Lenia Batres decidió llamarse a sí misma “ministra del pueblo”. El sobrenombre funciona para la propaganda, pero resulta preocupante dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. México no necesita ministros del pueblo, del gobierno, de Morena, de los empresarios ni de la oposición. Necesita ministros de la Constitución.
Y ese es precisamente el problema con Batres: cada vez resulta más difícil separar a la juzgadora de la figura política.
Su llegada a la Suprema Corte estuvo precedida por una trayectoria mucho más cercana a la política y a la administración pública que a una carrera jurisdiccional. Fue diputada federal, funcionaria del Gobierno de la Ciudad de México, asesora gubernamental y ocupó distintos cargos administrativos y jurídicos. En diciembre de 2023 llegó a la Corte por designación directa del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el Senado no alcanzara la mayoría necesaria para realizar el nombramiento.
Batres posee estudios jurídicos y negarlo sería absurdo. La pregunta es otra: ¿su preparación y experiencia han demostrado estar a la altura de la responsabilidad constitucional que desempeña y, sobre todo, de la posibilidad de presidir la Suprema Corte?
Sus actuaciones recientes permiten dudarlo.
El pasado 13 de agosto, después de que varios ministros cuestionaran partes de uno de sus proyectos, Batres denunció una supuesta “animadversión insana” en su contra. Sus propios compañeros rechazaron esa interpretación y defendieron que las diferencias eran estrictamente jurídicas.
El episodio retrató un problema de fondo. En un tribunal colegiado, que un proyecto sea rechazado no significa persecución. Significa que los argumentos no consiguieron los votos suficientes. Un ministro debe saber defender un proyecto, pero también debe saber perder una votación.
Más preocupante todavía fue lo ocurrido a finales de agosto.
Ante la ausencia momentánea del presidente Hugo Aguilar Ortiz, Batres quedó encargada de conducir el Pleno. Cuando pretendía avanzar hacia la votación de un asunto, el ministro Irving Espinosa Betanzo tuvo que intervenir para recordarle que antes debía abrirse la deliberación para escuchar a los demás integrantes.
Puede presentarse como un error menor.
No lo es.
Estamos hablando de la Suprema Corte. Si quien puede aspirar a presidir el máximo tribunal necesita que otro ministro le recuerde el procedimiento mientras conduce una sesión, resulta absolutamente legítimo preguntarse si está preparada para encabezar la institución.
No es un cuestionamiento ideológico. Es una cuestión de capacidad.
Y existen otras contradicciones.
En abril, cuando la Corte analizó una disposición del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS que excluía determinados aparatos y ayudas para niñas, niños y adolescentes, incluidos menores con discapacidad, Batres votó contra la declaratoria de invalidez.
Entonces vale preguntar: ¿dónde estaba la “ministra del pueblo” cuando el pueblo eran niños que necesitaban auxiliares auditivos, prótesis o implantes cocleares?
Porque el pueblo no es una categoría política que pueda utilizarse cuando conviene.
También son trabajadores, comerciantes, profesionistas, personas con discapacidad y, aunque resulte incómodo para cierta narrativa de la 4T, empresarios e inversionistas.
Precisamente el sector empresarial ha expresado preocupación por la posibilidad de que Batres llegue a presidir la Suprema Corte en 2027. La propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que empresarios le plantearon esa inquietud.
No debería minimizarse.
México necesita inversión y para tener inversión necesita certeza jurídica. Un empresario nacional o extranjero debe saber que sus controversias serán resueltas conforme a derecho y no conforme a simpatías políticas.
No se trata de tener una Corte al servicio de los empresarios. Se trata de tener una Corte al servicio de la Constitución.
Y ahora aparece la sucesión.
La reforma judicial dejó dudas respecto de las reglas para determinar quién deberá encabezar posteriormente la Suprema Corte. Bajo una interpretación del nuevo modelo, Batres podría suceder a Hugo Aguilar por haber obtenido la segunda mayor votación en la elección judicial.
La paradoja es brutal: reformaron prácticamente todo el Poder Judicial y dejaron abierta una controversia hasta sobre cómo debe determinarse la presidencia de la Corte.
Y en medio de esa disputa aparece una ministra profundamente identificada con el proyecto político gobernante.
Ese es el verdadero problema.
Lenia Batres puede ser de izquierda. Puede defender la austeridad. Puede combatir privilegios. Tiene todo el derecho de sostener una interpretación progresista de la Constitución.
Lo que no debería hacer es convertir la Suprema Corte en otra arena de la confrontación política nacional.
Porque un ministro no está para representar una causa.
Está para impartir justicia.
No está para defender una transformación.
Está para defender la Constitución.
Y tampoco debería interpretar cada derrota jurídica como una conspiración de sus adversarios.
La presidencia de la Suprema Corte exige conocimiento, experiencia, prudencia, capacidad para construir consensos y una independencia absoluta frente al poder político.
Por eso México debería preguntarse seriamente desde ahora:
¿Lenia Batres tiene esas condiciones para presidir la Suprema Corte?
Sus errores recientes, sus confrontaciones dentro del Pleno, su trayectoria predominantemente política y la incertidumbre que provoca su eventual llegada permiten tener dudas legítimas.
La 4T prometió liberar al Poder Judicial de intereses y privilegios. El peligro es que termine haciendo algo mucho peor: sustituir una Corte que acusaba de servir a las élites por otra identificada con el régimen.
Por eso quizá deberíamos abandonar de una vez el sobrenombre.
México no necesita una “ministra del pueblo”.
Necesita una ministra capaz.
Una ministra independiente.
Una ministra que comprenda que la toga está por encima de cualquier partido.
Porque la Suprema Corte no necesita militantes con toga. Necesita guardianes de la Constitución. |
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