Cuando un gobierno recibe malas calificaciones tiene dos caminos: reconocer el problema y corregirlo, o desacreditar la evaluación y dejar de medirlo. México parece haber escogido durante demasiado tiempo el segundo.
Los resultados de PISA 2025 deberían haber provocado una emergencia educativa nacional; en cambio, provocaron explicaciones, cuestionamientos a la prueba y una nueva defensa de la Nueva Escuela Mexicana. Y ése es quizá el problema de fondo: México lleva demasiado tiempo discutiendo qué educación quiere ideológicamente, mientras deja en segundo plano una pregunta mucho más sencilla y mucho más importante: qué están aprendiendo realmente nuestros niños y jóvenes.
Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son difíciles de maquillar. México obtuvo en 2025 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias. En matemáticas y lectura perdió siete puntos respecto de 2022 y, aunque ciencias registró una ligera mejoría, el país permanece por debajo del promedio de las naciones de la OCDE en las tres áreas.
El dato verdaderamente brutal está en matemáticas: apenas 30% de los estudiantes mexicanos de 15 años alcanzó al menos el nivel básico de competencia, frente a 65% en el promedio de la OCDE.
Dicho de otra manera: siete de cada diez jóvenes mexicanos evaluados no alcanzaron siquiera el nivel básico en matemáticas.
No estamos hablando de cálculo avanzado, sino de capacidades para utilizar conocimientos matemáticos en situaciones de la vida cotidiana.
En lectura el panorama tampoco permite celebraciones. México obtuvo 408 puntos, siete menos que en 2022. Ciencias fue la única de las tres áreas que registró una ligera recuperación, al llegar a 414 puntos.
El gobierno ha destacado ese avance y ha pedido contextualizar los resultados debido a las diferencias socioeconómicas entre los países evaluados. El contexto, por supuesto, importa. Importan la pobreza, la desigualdad, la pandemia y las condiciones de cada sistema educativo.
Pero contextualizar no puede convertirse en justificar.
México ni siquiera necesita compararse exclusivamente con Finlandia, Japón o Corea para reconocer el problema. Basta comparar al país consigo mismo. En matemáticas pasó de 419 puntos en 2009 a 388 en 2025. En lectura pasó de 425 a 408 puntos durante el mismo periodo.
La comparación más incómoda, entonces, no es México contra las grandes potencias educativas.
Es México contra México.
Aurelio Nuño Mayer, exsecretario de Educación Pública, calificó el panorama como una “debacle educativa”. Puede discutirse la expresión y también debe recordarse que él mismo formó parte de la conducción del sistema educativo mexicano.
Pero resulta difícil discutir la gravedad de las cifras.
Y, más allá de nombres, partidos y exfuncionarios, existen por lo menos cuatro decisiones de política educativa de los últimos años que merecen revisarse seriamente: el modelo de becas, la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, los cambios en planes de estudio y libros de texto y la relación entre la carrera docente, los sindicatos y la política.
Becar no es educar
México ha convertido las becas en una de las principales banderas de su política educativa. Ampliar los apoyos económicos puede ser positivo, especialmente cuando evita que un joven abandone la escuela por falta de recursos.
El problema aparece cuando el número de beneficiarios se convierte en la medida del éxito educativo.
Una beca puede ayudar a que un estudiante permanezca en la escuela, pero no garantiza que aprenda.
Tampoco necesariamente una política universal es más eficaz que una estrategia fuertemente focalizada hacia quienes enfrentan mayor pobreza y riesgo de abandono.
La discusión debería ir mucho más allá de cuántas tarjetas se entregaron o cuánto dinero se dispersó. La pregunta correcta tendría que ser: ¿las becas están reduciendo el abandono?, ¿están disminuyendo las brechas entre estudiantes pobres y aquellos con mayores recursos?, ¿están mejorando las trayectorias escolares y los aprendizajes?
Porque beca no es aprendizaje, matrícula no es conocimiento y permanecer sentado dentro de un salón no significa automáticamente recibir una educación de calidad.
El error de desaparecer las Escuelas de Tiempo Completo
Otro asunto que merece una revisión seria es la desaparición del Programa Escuelas de Tiempo Completo. El esquema llegó a atender a millones de estudiantes mediante jornadas ampliadas y, en numerosos planteles, servicios de alimentación.
Su eliminación significó perder una herramienta que podía resultar especialmente valiosa para niños provenientes de hogares vulnerables.
Para una familia de escasos recursos, unas horas adicionales de aprendizaje, actividades educativas y alimentación podían representar mucho más que una simple extensión del horario escolar.
Por supuesto que cualquier programa público debe evaluarse, corregirse y transparentarse. Pero si algo funciona parcialmente, se mejora; si tiene irregularidades, se corrigen; si necesita rediseñarse, se rediseña. Desaparecerlo sin construir una alternativa equivalente puede terminar castigando precisamente a quienes más necesitan al Estado.
En un país donde la desigualdad condiciona desde la infancia las oportunidades educativas, reducir el tiempo efectivo de aprendizaje de millones de alumnos difícilmente parece una estrategia compatible con cerrar brechas.
La educación convertida en proyecto político
El tercer problema está en los planes de estudio y los libros de texto gratuitos. Cada gobierno tiene derecho y obligación de actualizar el modelo educativo. Lo que resulta peligroso es que cada administración pretenda reinventar la educación mexicana de acuerdo con su propia visión política.
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) incorporó conceptos como pensamiento crítico, comunidad, inclusión, interculturalidad, justicia social y transformación. Muchos son perfectamente defendibles pedagógicamente.
Pero existe una frontera que un sistema educativo democrático debería cuidar celosamente: la diferencia entre educar y adoctrinar.
La escuela pública no pertenece a Morena, al PAN, al PRI ni al gobierno que temporalmente ocupe Palacio Nacional.
Pertenece a los niños mexicanos.
Por eso los planes de estudio y los libros deberían construirse con evidencia pedagógica, especialistas, docentes, científicos, académicos y participación social, no alrededor de la narrativa histórica o política del gobierno en turno.
La escuela debe enseñar al estudiante cómo pensar, no imponerle qué debe pensar.
Y mientras México discute conceptos, campos formativos, proyectos comunitarios y visiones ideológicas, PISA acaba de recordarnos algo mucho más elemental: tenemos jóvenes con enormes dificultades en matemáticas y comprensión lectora.
Antes de formar al ciudadano que transformará su comunidad hay que garantizar algo básico: que pueda comprender lo que lee, escribir correctamente, razonar, calcular, investigar y distinguir evidencia de opinión.
Dos libros no van a resolver una crisis educativa
Después de conocerse los resultados de PISA 2025, el gobierno federal parece haber entendido finalmente que existe un problema precisamente en dos de las áreas fundamentales del aprendizaje.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Secretaría de Educación Pública (SEP) incorporará el próximo año dos libros “especiales” destinados a reforzar matemáticas y lectoescritura.
Uno estará dedicado a matemáticas y será desarrollado con participación de docentes y especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El segundo estará enfocado en lectoescritura e incluirá cuentos, poemas y textos básicos para los estudiantes.
La medida debe reconocerse.
Si los materiales están bien diseñados, cuentan con sustento pedagógico y verdaderamente regresan la atención hacia conocimientos fundamentales que los estudiantes necesitan dominar, pueden representar un avance.
Pero no basta.
Sería absurdo creer que una crisis educativa construida durante años puede resolverse simplemente agregando dos libros a la mochila de los alumnos.
Porque el problema mexicano nunca ha sido solamente la ausencia de un libro de matemáticas o de lectoescritura.
El problema es mucho más profundo: escuelas sin condiciones adecuadas, docentes que necesitan capacitación y acompañamiento permanentes, desigualdad educativa, rezago, abandono escolar, politización del sistema, deficiencias acumuladas en los aprendizajes y generaciones de estudiantes que avanzan de grado sin dominar conocimientos fundamentales.
Un libro puede ser una excelente herramienta.
Pero un libro no sustituye una política educativa.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar.
PISA acaba de mostrar que México tiene problemas particularmente graves en matemáticas y lectura, y el gobierno responde anunciando precisamente libros especiales de matemáticas y lectoescritura.
En los hechos, la propia respuesta gubernamental termina reconociendo que existe un problema que durante demasiado tiempo se intentó relativizar.
Si siete de cada diez jóvenes evaluados no alcanzan el nivel básico en matemáticas, la respuesta tiene que ir mucho más allá de imprimir ejercicios.
México necesita identificar desde los primeros grados dónde comienzan las deficiencias; recuperar evaluaciones periódicas; fortalecer la capacitación docente; detectar escuelas, municipios y regiones con mayores rezagos; ampliar el tiempo efectivo de aprendizaje; recuperar matemáticas, lectura y escritura como prioridades nacionales, y establecer metas concretas que puedan evaluarse año con año.
Porque de nada servirá repartir millones de ejemplares si dentro de algunos años los estudiantes continúan sin comprender lo que leen o sin poder resolver problemas matemáticos elementales.
No importa cuántos libros se impriman. Importa cuánto aprendan los niños.
Los nuevos materiales pueden ser un buen primer paso.
Pero frente al tamaño de la crisis educativa mexicana, son apenas eso: un primer paso.
Los maestros no pueden ser botín político
El cuarto problema es quizá uno de los más antiguos de la educación mexicana: la relación entre magisterio, sindicatos y poder político.
Los maestros no son responsables del desastre estructural. Sería profundamente injusto afirmarlo. Miles trabajan diariamente en condiciones precarias, compran materiales con su propio dinero, atienden grupos numerosos y sostienen escuelas que el Estado ha dejado deteriorarse.
Pero una cosa son los maestros y otra las estructuras político-sindicales construidas alrededor del sistema educativo.
México tiene al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organizaciones con una enorme capacidad de interlocución, presión y movilización.
La CNTE ha mantenido negociaciones con el gobierno federal sobre pensiones, condiciones laborales y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
Los trabajadores tienen derecho a organizarse y defender sus intereses. Eso no está en discusión.
Lo que sí debe discutirse es hasta dónde los acuerdos políticos y sindicales pueden determinar decisiones que deberían responder primordialmente al interés educativo de los alumnos.
Ingreso, promoción y reconocimiento docente deberían construirse con reglas transparentes, preparación, experiencia, formación continua y mérito profesional.
Las plazas no pueden convertirse en moneda política, las promociones no deberían depender de relaciones sindicales y la educación no puede utilizarse como estructura electoral.
El maestro debe volver a ser protagonista por lo que enseña, no por el sindicato al que pertenece ni por la fuerza política que representa.
Escuelas del siglo pasado para alumnos del siglo XXI
Y mientras la política discute modelos educativos, existe una realidad mucho más elemental: las condiciones físicas en las que estudian millones de niños.
El propio Programa Sectorial de Educación 2025-2030 reconoce deterioro e insuficiencias de infraestructura, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
Las cifras oficiales correspondientes al ciclo 2023-2024 son contundentes: entre las primarias y secundarias públicas, 80.5% disponía de agua potable, 95.4% de electricidad, apenas 40.4% tenía conexión a internet, 49.6% contaba con computadoras para uso educativo y solamente 26.2% tenía infraestructura adaptada para personas con discapacidad.
Traducido al México real: casi dos de cada diez planteles públicos de primaria y secundaria carecían de agua potable; alrededor de seis de cada diez no tenían internet; aproximadamente la mitad carecía de computadoras para uso educativo y casi tres de cada cuatro no contaban con infraestructura adaptada para personas con discapacidad.
¿Cómo hablar de inteligencia artificial, digitalización y educación del siglo XXI cuando alrededor de seis de cada diez escuelas públicas de esos niveles no tenían internet?
¿Cómo presumir inclusión cuando menos de tres de cada diez disponían de infraestructura adaptada?
El gobierno federal ha anunciado inversiones importantes para mejorar los planteles. Deben reconocerse. Pero la cantidad de recursos que hoy se necesita también demuestra la profundidad del rezago acumulado.
México necesita mucho más que pintar fachadas: agua, electricidad, baños dignos, internet, laboratorios, bibliotecas, tecnología, accesibilidad y mantenimiento permanente.
La desigualdad también se aprende
Después aparece otra tragedia: en México el código postal todavía puede determinar buena parte de la educación que recibe un niño.
No parte de las mismas condiciones un estudiante urbano con computadora, internet, transporte, maestros suficientes y apoyo familiar que otro que vive en una comunidad rural, indígena o marginada con carencias de infraestructura, conectividad y servicios.
Después sometemos a ambos al mismo mercado laboral y fingimos que tuvieron las mismas oportunidades.
Por eso el argumento gubernamental de que PISA debe contextualizarse según las condiciones socioeconómicas contiene una verdad, pero esa verdad debería agravar la preocupación del gobierno y no reducirla.
Si pobreza y marginación afectan el aprendizaje, disminuir esas brechas es precisamente responsabilidad del Estado.
La desigualdad empieza cuando un niño tiene computadora y otro no; cuando uno tiene internet y otro debe buscar señal; cuando uno dispone de biblioteca y laboratorio y otro estudia en un plantel sin servicios suficientes.
Después esas pequeñas diferencias se acumulan durante años hasta convertirse en rezago, abandono, menores salarios y reproducción de la pobreza.
El rezago que México arrastra
México también enfrenta un enorme rezago educativo: millones de personas que no han concluido la educación obligatoria correspondiente a su edad y mexicanos que todavía enfrentan analfabetismo.
El rezago no es solamente una estadística educativa. Se traduce en menores posibilidades de empleo, menores ingresos, menor acceso a información y menor movilidad social.
Y cada niño que abandona hoy la escuela o que avanza de grado sin adquirir los aprendizajes fundamentales corre el riesgo de convertirse mañana en otra cifra del rezago.
Por eso la política educativa no debería medirse solamente por cuántos estudiantes entran al sistema.
Hay tres preguntas mucho más importantes:
cuántos permanecen, cuánto aprenden y con qué conocimientos salen.
Y mientras aprendemos menos, también medimos menos
Como si el panorama no fuera suficientemente grave, México también ha perdido continuidad en instrumentos que permitían saber exactamente cuánto estamos fallando. Una investigación de El Universal documentó que el país dejó de participar a escala nacional o perdió continuidad en siete instrumentos de evaluación nacionales e internacionales.
Conviene explicar las siglas.
ICCS es el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (International Civic and Citizenship Education Study).
TALIS es la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Teaching and Learning International Survey).
ERCE es el Estudio Regional Comparativo y Explicativo, coordinado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
EXCALE significa Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos.
ENLACE fue la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares.
PLANEA significa Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes.
Y Mejoredu fue la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
No todas desaparecieron durante el mismo gobierno ni bajo las mismas circunstancias. Algunas fueron sustituidas, mientras otras perdieron continuidad o México dejó de participar en determinadas ediciones internacionales.
Es importante decirlo para no manipular la historia.
Pero el resultado acumulado es preocupante: México perdió continuidad en diversas herramientas que permitían observar y comparar su desempeño educativo.
A esto se suma que en 2019 desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo constitucional autónomo encargado de evaluar componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional. Posteriormente fue creada Mejoredu y ésta también terminó desapareciendo.
Es una contradicción monumental: mientras México enfrenta una crisis de aprendizaje, también debilitó parte de su capacidad institucional para medirla.
Romper el termómetro no cura al enfermo.
PISA no enseña matemáticas, PLANEA no sustituye a un profesor y una evaluación no arregla el techo de una escuela.
Pero medir permite saber qué está fallando, dónde está fallando, cuánto está fallando y, sobre todo, si las políticas públicas realmente funcionan.
La tragedia completa
Por eso ya resulta insuficiente hablar solamente de una mala calificación en PISA.
La tragedia educativa de México es mucho más grande.
Es tener a siete de cada diez estudiantes evaluados por debajo del nivel básico en matemáticas. Es retroceder en lectura. Es confundir becar con educar. Es haber eliminado las Escuelas de Tiempo Completo sin conservar plenamente aquello que ofrecían a millones de niños. Es someter los planes educativos a disputas ideológicas. Es permitir que la política sindical siga teniendo un enorme peso sobre la educación. Es tener escuelas sin internet, computadoras, agua o accesibilidad suficiente. Es aceptar enormes desigualdades entre los niños dependiendo del lugar donde nacieron. Es arrastrar rezago educativo y, para colmo, perder continuidad en instrumentos que permitían medir el tamaño del problema.
Y ahora también es reconocer, después de conocer los resultados, que matemáticas y lectoescritura necesitan atención especial y responder con dos nuevos libros.
Bienvenidos sean.
Pero que nadie pretenda venderlos como la solución.
No se trata de añorar automáticamente la política educativa de gobiernos anteriores. El desastre mexicano lleva décadas construyéndose y distintos gobiernos tienen responsabilidad. Pero tampoco puede utilizarse el pasado como excusa eterna para evitar evaluar los resultados de quienes gobiernan hoy.
El gobierno actual prometió transformar la educación.
Entonces tiene que aceptar que también será juzgado por sus resultados.
México puede repartir millones de becas, cambiar planes de estudio, modificar libros, desaparecer instituciones, construir otras, negociar con sindicatos y cuestionar las limitaciones metodológicas de PISA. Puede llenar discursos con palabras como transformación, humanismo, comunidad, inclusión y bienestar.
Puede incluso imprimir nuevos libros de matemáticas y lectoescritura.
Lo único que no puede hacer mediante decreto es conseguir que un estudiante comprenda un texto que no sabe interpretar o resuelva un problema matemático para el que nunca adquirió las herramientas necesarias.
Una política puede corregirse. Un plan de estudios puede modificarse. Una escuela puede reconstruirse. Un sistema de evaluación puede recuperarse.
Pero el niño que pasó seis años por una primaria sin aprender adecuadamente a leer, comprender y razonar no recuperará esos seis años con un discurso presidencial, una beca, dos nuevos libros o una nueva reforma educativa.
Ahí termina la ideología.
Ahí terminan las siglas.
Ahí terminan los sindicatos y los partidos.
Y ahí queda, desnuda frente a nosotros, la tragedia educativa de México. |
|
