Por Omar Zúñiga
Este domingo, cuando la mayoría de la capital veracruzana apenas despertaba, personal médico, de enfermería y trabajadores del Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” salieron a protestar.
No es una marcha más, es el clímax de semanas, meses, protestas, de mantas colgadas en los pasillos, de reuniones sin respuesta y de una advertencia que el propio personal había hecho pública desde el 9 de septiembre: la próxima cita sería en la calle, frente a la gobernadora Rocío Nahle García, para contarle —con hechos, no con boletines— lo que de verdad ocurre dentro de ese hospital.
El origen de la protesta no es nuevo ni es un exceso retórico, desde hace meses, pero acentuada desde agosto, y de manera creciente en septiembre, médicos y enfermeras de prñacticamente todos llso hispital de de Sesver, denuncian el desabasto de medicamentos, materiales de curación, instrumental y hasta insuficiencia de agua potable.
El cso del CAE es el más patético, pues hasta hace unos 12 años era el gran referente no sólo en Veracruz, sino en buena parte del sur sureste del país.
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En una carta dirigida directamente a la gobernadora, el personal calificó al sistema de salud veracruzano como colapsado y responsabilizó al gobierno estatal por la falta de insumos, infraestructura y equipo que, advirtieron, pone en riesgo a toda la población.
Las cifras que circulan entre el propio personal del hospital son, por sí solas, un diagnóstico: se habla de más de mil cirugías ¡MIL! pospuestas por la falta de materiales básicos, un rezago que compromete no sólo la atención inmediata de los pacientes, sino la formación de los médicos residentes, que dependen de esos procedimientos para completar sus competencias clínicas.
El conflicto del CAE no está aislado: días antes, residentes y familiares de pacientes con cáncer bloquearon calles frente al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el puerto, por la misma causa.
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Reducir el problema al CAE sería, además de impreciso, cómplice. A unas cuadras de distancia, el Hospital Civil “Dr. Luis F. Nachón” —el otro gran nosocomio de referencia para Xalapa y su zona conurbada— arrastra su propio historial de desabasto: suspensión total de cirugías programadas por falta de anestésicos como el fentanilo, protestas del personal sindicalizado por incumplimiento de pagos e insumos, y denuncias internas, hechas bajo reserva de identidad por temor a represalias, sobre instrucciones para seguir distribuyendo medicamentos caducos borrando las fechas de vencimiento.
Son episodios documentados en distintos momentos, pero que dibujan el mismo patrón: un hospital que opera al límite y que sólo reacciona cuando la denuncia se vuelve pública, y en no contadas ocasiones, ni así
El propio gobierno del estado, sin proponérselo, confirmó que el problema rebasa al CAE.
El 2 de septiembre, la gobernadora Nahle reconoció que, de los 60 hospitales incorporados al esquema IMSS-Bienestar en Veracruz, las carencias se concentraban justamente en las zonas de mayor población: Veracruz-Boca del Río y Xalapa.
Es decir, en la propia capital del estado, la red del IMSS —no sólo el hospital de referencia estatal— forma parte del mismo cuello de botella.
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Lo que ocurre en Xalapa no es un incidente aislado de gestión hospitalaria; es la expresión más visible de una falla de diseño nacional.
Un análisis reciente sitúa el origen del desabasto en el mecanismo de compra consolidada de medicamentos e insumos, heredado del extinto e inutil Insabi -fundado por el Nerón de Macuspana-, hoy operado por el IMSS-Bienestar, que concentró en una sola instancia federal las adquisiciones para todo el país.
Colectivos de la sociedad civil documentan mil 213 reportes de carencias en esa institución entre 2022 y 2026, y estudios especializados la señalan como la de menor trazabilidad del gasto entre las tres grandes instituciones del sector salud.
La cadena de hospitales afectados lo confirma.
Días antes de que el CAE colocara sus primeras mantas, residentes y familiares de pacientes con cáncer bloquearon calles frente al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz puerto, por las mismas carencias: gasas, suturas, soluciones y equipo quirúrgico básico.
El Gobierno estatal terminó por reconocer faltantes en “algunas unidades” de la red, y la gobernadora obtuvo autorización de la Federación para que Veracruz compre de manera directa los insumos faltantes, con la promesa de un reembolso posterior.
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Médicos especialistas consultados para esta columna coinciden en que nunca en la historia de Veractuz se había vivido una situación como la que atraviesa actualmente el sistema estatal de salud.
Jamás se había llegado a un punto donde la falta de insumos obligara a suspender cirugías por centenas, a racionar hasta el agua dentro de un hospital de alta especialidad, y a que un funcionario público minimizara el reclamo calificándolo de campaña orquestada.
No es, dicen, un bache más en la curva de un sistema con carencias históricas. Es, sostienen, un quiebre de otra naturaleza: administrativo, presupuestal y también de trato hacia quienes sostienen la atención médica del estado con las manos vacías.
Y no es sólo una advertencia abstracta, los propios médicos residentes del CAE, en un posicionamiento público, hicieron responsables a los funcionarios que conocen y han ignorado el desabasto de cualquier desenlace fatal que pudiera sufrir un paciente como consecuencia directa de la falta de medicamentos e insumos, que no son pocos.
Quien esto escribe no necesita esa advertencia para tomarla en serio: en las últimas semanas, amigos cercanos han padecido en carne propia la falta de insumos en hospitales veracruzanos, con procedimientos pospuestos y atención interrumpida que, en más de un caso, pone (en presente) en riesgo real su vida.
No es, entonces, una crisis de estadísticas ni de comunicados. Es una crisis que cuesta vidas, y que se sigue tratando, desde el escritorio, como un problema de percepción.
El gobierno estatal, ha respondido con el lenguaje habitual de los comunicados: reuniones de evaluación, instrucciones para adquirir faltantes, anuncios de una inversión millonarias y sí, también descalificación.
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Para documentar el optimismo… la respuesta institucional, en lugar de aminorar la tensión, la encendió. El coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Roberto Ramos Alor, calificó las denuncias del personal médico como una “campaña de odio” en su contra y en contra de la institución que encabeza.
El diputado local Héctor Yunes Landa, dirigente de Alianza Generacional por Veracruz, lo bautizó públicamente como el “Doctor Muerte” a quien calificó como un “pobre pendejo”, que juega con la vida de los veracruzanos y recordó que, durante su paso previo por la Secretaría de Salud estatal, ya había dejado constancia de su incapacidad y se le premió en este sexenio con su cargo actual.
A la par, personal directivo del propio CAE habría recibido presión para “controlar” al personal y contener las protestas el desabasto, bajo amenaza de despidos, de acuerdo con denuncias hechas llegar de forma anónima por temor a represalias.
El patrón es conocido: cuando la evidencia incomoda, se ataca al mensajero.
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Y ya que hablamos de méritos internacionales: no sorprendería que una delegación de Dinamarca solicitara una visita técnica a Xalapa.
Vengan a aprender, doctores nórdicos, cómo se opera sin anestesia, cómo se reutilizan las botas de quirófano rescatadas de la basura y cómo un funcionario público convierte el desabasto en “campaña de odio” sin perder la compostura. Sería, sin duda, un intercambio académico memorable.
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No podemos dejar de mencionar entre las personas que visibilizaron esta crisis a Miguel Macías Parra, delegado distrital de Movimiento Ciudadano en Xalapa, como una de las personas que sufrió en carne propia esta crisis sanitaria, pero que también se atrevió a denunciarla públicamente.
Macías empieza a tomar un nuevo aire, luego de su crisis personal de salud, que no fue suficiente para mantenerlo vigente y en plena operación, social y política.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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