Por Omar Zúñiga
La muerte de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal de Morena por el distrito 16 de Córdoba, es una de las que navega en el océano de lo “extraño”.
Como es conocido, su cuerpo fue localizado la mañana del viernes 4 de septiembre dentro de un auto de lujo Mercedes, estacionado en el acotamiento de la carretera federal Veracruz–Xalapa, a la altura de la comunidad La Gloria, municipio de Puente Nacional.
Desde entonces, la versión oficial ha avanzado a cuentagotas y las imágenes que han circulado —extraoficiales, parciales, contradictorias entre sí— dicen, en algunos aspectos, más que la información oficial.
Un arma de fuego entre las piernas del legislador, con la cacha hacia arriba... Cualquier perito con experiencia sabe que esa disposición no es, por sí sola, ni prueba de suicidio ni de homicidio; pero sí es un dato que exige explicación técnica, no la versión oficial que generó mucho más dudas que certezas.
Había sangre en las manos del diputado además de sangre en su oreja izquierda que todos los peritos de café sostienen es producida por disparo del arma de fuego y que a vidta de las imágenes conocidas, no lo es.
Ese detalle, por sí solo, desordena cualquier relato apresurado sobre lo ocurrido en ese vehículo.
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Pero más allá de la mecánica forense, el fondo de este caso es uno solo, y es el que debe ordenar la discusión pública: ¿suicidio o asesinato? No hay respuesta cómoda.
Las dos hipótesis son gravísimas para Veracruz, y ambas exponen algo que las autoridades estatales y federales no pueden seguir tratando como un expediente más.
Zenyazen no llegaba a esta semana como una figura sin fricciones. En los días recientes, medios de información documentaron que, a través de su hija y de la pareja de ésta, la familia del legislador controlaba Materiales Oconit, empresa que administra el basurero Los Colorines, en Nogales, con cobros a más de 40 municipios de la zona centro y sur del estado y con ingresos estimados en más de 300 millones de pesos anuales.
A ese frente se suma el que dejó abierto en la Secretaría de Educación de Veracruz, que encabezó entre 2018 y 2021; el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) documentó más de 200 contratos otorgados a empresas de reciente creación, señalamiento del que Zenyazen se deslindó públicamente en 2025.
Un monopolio millonario de residuos, contratos cuestionados en el sector educativo y una posición de poder dentro de la bancada de Morena en San Lázaro son, hasta ahora, los tres ingredientes que la prensa, alcaldes y lo smismo legisladores de Morena han puesto sobre la mesa como posibles motivos de un ajuste de cuentas.
Son hipótesis, no sentencias, y así deben tratarse: ninguna autoridad ha acreditado hasta ahora una relación directa entre esos señalamientos y su muerte. Pero sería una negligencia periodística no anotarlas.
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La otra hipótesis, la del suicidio, obliga a preguntar qué pudo llevar a un hombre de 42 años, con una carrera política en ascenso, coordinador de la bancada veracruzana de Morena en la Cámara de Diputados y en lo que podía notarse, sin dificultades económicas (el amor y el dinero no se pueden ocultar), a tomar una decisión así.
No faltan frentes de presión.
En mayo, protagonizó un altercado con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla en pleno pleno de San Lázaro, después de que éste lo señalara públicamente por su pasado como bailarín de shows privados, un episodio que reabrió una vieja herida mediática de sus años como maestro y como secretario de Educación.
Ese mismo mes circularon versiones —que él negó— que lo vinculaban con una embarcación incendiada en la riviera veracruzana.
El peso acumulado de escrutinio, señalamientos y una reputación en disputa es, para cualquier persona con responsabilidad pública, un terreno fértil para el desgaste emocional.
No lo sabemos con certeza; pero tampoco podemos fingir que no existía motivo alguno para preguntarlo.
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Sabemos De Primera Mano, que algunos de sus propios compañeros diputados, durante la instalación del Congreso General el pasado martes 1 de septiembre, Zenyazen se mostraba “distinto” a como era habitualmente: más retraído, con un semblante que varios legisladores describen como “extraño”, “como si algo lo tuviera preocupado”, -dijeron-.
Ninguno lo ha mencionado con nombre y apellido ante un micrófono, y se eniende: nadie quiere ser el que, después, tenga que explicar por qué no dijo nada a tiempo.
Pero el patrón —el cambio de actitud notado por gente que lo trataba a diario— es un dato que la investigación no debería descartar.
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Para documentar el optmismo, a este espacio se hizo llegar un documento de inteligencia que elabora un análisis comparativo de imágenes de la escena del hallazgo, elaborado a partir de varias imágenes.
Este documento arroja observaciones que no deberían pasar inadvertidas.
Las posiciones del cuerpo en ambas imágenes no coinciden: la disposición de los brazos, la inclinación de la cabeza y hasta la ropa visible difieren de una fotografía a otra.
En una de las imágenes se aprecia, además, lo que parece ser un vendaje o cobertura en la mano derecha del legislador, junto con sangre.
El dato contextual que vuelve relevante esa observación es que, de acuerdo con personas cercanas a él, Zenyazen Escobar no era zurdo, sino diestro.
Si el arma se reportó entre las piernas y es precisamente la mano derecha —la dominante— la que presenta indicios de vendaje o lesión, la pregunta obligada es cómo se concilia eso con la mecánica de un disparo autoinfligido o, en su caso, con cualquier otro escenario.
Por eso, y sin adelantar veredictos que no me competen, insisto en que la Fiscalía General de la República debe verifiquen con rigor la coincidencia exacta de posturas entre las fotografías disponibles, la naturaleza real de ese posible vendaje, la relación entre la mano dominante del diputado y la posición en que fue hallada el arma, y —lo más elemental en cualquier caso de este tipo— los residuos de pólvora, la trayectoria del proyectil y la reconstrucción técnica de la escena.
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Sea cual sea el desenlace de la investigación, las dos hipótesis son igual de graves.
Si fue homicidio, estamos ante la ejecución de un legislador federal en una carretera del centro de Veracruz a 35 kilómetros de la capital del estado, con el mensaje brutal que eso envía sobre quién manda de verdad en ciertos territorios y ciertos negocios.
Si fue suicidio, estamos ante la evidencia de que el poder, en este estado, puede triturar a quien lo ejerce hasta el punto de no encontrar otra salida —y ante la responsabilidad colectiva, política y mediática, de no haber sabido leer las señales a tiempo.
Ninguna de las dos lecturas es cómoda.
Ninguna de las dos debería resolverse con un boletín de dos párrafos ni con el silencio protector de las autoridades competentes.
La FGR ya atrajo el caso; que eso signifique, por una vez, rigor y transparencia, y no la administración política del expediente.
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A la familia de Zenyazen Escobar García, empezando por su esposa y sus hijos, mi más sentido pésame. Ellos no tienen por qué cargar con las hipótesis que aquí se han planteado; tienen derecho, sobre todo, a la verdad.
Porque, se hable de lo que se hable, con todo y sus sombras y sus señalamientos, no hay muertos malos.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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