Por Omar Zúñiga
El “corredor naranja” —esa franja que va de Úrsulo Galván a La Antigua, pasa por Puente Nacional y Paso de Ovejas y llega hasta Jalcomulco— sigue desangrándose.
Conviene decirlo sin eufemismos: no se trata de un incidente aislado ni de una racha de mala suerte, sino de un patrón que ya tiene nombre, apellido y, sobre todo, responsable político.
El desafuero de Bertín Bravo Montero en Úrsulo Galván, por la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, fue apenas el primer capítulo.
El segundo lo escribió Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, señalado por la FGE en el feminicidio de Roxana Guzmán, secuestrada en Nanchital y hallada sin vida.
Dos alcaldes, dos delitos de altísimo impacto, un mismo partido.
Todo indica que no serán los últimos; hay ya un par de municipios más gobernados por Movimiento Ciudadano que están en capilla frente a la Fiscalía: Paso de Ovejas, con Uriel Peralta Barrios al frente, y Coscomatepec, donde despacha Armando Reyes Muñoz.
El caso de Coscomatepec merece detenerse, porque ahí el patrón ya no es una sospecha política, sino una sentencia firme: seis expolicías municipales, que prestaron servicio bajo la administración de Reyes Muñoz, fueron condenados a cuatro años y nueve meses de prisión por delitos contra la salud, después de que un cateo en la comandancia municipal —realizado por la Policía Ministerial en coordinación con la Semar y la Policía Estatal— encontrara droga en las instalaciones.
No es una acusación fabricada ni una carpeta en construcción: es una condena ya dictada contra la propia estructura de seguridad del ayuntamiento. Y el alcalde, hasta ahora, no ha ofrecido a la ciudadanía una explicación pública sobre lo ocurrido en su propia comandancia.
Paso de Ovejas, por su parte, forma parte de esa misma franja que Bertín Bravo articulaba políticamente y que hoy, sin su liderazgo, ha quedado más expuesta que nunca frente a la Fiscalía.
Que el municipio de Uriel Peralta Barrios aparezca ya en el radar de la FGE, apenas semanas después de que el corredor naranja registrara dos desafueros consecutivos, no es una coincidencia menor: es la confirmación de que el problema no estaba únicamente en Úrsulo Galván ni en Ixhuatlán del Sureste, sino en la manera en que se construyó, de origen, la operación política de Movimiento Ciudadano.
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Un partido puede denunciar con toda razón que la Fiscalía actúa con motivaciones políticas —y en el caso de Bertín Bravo, insisto, la sospecha tiene sustento razonable—, pero no puede sostener ese relato de víctima cuando, al mismo tiempo, acumula desafueros por desaparición forzada, un feminicidio, y una comandancia municipal presa por narcotráfico, todo en apenas siete meses de gobierno. En algún momento la explicación deja de estar en la Fiscalía y empieza a estar en el partido mismo.
Y el partido mismo, en Veracruz, tiene nombre: Luis Carbonell de la Hoz. Desde octubre de 2024, cuando tomó protesta como dirigente estatal en relevo del hoy diputado federal y delegado nacional naranja Sergio Gil Rullán, Carbonell ha repetido en cada asamblea la misma promesa: “construir desde lo local”, consolidar a Movimiento Ciudadano como primera fuerza política del estado.
Pero fue precisamente bajo su operación política —el diseño de candidaturas, el aval de perfiles, la construcción de ese corredor naranja como bastión territorial— que hoy se desmorona uno de los pocos activos reales que el partido tenía rumbo a 2027.
No hablamos de errores ajenos ni de fiscales inventando delitos: hablamos de candidaturas que la propia dirigencia estatal seleccionó, promovió y fotografió en campaña, y que hoy enfrentan procesos por los delitos más graves que contempla el código penal.
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La pregunta que la militancia naranja debería estarse haciendo no es si la Fiscalía persigue a Movimiento Ciudadano —probablemente sí, en algún grado, como ocurre con toda oposición real en Veracruz—, sino qué filtros, o la ausencia de ellos, permitieron que perfiles como los de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste llegaran a una boleta electoral con el aval de la dirigencia estatal.
Y si Paso de Ovejas y Coscomatepec terminan sumándose a la lista, la respuesta ya no podrá achacarse a la casualidad ni a la persecución: será, llanamente, la consecuencia de siete meses sin control de daños desde la dirigencia de Carbonell.
El corredor naranja se llamó así, alguna vez, porque ahí Movimiento Ciudadano tenía control real, cinco alcaldías construidas alrededor del liderazgo de Bertín Bravo.
Hoy, esa misma franja se ha convertido en el mapa de riesgo del partido naranja en Veracruz, y cada nuevo municipio que se suma a la lista —Paso de Ovejas y Coscomatepec, con la Fiscalía ya tocando la puerta— es una prueba más de que la crisis está en la falta de liderazgo, filtro y control que ha caracterizado a la dirigencia estatal desde que Carbonell tomó las riendas del partido.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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