El gobierno vende como hazaña histórica lo que, leído sin propaganda, se parece más a una maniobra administrativa sobre un sistema exhausto.
La promesa del nuevo Servicio Universal de Salud es seductora: que cualquier mexicano pueda atenderse en cualquier institución pública, sin importar si antes estaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o el sistema IMSS-Bienestar. El problema no está en la consigna. El problema está en la estructura real sobre la que quieren montar esa consigna: hospitales saturados, personal agotado, desabasto persistente y una desigualdad brutal en el dinero que se destina a cada paciente según el régimen al que pertenezca.
La primera trampa del discurso oficial es hablar de “universalidad” como si el solo decreto produjera camas, médicos, quirófanos y medicamentos. No los produce.
La propia ruta gubernamental establece que a partir de enero de 2027 arrancará una primera etapa de intercambio de servicios, pero el corazón operativo del modelo depende de convenios, reglas de operación, expedientes interoperables y un mecanismo de compensación financiera entre instituciones.
Es decir: anuncian el acceso sin haber resuelto por completo quién paga, cómo paga y con qué capacidad instalada se sostendrá.
Y ahí aparece la segunda trampa: la desigualdad presupuestaria que el gobierno pretende esconder bajo el barniz de la credencial única.
En 2026, el presupuesto federal en salud asciende a 965.7 mil millones de pesos, pero sigue estancado como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en 2.5%, muy lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Peor aún: el aumento no corrige la inequidad, la profundiza. Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentra el mayor incremento, los recursos para la población sin seguridad social se mantienen en niveles históricamente bajos.
Los números son demoledores porque desnudan la mentira política. El gasto per cápita ronda los 9,635 pesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 11,531 pesos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mientras que en IMSS-Bienestar apenas se ubica alrededor de los 4 mil pesos por persona.
Traducido sin eufemismos: el Estado mexicano ya atiende a unos ciudadanos con más del doble —e incluso casi el triple— de recursos que a otros.
Y aun así pretende convencernos de que abrir la puerta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a una demanda todavía mayor no reventará el sistema. La injusticia no sólo está entre instituciones; también está en la prioridad política. En 2026, las instituciones que atienden a personas sin seguridad social formal —principalmente IMSS-Bienestar, la Secretaría de Salud (SSA) y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)— operan con recursos limitados frente al tamaño de la población que deben atender, mientras que el gasto para población asegurada formalmente crece con mayor consistencia.
La brecha no se achica con la reforma: se ensancha.
Ese dato, por sí solo, debería bastar para desmontar la propaganda presidencial. Porque si el gobierno realmente quiere construir un sistema universal serio, el primer paso sería elevar de forma drástica la capacidad del IMSS-Bienestar y de la red estatal para que la población sin seguridad social deje de llegar tarde, mal o nunca a la atención.
Pero hace exactamente lo contrario: mantiene débil el brazo que atiende a los más pobres y, al mismo tiempo, promete libre tránsito hacia las instituciones contributivas.
Es una receta casi perfecta para desfondar la atención de quienes sí cotizan sin resolver de fondo el abandono de quienes no cotizan.
Hay otra forma de ver el engaño: revisar lo que cuesta realmente cada servicio cuando alguien sin derechohabiencia acude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los costos unitarios revelan una realidad incómoda: 1,296 pesos por consulta de medicina familiar, más de 15 mil pesos por un día de hospitalización.
El punto no es el número aislado. El punto es que la atención médica cuesta dinero real, mucho dinero, y el gobierno está ampliando accesos sin explicar con honestidad de dónde sale el financiamiento suficiente para absorber mayor demanda sin deteriorar el servicio.
La narrativa oficial dice que la credencial universal simplifica trámites. Puede ser. Pero simplificar el ingreso no equivale a garantizar la atención.
Se puede entrar más fácil a una clínica y, al mismo tiempo, encontrar filas más largas, más cirugías diferidas, menos consultas de especialidad disponibles y más presión sobre el abasto de medicamentos. De hecho, el propio diseño presupuestario muestra que el gasto en medicamentos sigue siendo profundamente desigual entre instituciones, lo que anticipa que la saturación no viene sola: viene acompañada de escasez.
El golpe más delicado está en lo que todavía no está resuelto. La propia arquitectura del modelo contempla que la institución de adscripción del paciente compense los costos a la institución que lo atiende. Si esa ingeniería financiera no está plenamente diseñada, auditada y fondeada antes de abrir compuertas, la “universalidad” corre el riesgo de convertirse en una cadena de adeudos y simulación presupuestal.
Un sistema no se integra con slogans; se integra con reglas claras, dinero suficiente y capacidad física comprobable.
Más aún: el antecedente reciente del sector salud no inspira confianza.
Entre recortes, subejercicios, recentralización y debilitamiento de fondos como el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), lo que predomina no es una expansión robusta del derecho a la salud, sino una política de improvisación.
Pedir fe en una nueva promesa de universalidad, después de ese historial, no es serio.
Por eso la crítica de fondo no es contra la idea de que todos puedan atenderse donde haya capacidad. Esa idea, bien financiada y bien planeada, sería deseable.
La crítica es contra la indecencia de presentar como reforma histórica lo que hoy parece, en el mejor de los casos, un rediseño administrativo incompleto, y en el peor, una transferencia política de costos hacia instituciones ya saturadas. Porque cuando el gobierno presume una credencial nueva sin garantizar médicos, camas, insumos, reglas financieras cerradas y presupuesto suficiente, no está universalizando la salud: está universalizando la espera.
La llamada Cuarta Transformación elige, otra vez, el camino más cómodo: anunciar primero, explicar después y financiar nunca del todo. Y en salud, esa costumbre no se paga con mala prensa. Se paga con consultas pospuestas, tratamientos interrumpidos, hospitales rebasados y familias obligadas a sacar de su bolsillo lo que el Estado no quiere sostener con seriedad. La propaganda puede vender una credencial. Lo que no puede vender es la ficción de que un sistema quebrado se vuelve universal por decreto. |
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