México parece haber entrado en una etapa en la que prácticamente cualquier preocupación del gobierno termina convertida en una reforma constitucional. Ahora el turno corresponde a la doble nacionalidad.
El pasado 27 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció y envió al Congreso una iniciativa para modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. La propuesta establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener exclusivamente la nacionalidad mexicana y, si cuentan con otra, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos. La iniciativa ya fue recibida por el Senado y está lista para entrar a la discusión legislativa.
El argumento presidencial es que quienes gobiernan México deben tener un solo interés: México.
“Cuando se tiene doble nacionalidad”, explicó Sheinbaum, un gobernador “tiene dos intereses”, porque es ciudadano de dos naciones distintas. Bajo esa lógica, renunciar a una segunda nacionalidad garantizaría que el interés nacional se encuentre por encima del de cualquier otro Estado.
Suena patriótico. El problema es que jurídicamente el asunto resulta bastante más complejo.
La propia Constitución establece actualmente, en su artículo 32, que los cargos para los cuales se exige ser mexicano por nacimiento están reservados a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Precisamente por ello ha surgido la discusión sobre si realmente existe el vacío constitucional que el gobierno asegura querer cerrar.
El jurista Santiago Corcuera lo resumió con una frase extraordinariamente sencilla: “Están poniendo explícito lo que ya está implícito”.
Y ahí aparece la primera gran pregunta: si la Constitución ya contiene una restricción sobre otra nacionalidad para determinados cargos, ¿por qué resulta indispensable modificar nuevamente tres artículos constitucionales?
El gobierno sostiene que existen confusiones interpretativas. La Consejería Jurídica argumenta que es necesario precisar expresamente que quien posea otra nacionalidad deberá renunciar a ella antes de registrarse como candidato. Pero la iniciativa va todavía más lejos: quien llegue al cargo tampoco podrá adquirir otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro país. Incluso se prevén posteriores reformas a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual deberá acreditarse esa renuncia.
Ya no estamos hablando simplemente de aclarar una frase.
Estamos hablando de establecer constitucionalmente un nuevo filtro para acceder a algunos de los cargos políticos más importantes del país.
Y ahí es donde el debate abandona el terreno exclusivamente jurídico y entra de lleno en el político.
Porque tener doble nacionalidad no significa tener doble lealtad.
Millones de mexicanos forman parte de familias binacionales. México lleva décadas reconociendo una realidad migratoria que produjo hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos y en otros países, familias repartidas entre dos naciones y ciudadanos que poseen legalmente más de una nacionalidad sin que ello disminuya su vínculo con México.
Ahora el gobierno parece introducir una sospecha: quien tiene otra ciudadanía podría representar intereses distintos a los mexicanos.
Esa conclusión es peligrosamente simplista.
Un funcionario con un solo pasaporte puede traicionar perfectamente los intereses nacionales. Puede enriquecerse desde el poder, favorecer empresas, entregar contratos, esconder patrimonio, proteger redes de corrupción o gobernar pensando exclusivamente en su futuro político.
Nada de eso requiere doble nacionalidad.
Y, por el contrario, una persona con dos nacionalidades puede haber dedicado toda su vida profesional y pública a México.
La lealtad no se mide contando pasaportes.
Si realmente preocupa que un presidente o gobernador tenga intereses en otro país, entonces habría que discutir mecanismos mucho más serios: patrimonio en el extranjero, inversiones, sociedades mercantiles, cuentas bancarias, conflictos empresariales, beneficiarios finales, relaciones económicas familiares o posibles intereses financieros fuera del territorio nacional.
Eso revelaría mucho más sobre las verdaderas lealtades de un gobernante que saber si conserva un pasaporte extranjero.
Pero hay otra dimensión que vuelve particularmente delicada esta reforma.
Estamos entrando de lleno en la disputa por las elecciones de 2027, pero sería ingenuo afirmar que apenas comienza la carrera: en algunos estados Morena ya está seleccionando y colocando a quienes prácticamente serán sus candidatos.
La dirigencia nacional presentó a Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María Bayardo en Colima como sus primeros “coordinadores estatales de defensa de la transformación”, la fórmula política utilizada como antesala de las candidaturas a gobernador.
En Sinaloa, después de la crisis provocada por Rubén Rocha Moya, ya se perfila a Imelda Castro rumbo a la gubernatura, mientras Querétaro también se encuentra en la ruta de definición. Y la pelea no termina ahí: Morena prepara sus procesos en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, entre las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027.
A ello se suma la disputa por diputaciones y alcaldías, cuyos procesos internos también están en marcha. Es decir, la competencia electoral ya comenzó mucho antes de las campañas oficiales.
Y precisamente por eso resulta especialmente delicado que, con aspirantes midiéndose, grupos políticos tomando posiciones y candidaturas comenzando a definirse, el gobierno impulse una reforma constitucional que modifica los requisitos para poder competir. Una cosa es perfeccionar las reglas antes de iniciar el juego; otra muy distinta es cambiar las condiciones de acceso cuando los jugadores ya están entrando a la cancha.Porque las reglas electorales no pueden diseñarse pensando en nombres propios, adversarios específicos ni coyunturas políticas.
Deben construirse para sobrevivir a quienes hoy gobiernan.
La polémica aumentó todavía más después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego, mencionado desde hace tiempo como posible aspirante político, reaccionara públicamente cuestionando el “repentino apuro” por impulsar esta modificación y sugiriera que cuenta con doble nacionalidad. Eso no demuestra que la reforma esté dirigida contra él, pero inevitablemente alimentó las especulaciones sobre el momento político elegido para presentarla.
Y precisamente por eso el gobierno debería explicar con enorme claridad qué problema concreto pretende solucionar.
No basta decir “soberanía”.
No basta decir “lealtad”.
Y mucho menos basta insinuar que dos nacionalidades equivalen automáticamente a dos intereses políticos enfrentados.
Existe además una contradicción difícil de ignorar. Durante años el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador convirtió el “que el pueblo decida” en uno de sus principios políticos fundamentales. El propio López Obrador construyó una parte esencial de su narrativa democrática denunciando cualquier intento institucional por impedir que un ciudadano pudiera aparecer en la boleta.
Ahora el oficialismo impulsa una reforma que, independientemente de sus posibles justificaciones jurídicas, determina quién puede llegar a esa boleta.
Es una diferencia enorme.
Una democracia necesita requisitos para ocupar cargos públicos, por supuesto. La Presidencia exige condiciones extraordinarias porque concentra responsabilidades de seguridad nacional, política exterior, Fuerzas Armadas y conducción del Estado.
Pero precisamente por la importancia de esas responsabilidades, cualquier nueva restricción al derecho a ser votado debería responder a una necesidad constitucional inequívoca y no simplemente a una coyuntura política.
Porque hoy el requisito adicional puede ser una segunda nacionalidad.
Mañana podría ser otro.
Y pasado mañana otro más.
El verdadero riesgo aparece cuando las mayorías políticas descubren que también pueden utilizar la Constitución para estrechar progresivamente la puerta de entrada a la competencia electoral.
México ha modificado tantas veces su Constitución durante los últimos años que parece haberse perdido una noción elemental: la Carta Magna no debería funcionar como programa legislativo del gobierno en turno.
Mucho menos cuando se trata de derechos políticos.
El planteamiento de Santiago Corcuera obliga entonces a regresar al principio: “Están poniendo explícito lo que ya está implícito”.
Si es así, la discusión adquiere otra dimensión.
Si lo que pretende protegerse es la soberanía nacional, expliquen exactamente cuál es el vacío.
Si existe una contradicción constitucional, demuéstrenla.
Si existen casos concretos que evidenciaron la insuficiencia de las reglas actuales, expónganlos.
Pero no construyan la idea de que poseer otra nacionalidad convierte automáticamente a un mexicano en ciudadano bajo sospecha.
México tiene problemas gravísimos de corrupción, impunidad, violencia, infiltración criminal, conflictos de interés y utilización patrimonial del poder. Pensar que la pureza del servicio público comienza por eliminar un segundo pasaporte resulta extraordinariamente cómodo.
Porque el problema nunca ha sido cuántos pasaportes lleva un político en el bolsillo.
El problema es a quién sirve cuando llega al poder.
Y quizá esa sea la pregunta que esta reforma intenta responder de la manera equivocada.
La Constitución debe impedir que intereses extranjeros capturen al Estado mexicano, sí. Pero también debe impedir que el propio Estado utilice su poder para restringir innecesariamente los derechos políticos de los mexicanos.
Por eso, antes de volver a cambiarla, el gobierno tendría que responder algo mucho más sencillo:
si, como advierte Santiago Corcuera, buena parte de la prohibición ya estaba implícita en la Constitución, ¿por qué tanta urgencia por volverla explícita precisamente ahora?
Porque cuando se modifican las reglas para decidir quién puede competir por el poder, la pregunta ya no es solamente quién tiene una o dos nacionalidades.
La pregunta es quién está escribiendo las reglas y contra quién las está escribiendo. |
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