Que buena parte del territorio mexicano es dominado por la delincuencia organizada no es noticia nueva, mucho menos buena. Significa un desdoro para el Estado Mexicano y es verdaderamente preocupante porque explica que el enorme esfuerzo del gobierno para desmantelar ese poderío extendido de la delincuencia está resultando insuficiente, q causa de la fracasada “estrategia” de los “abrazos, no balazos”, ese subterfugio implementado por AMLO para dejar hacer y dejar pasar a los cárteles de la droga. Nada hizo el gobierno antecesor para oponer resistencia a la delincuencia organizada, afortunadamente el actual gobierno cambio drásticamente la estrategia de seguridad pública, con resultados ostensiblemente favorables, aunque la magnitud del poderío alcanzado por los grupos criminales exige acciones de mayor rigor. Cientos de capos de la droga han sido encarcelados, y al menos en el nivel de gobierno municipal los resultados están a la vista.
La implementación de la Operación Enjambre ha revelado cuan profunda ha sido la penetración de la delincuencia organizada en mandos políticos municipales, las detenciones son elocuente testimonio de la grave colusión de algunas autoridades municipales con el crimen organizado: lo más reciente es la detención del alcalde de Juchitán acusado de extorsión agravada, y la policía municipal implicada en esos hechos. Apenas el 7 de septiembre, se detuvo in fraganti al alcalde de Esperanza, Puebla, por secuestro, extorsión y “otros delitos”. Otros alcaldes detenidos han sido los de Tlachichucam Puebla, Atlahuacan y Tecapoxtla, Morelos, por vínculos cob la delincuencia organizada. También muy sonado fue el caso del alcalde de Tequila, Jalisco, por delincuencia organizada, secuestro y extorsión. En el Estado de México, se capturaron a los alcaldes de Santo Tomás de los Plátanos, esposos uno exalcalde, otra en funciones. También a María Elena Robles, ex alcaldesa de Amanalco. Sonado los casos de los hermanos González Vieyra, en Puebla, todo un caso: Giovanni González Vieyra alcalde de Tlachichuca, Ramiro González Vieyra en el municipio de San Nicolás Buenos Aires y Eruviel González Vieyra en Chalchicomula de Sesma. También fue detenido el exalcalde de Almoloya de Alquisiras Ari Patrick Mendiola Mondragón, vinculado a la Familia Michoacana. Y para no variar en Veracruz, dos alcaldes están prófugos de la justicia. Esta patética enumeración de “políticos” con cargo despierta inquietud, preocupación y temor, y a la vez confirma la penetración de la delincuencia organizada en estratos del poder político mexicano. Este escenario explica elocuentemente la necesidad de romper las redes de complicidades entre políticos de altos vuelos con la delincuencia organizada. Salvo mejor opinión. |
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