Gabriela Alejandra Ortega, como alcaldesa de Colipa, Veracruz, afiliada al partido Morena, fue detenida el 18 de septiembre de 2025 por fuerzas federales que ejecutaban un cateo en el rancho "Los Quintero", propiedad de José Gil Quintero, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero. El operativo formaba parte de la búsqueda del empresario Neptalí González López, desaparecido desde julio de 2025. Durante la inspección, la entonces alcaldesa de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina fue localizada en el sitio, presuntamente en una "convivencia", mientras que el propietario y su escolta huyeron. La alcaldesa no pudo huir. Las autoridades estatales confirmaron que la alcaldesa fue retenida temporalmente por varias horas para interrogatorio, pero no se trató de una detención formal. Pues esta mujer, que libremente hacía convivencias en el rancho de un narco, fue nombrada como nueva subdirectora administrativa del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio (CAE), en Xalapa. Al parecer el nombramiento se da después de las manifestaciones del personal médico. El gobierno responsabiliza a Rubén Vázquez Rasgado de no poder contener las manifestaciones en ese hospital. De hecho, este fin de semana está convocada otra manifestación. Llama la atención la clase de soluciones que plantea la gobernadora Rocío Nahle, quitar a un administrador inepto para poner a una administradora que convivía con narcos.
Presentan queja por acoso sexual al alcalde de Banderilla. Funcionaria de este ayuntamiento dice no haber aceptado las proposiciones y por ello la despidieron
Ante el Instituto Municipal de las Mujeres de Banderilla se presentó la queja “por hechos que pueden constituir violencia laboral, económica e institucional, hostigamiento, intimidación, descalificación profesional, afectación a mis condiciones laborales y actos de represalia encaminados a provocar mi renuncia”. La funcionaria, que ocupaba el cargo de directora en una de las áreas del ayuntamiento de Banderilla, solicita la “intervención inmediata, acompañamiento, medidas de protección, preservación de medios de prueba, requerimiento de informes y canalización ante las autoridades competentes”. El acusado es el alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández, quien es acusado de acoso sexual y hostigamiento laboral. De acuerdo con información de medios locales, antes de solicitarle la renuncia, la denunciante “enfrentó diversas amenazas, presiones laborales, actos de intimidación, amenazas de reducción salarial, intentos de provocar un cese, desplazamiento de funciones y actuaciones administrativas realizadas después de que la servidora pública manifestara su negativa a determinadas conductas y presentara quejas por hechos que considera constitutivos de acoso sexual y violencia de género”. Por supuesto el caso se deberá investigar. Se espera que las autoridades del Instituto Municipal de las Mujeres de Banderilla apoyen en lo que puedan a la víctima, antes que ponerse del lado de su alcalde.
¡Déjenlos ser! Reto viral entre estudiantes de secundaria en Saltillo, acusar de acoso y maltrato a 21 maestros y a la directora. ¿No es juego, es delincuencia?
Un grupo de estudiantes de la escuela Secundaria General Número 2 "Benemérito de las Américas" en Saltillo, Coahuila, organizó un reto viral en redes sociales para difundir acusaciones falsas de acoso y maltrato contra la directora y 21 maestros con el fin de lograr la suspensión de clases. Los alumnos se organizaron en plataformas digitales para desacreditar al personal docente y administrativo y provocar el cierre temporal del plantel. La directora y alrededor de 21 a 22 trabajadores de la institución escolar sufrieron la difamación. La Secretaría de Educación
de Coahuila y la Policía Cibernética iniciaron investigaciones para rastrear las cuentas responsables y aplicar los protocolos correspondientes. Se sabe que algunos alumnos, con tal de ganar el reto acumulando “likes”, pretendían colgar mantas en los puentes peatonales, con el rostro de los maestros acusándolos de acoso. Por supuesto, los alumnos no se ponen a pensar en el daño que le causan no sólo al docente, sino a las familias de los docentes. En las redes sociales lo primero que hacen es condenar antes de investigar, por lo que, aunque después se aclare la inocencia de los docentes, el daño ya está hecho. La difamación no es una travesura, es un delito, es una conducta grave que daña profundamente al sistema educativo.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra |
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