Carlos A. Luna Escudero
Pocas veces en la historia reciente de México un gobierno llegó al poder con tanto respaldo popular y terminó generando tanta decepción. La Cuarta Transformación convenció a millones de mexicanos de que sería el fin de la corrupción, de la impunidad, de los privilegios y de los abusos del poder.
Prometió una nueva forma de gobernar, una revolución moral y un cambio de fondo que acabaría con las viejas prácticas de la política mexicana. Ocho años después, la realidad cuenta una historia muy distinta.
La mayor tragedia de la Cuarta Transformación no es que no haya cumplido todas sus promesas; ningún gobierno lo hace. Su verdadero fracaso consiste en que terminó reproduciendo muchas de las mismas conductas que durante décadas utilizó para condenar a sus adversarios.
Cambiaron los nombres, cambiaron los colores y cambiaron los discursos, pero el ejercicio del poder volvió a caer en la misma tentación: proteger a los propios, justificar los errores y responsabilizar siempre a alguien más.
Morena construyó buena parte de su fuerza política acusando a los gobiernos anteriores de mentirle al país. Hoy es precisamente esa práctica la que más desgaste le provoca.
Cuando la realidad contradice el discurso oficial, difícilmente existe autocrítica. Si la economía pierde dinamismo, la explicación está en el exterior; si la inseguridad continúa, la responsabilidad pertenece al pasado; si aparecen casos de corrupción, se presentan como hechos aislados; si organismos internacionales cuestionan decisiones del gobierno, entonces se desacreditan sus conclusiones o sus motivaciones.
En la narrativa oficial pocas veces existe un error propio; casi siempre aparece un enemigo conveniente. Pero los mexicanos no viven de discursos, viven de una realidad que sigue marcada por el miedo, la incertidumbre y demasiados problemas sin resolver.
Ahí están casos como Segalmex, organismo creado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y convertido en símbolo de aquello que la 4T juró combatir, con irregularidades por más de 15 mil millones de pesos señaladas a lo largo de las auditorías. Y después apareció el huachicol fiscal, un negocio cuyo impacto, sumando distintas modalidades de contrabando y robo de combustibles, ha sido estimado en hasta 600 mil millones de pesos.
El escándalo alcanzó incluso a la Secretaría de Marina: Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el sexenio de López Obrador, han sido acusados por las autoridades de encabezar una red de contrabando de hidrocarburos que habría utilizado puertos, aduanas, empresas y funcionarios para operar.
La ironía es brutal: AMLO entregó en 2020 el control de puertos y aduanas a las Fuerzas Armadas precisamente bajo el argumento de combatir la corrupción, y años después una de las mayores redes de huachicol fiscal terminó involucrando a altos mandos navales vinculados familiarmente con quien encabezaba la Marina.
El caso obliga a formular una pregunta brutalmente sencilla: ¿cómo pudo crecer un negocio ilegal de semejante tamaño atravesando aduanas, moviendo millones de litros de combustible y utilizando estructuras empresariales sin que las autoridades lo frenaran antes? El gobierno que en 2019 declaró prácticamente derrotado el huachicol terminó años después enfrentando una modalidad mucho más sofisticada, millonaria y corrosiva.
Y aunque las investigaciones deben determinar quiénes participaron y qué funcionarios pudieron haber facilitado estas operaciones, políticamente resulta imposible esconder el fracaso: mientras desde Palacio se presumía haber cerrado la llave de la corrupción, por otras puertas continuaban pasando millones de litros y millones de pesos que el Estado dejó de recaudar.
La misma incongruencia aparece cuando se observan los señalamientos contra diversos gobernadores, legisladores y funcionarios emanados de Morena. Mientras durante años exigieron investigaciones inmediatas contra cualquier opositor, cuando las acusaciones alcanzan a personajes del propio movimiento los procesos parecen avanzar con una paciencia difícil de explicar.
A nivel nacional, el contraste está en el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, quien a sus 74 años fue detenido, vinculado a proceso por presunta delincuencia organizada, contrabando y delitos relacionados con hidrocarburos, y enviado en prisión preventiva al penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
La FGR lo relaciona con una presunta red de huachicol fiscal y sostiene que existen elementos para procesarlo; será la justicia la que determine finalmente su responsabilidad.
Lo cuestionable no es que se investigue a Ruffo —si existen pruebas, debe responder ante la ley—, sino por qué semejante dureza parece mucho más difícil de encontrar cuando los señalamientos alcanzan a personajes cercanos al oficialismo.
El contraste también quedó expuesto recientemente en Veracruz con los alcaldes de Movimiento Ciudadano Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, y Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, a quienes el Congreso local retiró la inmunidad procesal para que enfrenten las investigaciones correspondientes. La justicia debe alcanzar a todos, pero exactamente con la misma velocidad, firmeza y ausencia de consideraciones políticas.
Ambos fueron sometidos a procesos de desafuero solicitados por la Fiscalía General del Estado y el pasado 6 de agosto el Congreso local les retiró la inmunidad procesal para que puedan enfrentar las investigaciones correspondientes: Bravo Montero por su presunta vinculación con la desaparición de un empresario y su escolta, y González Martínez por su presunta participación en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.
Son acusaciones gravísimas que deben investigarse hasta sus últimas consecuencias y sin ningún tipo de protección política.
Pero justamente ahí surge la pregunta incómoda: ¿por qué esa misma determinación, velocidad y contundencia no parecen observarse cuando los señalamientos alcanzan a personajes cercanos al partido gobernante? Lo que el poder no puede permitirse es una justicia selectiva: implacable y veloz contra los adversarios, pero lenta, prudente y complaciente cuando las sospechas apuntan hacia casa. Cuando la ley cambia de velocidad dependiendo del color partidista, deja de percibirse como justicia y comienza a parecerse peligrosamente a una herramienta de conveniencia política.
La seguridad representa otro de los grandes pendientes.
México sigue enfrentando desapariciones, extorsiones, cobro de piso, carreteras inseguras y regiones donde el crimen organizado conserva una presencia que condiciona la vida cotidiana.
Durante años se prometió que la estrategia de seguridad cambiaría el rumbo del país. Sin embargo, millones de familias siguen viviendo con miedo y miles de comerciantes padecen las consecuencias de un Estado que todavía no logra garantizar plenamente algo tan elemental como trabajar, viajar o regresar a casa con tranquilidad. Ningún discurso puede convencer a quien vive bajo la amenaza cotidiana de la violencia.
En economía ocurre algo similar. Mientras el gobierno presume cifras favorables en determinados indicadores, el crecimiento continúa siendo insuficiente para las necesidades de un país del tamaño de México.
La oportunidad histórica representada por el nearshoring fue aprovechada sólo parcialmente, en medio de cuestionamientos por incertidumbre jurídica, insuficiencia de infraestructura y decisiones que generaron preocupación entre inversionistas. La confianza no se obtiene con conferencias de prensa ni decretos; se construye con reglas claras, seguridad, energía suficiente, infraestructura y certeza jurídica.
Pero existe otra factura económica de la 4T mucho más incómoda: la de sus megaproyectos.
Durante años el Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA y el Corredor Interoceánico fueron presentados como símbolos de la capacidad transformadora de la 4T, pero la factura terminó muy lejos de las promesas iniciales. Diversos análisis sitúan al Tren Maya alrededor de los 500 mil millones de pesos y a Dos Bocas por encima de los 400 mil millones, ambos con fuertes incrementos respecto de sus estimaciones originales. El AIFA también exigió inversiones adicionales para resolver su conectividad, además del costo asociado a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, mientras el Corredor Interoceánico continúa requiriendo recursos para ampliar vías, modernizar puertos y desarrollar infraestructura. El problema ya no es solamente cuánto costaron las obras emblemáticas de la 4T, sino cuánto más tendrá que pagar México para sostenerlas y cuándo comenzarán a justificar semejante desembolso de dinero público.
Y la discusión ya no puede limitarse a cuánto costó construirlos, sino a cuánto seguirán costando, qué recursos adicionales necesitan para operar y, sobre todo, qué beneficios económicos y sociales concretos han generado frente al enorme dinero público comprometido.
Ahí está una de las preguntas más incómodas para la Cuarta Transformación: ¿qué recibió realmente México a cambio de semejante cantidad de dinero? Porque el problema no son solamente los cientos de miles de millones invertidos. El verdadero problema es el costo de oportunidad. Mientras se concentraban recursos extraordinarios en los proyectos emblemáticos del gobierno, el país seguía necesitando hospitales, medicamentos, escuelas dignas, carreteras, sistemas de agua, policías mejor equipadas, universidades e infraestructura productiva. Cada peso destinado a una obra es también un peso que no puede gastarse en otra necesidad, y cuando hablamos de cientos de miles de millones, hablamos de decisiones capaces de modificar las prioridades de todo un país.
No se trata de sostener que México no necesita trenes, aeropuertos, refinerías o corredores logísticos. Se trata de exigir algo elemental: que semejantes inversiones produzcan beneficios proporcionales a su costo. Una obra pública no se convierte automáticamente en éxito porque sea inaugurada por un presidente ni porque aparezca todos los días en la propaganda oficial. Su verdadero valor se demuestra cuando genera riqueza, empleo, productividad y bienestar suficientes para justificar lo que los contribuyentes pagaron por ella.
Si después de invertir cantidades monumentales el Estado debe continuar destinando recursos para sostener su operación, entonces la obligación de demostrar su rentabilidad económica y social es todavía mayor.
Y mientras se levantaban esos monumentos políticos, las necesidades básicas nunca desaparecieron. La salud pública siguió enfrentando desabasto de medicamentos, hospitales con carencias y largas listas de espera.
La educación vive una realidad semejante: más becas no significan automáticamente mejor educación cuando persisten rezagos académicos, infraestructura deficiente y estudiantes que egresan sin las competencias necesarias para competir en una economía cada vez más exigente.
Ése es precisamente el costo que nunca aparece en las fotografías de inauguración: todo aquello que pudo haberse construido, reparado, equipado o mejorado con una fracción de los recursos destinados a las obras favoritas del poder.
Mientras tanto, el gobierno abrió otro frente al debilitar instituciones que representaban contrapesos.
Organismos autónomos desaparecieron, el Poder Judicial fue objeto de una confrontación permanente antes de su reforma, periodistas y organizaciones civiles fueron descalificados desde el poder y demasiadas voces críticas terminaron presentadas como enemigas del proyecto político. En una democracia los contrapesos fortalecen al Estado; cuando el poder los considera obstáculos, la democracia comienza a perder equilibrio.
Veracruz tampoco ha escapado a esa lógica. Los discursos oficiales hablan de transformación mientras miles de familias siguen enfrentando inseguridad, rezago económico, servicios públicos deficientes, carreteras necesitadas de inversión y un sistema de salud que continúa acumulando carencias. Por eso también desde Veracruz resulta válido preguntar cuánto habría significado para la entidad una pequeña parte de esos cientos de miles de millones de pesos: cuántos hospitales podrían haberse modernizado, cuántas carreteras rehabilitado, cuántas escuelas equipado o cuánta infraestructura productiva construida. Cambian los funcionarios, cambian los lemas y cambian las campañas de comunicación, pero demasiadas necesidades de los veracruzanos permanecen intactas.
La mayor derrota de la Cuarta Transformación no está en las elecciones que pueda perder ni en las críticas de la oposición. Su verdadero fracaso es haber desperdiciado parte del enorme capital político que recibió en 2018. Millones de mexicanos confiaron en un proyecto que prometía ser distinto y hoy observan cómo muchas de las prácticas que se juró combatir siguen presentes bajo un nuevo discurso. A ello se agrega una factura multimillonaria por proyectos que fueron elevados a símbolos del régimen y que ahora tendrán que demostrar, durante años, si realmente valieron cada peso invertido.
Gobernar no consiste en repetir todos los días que las cosas marchan bien ni en inaugurar obras gigantescas para colocarlas en los libros de historia. Gobernar significa reconocer errores, corregir el rumbo, investigar a los propios con el mismo rigor que a los adversarios y administrar el dinero público entendiendo que cada peso pertenece a los mexicanos. La autoridad moral no se hereda, no se decreta y mucho menos se presume: se gana con resultados.
La Cuarta Transformación llegó ofreciendo esperanza. Prometió honestidad, austeridad, seguridad, crecimiento y una manera diferente de ejercer el poder. Ocho años después quedan demasiadas cuentas pendientes: corrupción que no desapareció, violencia que continúa lastimando al país, instituciones debilitadas, servicios públicos con enormes carencias y megaproyectos que absorbieron cantidades extraordinarias de dinero mientras innumerables necesidades permanecieron esperando presupuesto.
Ese es el verdadero rostro del desencanto. Porque transformar un país no consiste en gastar más ni en construir las obras más grandes, sino en demostrar que las decisiones tomadas mejoraron realmente la vida de la población.
Después de cientos de miles de millones gastados, de años de discursos y de promesas de superioridad moral, la pregunta que la 4T no podrá responder con propaganda es muy sencilla: ¿México recibió realmente lo que pagó?
Quizá ahí se encuentre una de las mayores ironías de este proyecto político: llegó prometiendo transformar la esperanza en bienestar y terminó dejando a millones preguntándose si aquella transformación no resultó demasiado cara para los resultados obtenidos. |
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