La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que, al concluir su mandato en 2030 recibiría aproximadamente 30 mil pesos mensuales de pensión. Comparó esto con la pensión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien según ella percibe cerca de 28 mil pesos al mes. Sheinbaum presentó esta cifra como ejemplo de austeridad y equidad, en el marco de reformas para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de exfuncionarios de alto nivel, algunos de los cuales alcanzaban un millón de pesos mensuales o más en Pemex, Luz y Fuerza, etc. Lo que no dijo la presidenta Sheinbaum es que el gobierno federal cubre otros gastos significativos para un expresidente como AMLO. El expresidente cuenta con un esquema de seguridad proporcionado por la Sedena en su residencia “La Chingada” en Palenque, Chiapas. Aunque se eliminó el antiguo Estado Mayor Presidencial y las pensiones millonarias, persiste protección militar; si bien el costo exacto no es público, sin embargo, históricamente la seguridad de expresidentes ha sido multimillonaria). A esto agregue personal de servicio, seguro médico, vehículos y logística. Aunque el actual gobierno enfatiza la austeridad, no hay transparencia total sobre el costo anual actual para AMLO. La declaración de Claudia Sheinbaum busca proyectar una política de austeridad, pero omite que el Estado sigue asumiendo gastos operativos relevantes más allá de la pensión contributiva modesta. Por supuesto, tampoco se va a poner a explicar los negocios que están en lo oscurito llevan a cabo los hijos y hermanos de López Obrador. Es decir, eso de la austeridad es pura mascarada.
Estados Unidos se pone más exigente con México en el combate a los cárteles de la droga; eso incluye a los políticos coludidos con el narco, políticos como Rocha Moya
Estados Unidos ha intensificado sus exigencias a México para obtener resultados concretos y verificables en el combate a los cárteles de la droga, particularmente en el tráfico de fentanilo y el control de precursores químicos. Tras la acusación formal del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa (facción de “Los Chapitos”), Washington ha reforzado su mensaje: exige acciones más agresivas o advierte de nuevas sanciones, mayor presión diplomática y posibles medidas unilaterales. Funcionarios estadounidenses, incluyendo referencias al secretario de Defensa Pete Hegseth y el contexto de la administración Trump, han calificado los esfuerzos mexicanos como positivos pero insuficientes en velocidad y profundidad, demandando mayor aceleración contra la corrupción vinculada al narco y las cadenas de suministro de precursores. Esta presión externa reduce significativamente el espacio de maniobra del gobierno de Claudia Sheinbaum para sostener una defensa a ultranza de Rocha Moya. Claudia Sheinbaum ha insistido en que no hay pruebas suficientes presentadas por EE.UU. para justificar una detención provisional con fines de extradición, ha pedido elementos adicionales y enfatiza la soberanía y el debido proceso. Sheinbaum ha señalado que no se encubrirá a delincuentes, pero que si las imputaciones son políticas, México actuará conforme a su Constitución. Sin embargo, el caso coloca a Sheinbaum en un dilema diplomático y político: defender plenamente a un aliado clave de Morena arriesga escalar tensiones bilaterales, posibles sanciones adicionales y afectaciones en otros frentes como comercio o migración.
Según Luisa María Alcalde, EEUU no presentó pruebas y violó el principio de confidencialidad, por lo que sus acusaciones no valen. Pero Rocha moya ya renunció
El gobierno de Claudia Sheinbaum se contradice. Por un lado gobierno y voceros presumen que en el Departamento de Justicia de Estados Unidos son unos novatos y que no conocen los procedimientos para pedir la extradición de algún imputado para ser juzgado en territorio americano. “No tienen pruebas”, dicen los de Morena, como si la petición del gobierno de Trump sólo fuera un capricho. Sin embargo, ya hicieron renunciar a Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa y a Juan de Dios Gámez Mendívil a la alcaldía de Culiacán. A pesar de esa contradicción, Luisa María Alcalde, la nueva consejera Jurídica de la Presidencia se atreve a decir: “Dado que no existe, hasta este momento, elementos para determinar la urgencia, (la SRE) necesita pedirle al país requirente que aporte esos elementos para poderlo presentar, entonces sí, ante un juez, ¿quién lo va a determinar? El juez de control no lo va a determinar, la fiscalía no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez, si se mandarán estos elementos probatorios”. En serio no entiende la presidenta Sheinbaum que si Donald Trump la amaga con romper el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ella tendría que entregar hasta a los hijos de López Obrador o al mismo López Obrador.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra |
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