El Paquete Económico 2027 intenta vender estabilidad, responsabilidad y optimismo. Pero detrás de las cifras cuidadosamente presentadas por Hacienda aparece una realidad bastante menos cómoda: México tiene cada vez más compromisos, menos margen presupuestal y una economía que sigue creciendo demasiado poco para sostener durante mucho tiempo el ritmo del gasto público.
Y no se trata de cifras construidas por la oposición ni de cálculos de analistas críticos. Los datos están contenidos en el propio Paquete Económico 2027 entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso de la Unión el 8 de septiembre, particularmente en los Criterios Generales de Política Económica 2027, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es decir, son las cuentas del propio gobierno.
Y precisamente por eso resultan preocupantes.
El gobierno quiere mantener programas sociales, pagar pensiones, financiar obras, sostener a Pemex, atender salud, educación y seguridad, cubrir los intereses de la deuda y, además, presumir disciplina financiera.
El problema es que las cuentas empiezan a apretar.
Para 2027 el gasto público vuelve a colocarse en niveles extraordinariamente elevados. Pero el verdadero problema no es solamente cuánto pretende gastar el gobierno, sino cuánto de ese dinero ya está comprometido antes siquiera de comenzar el año.
Pensiones, participaciones a estados, costo financiero de la deuda, nómina, seguridad social y otras obligaciones reducen considerablemente el margen de maniobra presupuestal.
Tenemos entonces un gobierno que administra cantidades históricas de recursos, pero que dispone libremente de una proporción cada vez menor de ellos.
Ésa es la primera gran señal de alarma.
Porque durante años se construyó políticamente la idea de que el dinero alcanzaba para todo. Alcanzaba para programas sociales, megaproyectos, pensiones, transferencias, rescates y nuevas promesas.
La realidad presupuestal comienza a demostrar lo contrario.
Hacienda estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027, apoyada principalmente en el consumo interno, la inversión pública y privada y una mayor contribución del sector externo.
Incluso suponiendo que México alcance la parte alta de ese rango, continuamos hablando de un crecimiento bastante modesto para un país con las necesidades, desigualdades y compromisos financieros que tenemos.
Y ahí aparece una de las contradicciones fundamentales del modelo:
las obligaciones del Estado continúan aumentando mientras la economía crece demasiado lentamente.
Los programas prioritarios recibirán alrededor de un billón 25 mil 400 millones de pesos, equivalentes al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Solamente la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores absorberá aproximadamente 543 mil 500 millones de pesos. Nadie está planteando abandonar a quienes necesitan esos apoyos. Ésa sería una discusión simplista.
La pregunta verdaderamente incómoda es otra:
¿cómo piensa financiar México durante los próximos diez o veinte años un aparato de transferencias, pensiones y obligaciones cada vez más costoso si la economía continúa creciendo alrededor del 2 por ciento?
Ésa es la discusión que el discurso político prefiere evitar. Porque repartir dinero genera aplausos. Explicar cómo se pagará permanentemente genera costos políticos.
Mientras tanto, Hacienda anuncia incrementos respecto de 2026 de 10.7 por ciento para educación, 13 por ciento para ciencia, 11.3 por ciento para salud y 11.5 por ciento para seguridad.
En el papel suena extraordinario.
En la realidad habrá que preguntar cuánto de ese dinero terminará verdaderamente resolviendo problemas.
Porque México ya aprendió que más presupuesto no necesariamente significa mejores servicios públicos.
Podemos aumentar miles de millones en salud y continuar encontrando hospitales sin medicamentos, insumos o capacidad suficiente. Podemos incrementar el presupuesto educativo mientras nuestros estudiantes permanecen rezagados. Podemos gastar más en seguridad mientras regiones enteras continúan sometidas a la violencia.
El problema del gobierno no solamente es cuánto gasta.
Es cómo lo gasta y qué obtiene a cambio.
También está la inversión. El gobierno anuncia 5.7 billones de pesos de inversión pública y mixta entre 2026 y 2030 para energía, trenes, carreteras, puertos, agua, salud, vivienda y otros proyectos.
México necesita esa inversión.
Pero necesita inversión productiva, infraestructura que genere riqueza, competitividad y empleo durante décadas, no obras diseñadas únicamente para producir rentabilidad política.
Un país no puede vivir permanentemente distribuyendo riqueza sin preocuparse suficientemente por crearla.
Y luego aparece nuevamente Pemex.
Después de años de transferencias, beneficios fiscales, capitalizaciones y apoyos gubernamentales, Petróleos Mexicanos continúa siendo una de las grandes presiones sobre las finanzas nacionales.
Podremos llamarla empresa estratégica, patrimonio nacional o símbolo de soberanía energética. Pero ninguna etiqueta modifica las matemáticas.
Si Pemex necesita permanentemente recursos públicos para mantenerse, ese dinero tiene un costo de oportunidad.
Cada peso utilizado ahí es un peso que no puede utilizarse nuevamente en hospitales, escuelas, carreteras, agua, seguridad o infraestructura.
Y después está la deuda.
Los Requerimientos Financieros del Sector Público, que representan la medida más amplia del déficit, se estiman en 3.9 por ciento del PIB para 2027. Hacienda presume que representa una reducción respecto de años anteriores y sostiene que permitirá mantener una trayectoria sostenible de la deuda.
Bien.
Pero sostenible no significa gratuita.
La deuda genera intereses y esos intereses también salen del presupuesto.
Cada peso destinado al costo financiero es dinero que no compra medicamentos, no construye hospitales, no equipa escuelas, no capacita policías y no genera infraestructura.
Y mientras más rígido se vuelve el presupuesto, más difícil resulta encontrar recursos cuando aparece una nueva necesidad.
Ésa es la verdadera fotografía que deja el Paquete Económico 2027: un gobierno con enormes compromisos y un margen cada vez más reducido para financiarlos.
Pensiones.
Programas sociales.
Pemex.
Deuda.
Educación.
Salud.
Seguridad.
Infraestructura.
Participaciones.
Todo compite por recursos dentro de una economía que Hacienda espera que crezca entre 1.5 y 2.5 por ciento. Por eso el gran riesgo no necesariamente está en las cifras que Hacienda presenta para 2027, sino en que las condiciones sobre las cuales fueron construidas no se cumplan.
¿Qué sucede si la economía crece menos?
¿Qué ocurre si Pemex necesita nuevamente más recursos?
¿Qué pasa si aumenta el costo financiero?
¿Qué se recorta si los ingresos no alcanzan?
Porque los presupuestos gubernamentales pueden construirse con escenarios optimistas.
La economía real no tiene obligación de cumplirlos.
México necesita crecimiento, productividad, inversión, infraestructura, empleo formal y certeza para quienes arriesgan capital.
Sin eso, llegará un momento en que administrar el presupuesto será simplemente decidir qué obligación se paga primero.
Y todavía queda el otro lado de la ecuación: los ingresos.
Hacienda proyecta que los ingresos tributarios alcanzarán un máximo histórico equivalente al 15.9 por ciento del PIB, sin crear —según sostiene el gobierno— nuevos impuestos.
Para conseguirlo apuesta por una mayor eficiencia recaudatoria y por combatir la evasión, la elusión y las operaciones simuladas. Pero hasta aquí dejamos deliberadamente el tema fiscal.
No porque sea menor, sino precisamente porque es uno de los puntos más delicados del Paquete Económico 2027 y merece un análisis propio. En la próxima columna abordaremos a fondo la política fiscal para 2027: de dónde pretende obtener Hacienda más recursos, qué cambia para los contribuyentes, hasta dónde llegará la fiscalización y quién terminará soportando realmente el costo de una recaudación que el gobierno necesita elevar.
Por ahora, el Paquete Económico 2027 deja una advertencia suficientemente clara: México no tiene un problema porque le falten promesas. Tiene un problema porque las promesas cuestan cada vez más, las obligaciones crecen, financiar la deuda cuesta dinero y la economía sigue avanzando demasiado lentamente para el tamaño del Estado que se pretende sostener. Y ninguna narrativa oficial puede modificar las matemáticas. |
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