Por Omar Zúñiga
La caída de Guadalupe Taddei Zavala no se agota en la herradura del Consejo General del INE.
Cuando la presidenta del árbitro electoral del país anuncia su renuncia cercada por señalamientos de conflicto de interés y por una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación, lo que queda en entredicho no es sólo una persona, es la confianza en todo el andamiaje que organiza las elecciones, desde las oficinas centrales del Instituto hasta el último consejo municipal.
Como se adelantó en este espacio, la salida era cuestión de días, lo que sigue es saber hasta dónde llegan las raíces.
El 23 de octubre, la ASF anunció que investigará posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos en contrataciones del INE y de los organismos públicos locales electorales.
Hay tres líneas: la posible simulación de competencia entre proveedores, los presuntos vínculos entre empresas contratistas y personas de las áreas administrativas electorales, y operaciones de triangulación de dinero entre los propios proveedores.
La presidencia del INE dijo respaldar la indagatoria y Taddei siempre negó la fiesta, aunque el confeti le brotaba por toda la ropa, y rechazó haber favorecido a nadie; la ASF tendrá la última palabra.
En la lista de empresas señaladas aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati, todas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
El primero, de acuerdo con reportajes, fotografías y videos difundidos en las últimas semanas, mantiene una relación personal muy estrecha con Taddei.
Y no es nueva: en marzo de 2021, siendo ella presidenta del Instituto Electoral de Sonora, se firmó con Cajas Graf un contrato por 46.8 millones de pesos en el que el propio Hernández Casillas aparece como representante legal de la empresa.
La pregunta obligada para Veracruz es si esos tentáculos alcanzaron al OPLE, pues señalamientos hay muchos sobre todo en los politólogos de café, y aquí conviene ir a los papeles, no a las versiones.
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Este columnista tiene en su poder copia de contratos de adquisición de documentación y material electoral que el OPLE Veracruz ha firmado desde enero de 2023, cuando Luis Fernando Reyes Rocha llegó a la Secretaría Ejecutiva.
Los tres tienen el mismo proveedor, y no es ninguno de los investigados: Litho Formas, S.A. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla, Estado de México.
? Contrato 02/LPN/OPLEV-21114001002-002/2024, del 21 de febrero de 2024, para el proceso ordinario 2023-2024 (gubernatura y diputaciones locales): 215 millones 63 mil pesos con IVA, por licitación pública nacional.
? Contrato 2/LPN/OPLEV-21114001002-002/2025, del 19 de marzo de 2025, para el proceso ordinario 2024-2025 (los 212 ayuntamientos): 113 millones 777 mil 896 pesos con IVA, también por licitación pública nacional.
? Contrato 07/ADJUDICACIONDIRECTA/2026, del 2 de marzo de 2026, para la elección extraordinaria de Tamiahua: 349 mil 994 pesos con IVA, por adjudicación directa autorizada por el Subcomité de Adquisiciones con base en la causal legal que la permite cuando no existen al menos tres proveedores idóneos.
A ello se suma, según la información pública del organismo, la adquisición para la elección extraordinaria de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado en 2025, que también fue para Litho Formas.
Hay un dato que los propios contratos consignan y que no hay que esconder.
En la licitación de 2024, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Corporativo Zeg compraron las bases; en la de 2025 lo hicieron Cajas Graf y Formas Finas y Materiales.
Ninguna presentó propuesta, en 2024, la única proposición registrada fue la de Litho Formas; en 2025 compitieron Litho Formas y Grummec, que quedó descalificada por no entregar su propuesta técnica en medio digital.
Si comprar bases y no presentarse fue retirada o estrategia, es materia de la ASF, que justamente indaga simulación de competencia.
Lo que no admite discusión es el resultado, en Veracruz, desde 2023, los fallos de documentación y material electoral no fueron para las empresas de Hernández Casillas.
Los últimos contratos del OPLE con Cajas Graf y Corporativo Zeg son de otra época, 141 millones 775 mil 200 pesos para el proceso 2017-2018, por licitación pública nacional, y 134 mil 903 pesos para la extraordinaria de 2022, por licitación simplificada, cuando Alejandro Bonilla era el consejero presidente.
A quienes aseguran que Cajas Graf surtió urnas y mamparas en Veracruz en 2024 y 2025 por la puerta de atrás, los contratos también les responden, pues prohíben a la proveedora ceder o traspasar sus derechos y obligaciones a terceros bajo cualquier modalidad, so pena de rescisión.
Si alguien tiene una factura o un contrato de maquila que pruebe lo contrario, que lo exhiba; hasta hoy nadie lo ha hecho y no se trata de defender lo indefendible.
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Para documentar el optimismo, aquí está lo que explica buena parte de la ofensiva ocntra Veracruz.
El OPLE se volvió incómodo cuando en 2025 organizó la elección de los 212 ayuntamientos y la judicial con un presupuesto contenido, con un proveedor distinto al de la red hoy investigada, y su presidenta y su secretario ejecutivo empezaron a ser consultados por otros organismos sobre cómo lo habían hecho.
Para un esquema que vivía de presupuestos holgados y proveedores cautivos, un organismo local que compraba con otro proveedor era un mal ejemplo.
Luego vino la queja, un “particular” promovió ante el INE un procedimiento de remoción (expediente UT/SCG/PRCE/RASE/CG/22/2025 y su acumulado) contra el pleno del Consejo General del OPLE, encabezado por la consejera presidenta Marisol Alicia Delgadillo Morales, por el presunto conflicto de interés de una consejera casada con un candidato judicial y la supuesta omisión del resto para pedir que se excusara.
En paralelo, corrió una campaña mediática que pedía además la cabeza de Luis Fernando Reyes Rocha.
El dato que importa es que el proyecto que el Consejo General del INE iba a votar el 17 de septiembre pasado, declaraba infundadas las acusaciones y fue la propia Taddei quien pidió retirarlo del orden del día para una “revisión adicional”.
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Que nadie lo lea como un certificado de pureza, la ASF dijo que su investigación alcanzará a los OPLE, y el de Veracruz tendrá que responder lo que le pregunten.
Pero los papeles, que son lo único que pesa en una auditoría, cuentan una historia distinta a la que se repite como hipótesis de Goebbels, en los años en que la red de los Hernández Casillas ganaba contratos en el INE y en otros institutos del país, en Veracruz no ganó ni uno.
Si la ASF lo confirma, la paradoja será completa, el OPLE que estuvo a punto de ser descabezado en la mesa de Taddei es hoy el que mejor puede demostrar que le dijo que no a su “amigo”.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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