Por Omar Zúñiga
Por Omar Zúñiga
En noviembre pasado se documentó en este espacio el calvario que vive Argentina Durán, la extraordinaria pianista xalapeña, víctima de un hostigamiento que arrancó en redes sociales y escaló hasta la falsificación de documentos judiciales con sello y firma apócrifos de una jueza veracruzana.
Lamentablemente, lejos de detenerse, el acoso ha cruzado una línea que debería encender todas las alarmas: ahora tocó la puerta de una mujer adulta mayor, ajena por completo al conflicto, que no tiene más responsabilidad que ser la madre de la artista.
La señora, originaria y vecina de Xalapa, recibió en su domicilio documentos que pretenden hacerse pasar por comunicaciones oficiales de la Embajada de Suiza en México, relacionados —otra vez— con el supuesto incumplimiento en el pago de pensión alimenticia por parte del esposo de Argentina.
El absurdo, querida, querido lector, tiene una explicación técnica que conviene exponer con toda claridad, porque desnuda la mentira de origen: Ecuador no tiene representación diplomática en México.
Desde abril de 2024, cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, ambos países rompieron relaciones y, por acuerdo suscrito en Berna, es Suiza quien funge como potencia protectora de los intereses de Ecuador en territorio mexicano —y de México en Ecuador—, bajo el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Esa figura diplomática, conocida como “buenos oficios” o mandato de potencia protectora, sirve para mantener un nivel mínimo de comunicación institucional entre dos Estados sin relaciones formales.
No es, ni remotamente, un mecanismo para tramitar demandas civiles de particulares, mucho menos para notificar pensiones alimenticias entre exparejas.
Que alguien en Ecuador —porque desde ahí, según todo indica, proviene el hostigamiento orquestado por Karol ‘N’, la primera esposa— se atreva a falsificar un documento atribuyéndoselo a la legación suiza, no es solamente un acto de mala fe contra una familia xalapeña: es una usurpación que compromete la credibilidad de una representación diplomática extranjera acreditada en nuestro país.
Que además, dicho sea de paso, Karol es ciudadana de Colombia ni siquiera es ecuatoriana.
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Aquí es conveniente ser preciso, porque no se trata de un capricho retórico: usurpar el nombre, sellos o atribuciones de una misión diplomática puede actualizar, además de la falsificación de documentos prevista en el artículo 278 del Código Penal para el Estado de Veracruz (de uno a cinco años de prisión), figuras del fuero federal relacionadas con la usurpación de funciones y el uso indebido de insignias o denominaciones oficiales, dado que involucra a una representación extranjera y trasciende fronteras.
De hecho con la reciente reforma al Código Penal de Veracruz se podría configurar el delito de “acecho”.
El asunto ya no es solamente competencia del Ministerio Público local: la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República tienen obligación de intervenir, tanto por la probable falsificación como por el componente transnacional del hostigamiento, que involucra a una ciudadana colombiana avecindada en Ecuador operando, presuntamente, junto con una prima radicada en Xalapa.
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Para documentar el optimismo…, lo que debe pesarnos como sociedad es lo elemental: una señora adulta mayor, que no tiene absolutamente nada que ver en este conflicto entre su yerno y la expareja de éste, hoy vive con el temor de abrir la puerta de su casa.
No cometió delito alguno, no tiene vela en este entierro, y sin embargo es blanco de una campaña que ya no distingue a quién daña con tal de doblegar a Argentina y a su esposo.
Acosar a una persona adulta mayor, aprovechando su menor familiaridad con trámites digitales y legales para sembrarle angustia, es una forma de violencia particularmente cruel y cobarde.
Y cuando ese hostigamiento se disfraza con el membrete de una embajada —inventando una gestión diplomática que, por las propias reglas del derecho internacional, es materialmente imposible— estamos ante algo que ya no admite la etiqueta de “pleito familiar”: es un probable fraude documental con pretensiones de extorsión moral.
Se reitera el exhorto a las autoridades, ahora con mayor urgencia: la Cancillería mexicana, a través de su embajada en Berna y su canal con la Confederación Suiza, debe confirmar formal y públicamente que ningún documento de esa naturaleza ha sido emitido por dicha representación; y la Fiscalía de Veracruz, en coordinación con la FGR, debe dar curso a las denuncias ya presentadas, identificando a los responsables materiales e intelectuales de esta cadena de falsificaciones, que con cada episodio se vuelve más grave.
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Argentina Durán sigue siendo, ante todo, una de las grandes voces del piano que ha dado Veracruz al mundo.
Su madre, una mujer que solo quiere vivir en paz en su propia casa, no debería pagar el precio del despecho de nadie.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail
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