud federal, David Kershenobich, se reunió con Mariela Hernández, representantes del IMSS-Bienestar y la dirección del CECAN para revisar las acciones de contención. Se reforzaron la vigilancia epidemiológica, la vacunación, la búsqueda activa de casos, el seguimiento de contactos y la identificación de cadenas de transmisión.
Y eso vuelve todavía más incómodo el contraste. Mientras desde Veracruz se intenta transmitir que la situación está controlada, la Federación tuvo que desplegar especialistas y el secretario de Salud federal acudió personalmente a revisar lo que ocurría dentro de Cancerología. No estamos hablando de cualquier hospital. Estamos hablando de una institución que atiende a niños y adultos con cáncer.
Pero sería un error pensar que esta crisis comenzó con el sarampión o en septiembre de 2026. La enfermedad administrativa del sector viene de mucho antes y obliga a revisar lo ocurrido durante el gobierno de Cuitláhuac García. Roberto Ramos Alor ya fue secretario de Salud en aquella administración y salió del cargo en mayo de 2022, en medio de señalamientos por medicamentos oncológicos almacenados mientras familiares de menores con cáncer denunciaban escasez. Cuatro años después regresó a una posición central como coordinador estatal del IMSS-Bienestar.
La pregunta resulta inevitable: ¿qué evaluación se hizo de aquella gestión para que Ramos Alor terminara nuevamente convertido en pieza fundamental de la salud pública de Veracruz? No estamos hablando de un funcionario que desconozca el sistema. Conoce desde dentro sus hospitales, su estructura y los problemas que durante años han denunciado pacientes y trabajadores.
La administración de Rocío Nahle comenzó con Valentín Herrera Alarcón como secretario de Salud. Su salida, en enero de 2026, fue explicada oficialmente como un regreso al ISSSTE para completar su proceso de jubilación, aunque paralelamente circularon versiones periodísticas sobre el poco margen administrativo que conservaba después de la transferencia de servicios al IMSS-Bienestar. Esa versión no ha sido acreditada oficialmente, pero deja una pregunta que sigue vigente: ¿quién manda realmente en la salud de Veracruz y quién responde cuando las cosas salen mal?
En lugar de Herrera llegó Mariela Hernández García. Es importante precisar que sí tiene formación médica: es médica cirujana y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional, cuenta con estudios de Administración Hospitalaria y fue directora hospitalaria. Pero inmediatamente antes de asumir una de las responsabilidades sanitarias más delicadas del estado venía de ser presidenta municipal de Las Choapas. Y al anunciar su nombramiento, Rocío Nahle destacó que era una mujer “seria, responsable y leal”.
Leal. La palabra merece quedarse escrita. Veracruz no necesitaba únicamente lealtad política; necesitaba capacidad para poner orden en un sistema atravesado por carencias, reclamos laborales, problemas administrativos, una emergencia epidemiológica y cuentas con observaciones multimillonarias. Los enfermos no necesitan funcionarios leales a un proyecto político: necesitan medicamentos, médicos, camas, quirófanos funcionando y cuentas transparentes.
El verdadero escándalo está en las cuentas
Porque aquí la historia se vuelve todavía más grave. Mientras hoy se discute la falta de insumos y un brote de sarampión dentro de Cancerología, los informes oficiales de fiscalización muestran cantidades enormes pendientes de aclaración. No son rumores de Facebook ni acusaciones de la oposición: son resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS).
En la Cuenta Pública 2023, la ASF realizó una auditoría de cumplimiento forense sobre contratos y erogaciones de los Servicios de Salud de Veracruz y determinó 1,195 millones 724 mil 268 pesos pendientes por aclarar, equivalentes al 98.2 por ciento de la muestra auditada. Esto no significa que todo ese dinero haya sido declarado robado, pero sí que la autoridad fiscalizadora encontró una cantidad extraordinaria cuyo ejercicio no quedó satisfactoriamente aclarado dentro de esa revisión.
Y llegó 2024, el último año de Cuitláhuac García, y apareció otro golpe: la ASF determinó 1,078 millones 10 mil 305 pesos por aclarar en recursos federales transferidos a Veracruz para salud y señaló debilidades en el control interno de SESVER. Nuevamente, más de mil millones de pesos bajo cuestionamientos de fiscalización.
No deben sumarse esas cifras para afirmar irresponsablemente que todo fue robado. Son auditorías distintas y existen procedimientos de solventación, recuperación y determinación de responsabilidades. Pero tampoco podemos minimizar lo que significan políticamente: dos ejercicios consecutivos del sector salud terminaron con observaciones o montos pendientes de aclarar por cantidades gigantescas.
Y hay más. En la revisión de 2024 sobresale un pliego de observaciones por alrededor de 730 millones de pesos, relacionado con pagos efectuados con recursos destinados a la atención de la salud y medicamentos gratuitos para población sin seguridad social. También aparece otro monto de aproximadamente 93.5 millones de pesos relacionado con un servicio subrogado y deficiencias en la documentación revisada.
Setecientos treinta millones de pesos en un solo señalamiento mientras hoy médicos reclaman herramientas para trabajar. Ésa es la contradicción que indigna: las auditorías hablan de millones y los hospitales hablan de jeringas; los expedientes hablan de contratos y los médicos de materiales que no llegan.
El ORFIS también detectó en la Cuenta Pública 2024 de SESVER observaciones que incluyeron 56 millones 665 mil 280 pesos relacionados con anticipos pendientes de amortizar en contratos para sistemas fotovoltaicos, plantas de emergencia y almacenamiento de energía destinados a unidades hospitalarias. También hubo otras observaciones financieras y de obra pública.
Entonces las preguntas son obligadas: ¿quién autorizó los contratos?, ¿quién firmó?, ¿quién supervisó?, ¿quién verificó que los bienes y servicios fueran entregados?, ¿cuánto dinero se recuperó?, ¿qué funcionarios fueron sancionados y cuánto continúa pendiente de aclaración?
Cuando la sociedad habla coloquialmente de “raterías” en Salud, jurídicamente debemos ser precisos: una observación de auditoría no equivale automáticamente a robo, peculado o desvío probado. Eso deberán determinarlo las autoridades. Pero esa precisión tampoco puede utilizarse para minimizar el tamaño del desastre administrativo documentado.
Los ejercicios 2023 y 2024 pertenecen al gobierno de Cuitláhuac García. Ramos Alor ya no era secretario en esos años y sería incorrecto responsabilizarlo personalmente de esas observaciones, pero tampoco puede borrarse su lugar en la historia del sector: encabezó Salud entre 2018 y 2022 y hoy vuelve a ocupar una posición central mientras el sistema enfrenta otra crisis.
Cambian funcionarios, cambia el modelo, se transfieren hospitales al IMSS-Bienestar y llegan nuevos discursos, pero permanece la misma pregunta: ¿cómo puede un sector que ha manejado cantidades multimillonarias seguir sin garantizar lo elemental?
Ramos Alor sobrevive a todo
Hace apenas unos días, médicos residentes reclamaron a Ramos Alor la falta de insumos para realizar procedimientos. Una residente cuestionó cómo atender a pacientes que esperaban cirugía y el funcionario respondió: “si usted no quiere operar… pues no opere”. La indignación fue tal que posteriormente ofreció una disculpa.
Rocío Nahle calificó sus palabras como “muy desafortunadas”, pero cuando le preguntaron si Ramos Alor debía abandonar el cargo respondió: “por supuesto que no”, aseguró que “nos ha ayudado muchísimo” y destacó su participación en las llamadas Camionetitas de la Salud.
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que un funcionario deje de ser políticamente defendible? ¿No bastan las protestas, el desabasto, los reclamos de médicos y una respuesta de semejante insensibilidad? ¿Tampoco basta ahora un brote de sarampión dentro de Cancerología que obligó a la Federación a reforzar directamente la respuesta epidemiológica?
Nahle decidió sostenerlo y, desde ese momento, la responsabilidad política ya no corresponde solamente a Ramos Alor. También alcanza a la gobernadora. Cuando quien gobierna conoce las declaraciones de un funcionario, las protestas, las carencias denunciadas y la gravedad de lo que ocurre en los hospitales, y aun así decide mantenerlo, asume políticamente el costo de esa decisión.
Tampoco puede argumentarse eternamente que una parte corresponde al IMSS-Bienestar federal y otra a la Secretaría estatal. Para el paciente esa arquitectura burocrática significa muy poco cuando llega al hospital y el medicamento no está, cuando una cirugía se retrasa o cuando aparece un brote infeccioso dentro de una institución que atiende a pacientes especialmente vulnerables.
Dos realidades sanitarias
Por eso adquiere tanta fuerza lo ocurrido en el Hospital Ángeles. No porque utilizar un hospital privado constituya una irregularidad ni porque deba cuestionarse la situación médica del esposo de la secretaria. Importa por lo que representa políticamente: la distancia entre quien puede elegir y quien solamente puede esperar.
Existe una realidad para quien puede pagar y otra para quien depende completamente del Estado. Una donde una urgencia permite buscar inmediatamente otra institución y otra donde una familia termina recorriendo farmacias para conseguir medicamentos. Cuando quienes conocen desde dentro el funcionamiento del sistema público recurren a una institución privada para atender una emergencia familiar, el ciudadano tiene derecho a preguntarse por qué.
No es un delito. No es una irregularidad. Es una contradicción política monumental.
Y aquí debería comenzar la verdadera rendición de cuentas. El Gobierno tendría que publicar el estado actualizado de las observaciones de ASF y ORFIS relacionadas con SESVER: cuáles fueron solventadas, cuánto dinero se recuperó, cuáles siguen pendientes, qué expedientes llegaron a órganos de control o fiscalías y qué servidores públicos fueron investigados o sancionados.
Porque hablar de malversaciones exige demostrar responsabilidades individuales, pero hablar de irregularidades, montos pendientes de aclarar, pliegos de observaciones y fallas de control ya no requiere especulación: está escrito en documentos oficiales.
Y las cifras son demasiado grandes para ignorarlas: 1,195.7 millones de pesos pendientes por aclarar en la auditoría de 2023; 1,078 millones en 2024; un pliego de aproximadamente 730 millones dentro de esa última revisión y decenas de millones adicionales observados por el ORFIS.
Frente a esas cifras, en septiembre de 2026 seguimos hablando de falta de insumos y ahora también de un brote de sarampión dentro del CECAN que oficialmente suma 16 casos confirmados y que obligó a desplegar especialistas federales.
Ahí está el verdadero escándalo. No solamente en que falten medicamentos, sino en que después de presupuestos multimillonarios, contratos, programas, federalizaciones, anuncios y discursos, Veracruz haya llegado nuevamente al punto en que sus trabajadores tienen que salir a protestar para exigir lo necesario para atender a un paciente y la Federación tenga que reforzar la respuesta ante un brote dentro de Cancerología.
Rocío Nahle heredó buena parte de los problemas administrativos de la gestión anterior, pero gobernar significa investigar lo heredado, transparentarlo, corregirlo y evitar que continúe. Ya no basta con anunciar cajas de medicamentos. Hay que abrir las cuentas, explicar los contratos, aclarar las observaciones, determinar responsabilidades cuando corresponda y, ahora también, explicar con absoluta transparencia cuándo comenzó realmente el brote del CECAN, cuándo lo conocieron las autoridades y si se actuó oportunamente para proteger a pacientes y trabajadores.
Porque mientras unos pueden escoger hospital, otros tienen que escoger qué medicamento pueden pagar. Mientras unos encuentran inmediatamente una alternativa privada, otros esperan una cirugía. Y mientras desde el gobierno se habla de control, médicos del propio CECAN denuncian que el brote llevaba semanas y había sido minimizado. Esa denuncia debe investigarse hasta sus últimas consecuencias.
Y mientras el gobierno defienda funcionarios sin responder completamente por las carencias, las cuentas pendientes y ahora también por lo ocurrido en Cancerología, seguirá existiendo una pregunta imposible de borrar:
¿cómo pudo faltar tanto, fallar tanto y acumularse tantos cuestionamientos después de haberse manejado tanto dinero?
Ésa es la herida que Veracruz necesita cerrar. Porque la enfermedad más grave del sistema de salud veracruzano ya no está solamente en sus hospitales: está también en sus cuentas, en sus omisiones y en la forma en que se gobierna. |
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