Por Omar Zúñiga
En agosto advertimos en este espacio que la auditoría a la Oficina del Abogado General de la Universidad Veracruzana llegaba diecinueve meses tarde y con dedicatoria.
Lo que entonces era una sospecha alimentada por el calendario, hoy tiene más piezas sobre la mesa, y ninguna la desmiente, la revisión avanza en lo oscuro, sus protagonistas se reúnen a puerta cerrada y, según ha trascendido en los pasillos universitarios, lo que se busca es un resultado muy concreto, inhabilitar a Marisol Luna Leal para que eventualmente no pueda aspirar ya no digamos a la Rectoría, sino a cualquier cargo dentro de la UV.
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Pero hay que repasar lo que se sabe, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso esta columna, la Contraloría General de la UV inició la auditoría a finales de junio.
El periodo revisado va de enero de 2022 a marzo de 2026 e incluye las dos direcciones adscritas a la oficina: Asuntos Jurídicos y Normatividad; ese lapso no corresponde sólo a Marisol Luna, que dejó el cargo en noviembre de 2024, abarca también la gestión de quien la relevó, Mónica Victoria Ruiz Balcázar.
Son dos administraciones bajo la lupa, pero en la conversación aparece un sólo nombre.
La pregunta se responde sola.
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Ante todo esto, Marisol hizo lo que haría cualquier persona con formación jurídica, preguntar; presentó ante la Contraloría una solicitud de información sobre diversos puntos de la auditoría.
La respuesta fue un portazo en la cara; el Comité de “Transparencia” de la UV, que preside el actual abogado general, Heroy Muñoz Gómez, y que completan la Defensora de los Derechos Universitarios y la titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia (CUTAI), reservó la información ¡por cinco años!, el plazo máximo que permite la ley.
Detengamos un poco en este dato…, quien preside el órgano que decidió ocultar la información es el titular de la misma oficina que está siendo auditada.
Muñoz Gómez resolvió, en los hechos, que nadie conozca hasta 2031 qué se revisa de la dependencia que él encabeza, ni siquiera la exfuncionaria que podría resultar señalada.
Si eso no es un conflicto de interés, habrá que reescribir el concepto, y cinco años no es una cifra inocente, pues para entonces, la próxima sucesión en la Rectoría habrá quedado atrás.
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La información está reservada para la interesada, pero abierta para quienes despachan en la oficina auditada.
Porque mientras a la comunidad universitaria se le prohíbe saber, otros sí se informan; en días recientes, Muñoz Gómez y los dos directores de la oficina han acudido a la Contraloría a reuniones sobre “puntos” de la auditoría.
Así entiende la transparencia el rectorado de martincito el espurio, secreta para unos y a la carta para otros.
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Marisol no se ha quedado callada.
La doctora en Derecho integró un pliego que exige lo elemental en cualquier procedimiento, que se precise el objeto de la auditoría y el acto que la originó, quién la ordenó y con qué atribuciones, qué observaciones o informes preliminares existen y en qué calidad se le considera, si como auditada, testigo, informante o posible responsable.
Pregunta también si podrá presentar pruebas y aclaraciones antes de cualquier conclusión, si podrá acudir con asesor legal y si se levantarán actas de las reuniones.
Además demanda que cualquier reserva se funde y motive punto por punto, y que su solicitud no se desvíe al trámite de derechos ARCO como pretexto para no responder.
No es un desafío, es el mínimo de debido proceso que una institución de esta naturaleza le debe a cualquiera de sus integrantes.
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El propósito que se le atribuye a la auditoría tropieza con un problema serio, la ley; la Ley General de Responsabilidades Administrativas pone la carga de la prueba en la autoridad (artículo 135), que debe acreditar tanto la falta como la participación personal de quien resulte señalado.
Una falta no grave admite, como máximo, una inhabilitación de tres meses a un año (artículo 75), insuficiente para cerrarle el paso a una eventual aspiración; para una inhabilitación de largo alcance habría que imputar una falta grave, y esa no la resuelve la Contraloría universitaria por su cuenta, la decide un tribunal (artículos 3 y 78).
Y si alguien pensara en la vía penal, tendría que identificar un delito concreto, no una antipatía.
Dicho de otro modo, para llegar a donde quieren llegar, la Contraloría tendría que construir un expediente capaz de sostenerse fuera de los muros de la UV, ante jueces que no le deben el cargo al espurio y quizá esa sea la razón del sigilo.
Lo que se cocina a oscuras rara vez resiste la luz de un tribunal.
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Nada de esto ocurre en el vacío, lo hemos documentado en este espacio; por ejemplo el año sabático negado a Luna con el argumento de que fue “la 101” de 100 lugares; la auditoría ordenada diecinueve meses después de su renuncia, justo cuando se perfilaba como aspirante a la Rectoría; y, como telón de fondo, la impugnación que ella llevó hasta la Suprema Corte contra la legalidad de la designación de martincito el espurio.
A eso se suma un rectorado que, como hemos expuesto, se administra con lealtades por encima de méritos y silencios por encima de explicaciones.
La auditoría bajo llave es la pieza más reciente de una campaña de acoso institucional con un destinatario muy claro.
Si la Contraloría tiene algo, que lo muestre, si en la gestión de Marisol Luna, o en la de su sucesora, hubo irregularidades, la comunidad universitaria merece conocerlas con nombre, fecha, documento y norma, y no por filtraciones de pasillo.
Pero si lo que existe es un expediente a la medida para sacar a una aspirante de la contienda, entonces la reserva de cinco años no protege una auditoría, protege a quien la ordenó.
Cuando no hay nada que esconder, no hay nada que reservar.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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