Por Omar Zúñiga
En Veracruz se hablan al menos 16 lenguas indígenas identificadas, cada una con variantes regionales propias, algunas inteligibles entre sí, otras no.
Detrás de esa diversidad hay una pregunta que muuuy rara vez se hace en los pasillos de Palacio de Justicia: ¿en qué idioma se le explica una sentencia a quien no domina el español? La respuesta, medida en números, tiene este año un salto que merece leerse con calma —y un silencio institucional que necesita leerse con dureza.
Pero además, en una clara contradicción en que el TSJ la da realce a las lenguas originaria, pero que al mismo tiempo, la comunicación INSTITUCIONAL al parecer no existe y olvidan el manejo del español para informar lo que se trabaja.
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De acuerdo con el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (PANITLI), que administra el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y que certifica a personas originarias de Veracruz para actuar dentro del ámbito de procuración y administración de justicia, la entidad ha tenido, desde 2009, cuatro momentos de acreditación: 2009, 2013, 2022 y 2026.
En 2009 se certificaron 38 intérpretes, cubriendo cinco lenguas: huasteco de oriente, náhuatl de la huasteca, otomí de la Sierra, tepehua del Oeste y las variantes central alto, central del sur y de la costa del totonaco. En 2013 la cifra cayó a 14, con apenas tres lenguas representadas.
En 2022 —año que debería avergonzar a cualquier operador de justicia— el padrón sumó solamente 7 nuevos acreditados, en una sola lengua: náhuatl de la huasteca.
Luego llegó 2026. Treinta nuevas acreditaciones, sí, por debajo del pico histórico de 2009 en volumen. Pero en diversidad, 2026 es, con mucho, el año más ambicioso del padrón: diez lenguas distintas certificadas en un solo ejercicio —más que la suma de las tres convocatorias anteriores juntas—.
Chinanteco del norte, huasteco del centro, mazateco del sureste, náhuatl (central, de la huasteca y del Istmo), otomí de la Sierra, popoluca de la Sierra, tepehua del Este, totonaco (central del sur y de la costa) y zapoteco del oeste de Tuxtepec, además de zoque del centro, se suman así al mapa de la justicia que sí se puede explicar en la lengua materna de quien la necesita.
El acumulado desde 2009 llega a 89 personas certificadas para todo Veracruz, cifra que, hay que decirlo sin rodeos, sigue siendo insuficiente frente al 26.6 por ciento de la población veracruzana que, según el censo 2020 del INEGI, se autoadscribe indígena.
Pero el salto de 2026 no es menor: en un sólo año se recuperó terreno perdido en trece años de indiferencia institucional, y se llevó representación lingüística a comunidades que, hasta ahora, litigaban —cuando podían hacerlo— en un idioma que no era el suyo.
Ese salto tiene nombre, es parte de la gestión del primer año de Rosalba Hernández Hernández al frente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.
Hay decirlo con la misma claridad con la que en este espacio se ha señalado lo que no funciona: es un logro que debe reconocerse.
No es menor impulsar, en año de transición y con presupuesto acotado, una expansión de intérpretes certificados que triplica en diversidad lingüística lo alcanzado en los tres ejercicios anteriores combinados.
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Y también hay que decirlo, porque el contexto en el que Rosalba (hablante de náhuatl por cierto) ha operado este primer año no ha sido, ni de lejos, el más favorable.
Opera con recursos básicos, en un Poder Judicial que —como el resto del aparato de justicia local— nunca ha sido generoso con su propio funcionamiento.
Y opera, además, con un handicap político que pocos se atreven a nombrar en voz alta: el Órgano de Administración Judicial, la instancia que controla la operación administrativa del Poder Judicial, no responde a la Presidencia de Hernández, sino que sigue siendo, en los hechos, terreno de influencia de quien fuera presidenta del propio Tribunal y hoy es Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Encabezar un tribunal sin controlar del todo su propia administración es gobernar con una mano atada —y, aun así, ahí están las cifras.
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Y luego está el otro frente, el que sí depende enteramente de la voluntad institucional y que el Poder Judicial sigue sin resolver: la comunicación INSTITUCIONAL.
El TSJ cuenta, en el papel, con un órgano INSTITUCIONAL de Comunicación Social, que en los hechos, esa área NO comunica los logros del Poder Judicial (al menos los de la titularidad del Poder Judicial de Veracruz) —como este, que merecería ocupar espacio propio en cualquier informe institucional— sino que opera de manera sesgada, al servicio de unos cuantos y no de la institución que debe representar.
No se conoce a quién opera ese frente, sin embargo sí a quién responde; esa opacidad no es un detalle menor, pues una presidenta que logra en un año lo que tres administraciones anteriores no lograron en trece, y cuyo propio aparato de comunicación es incapaz —o no tiene interés— en contarlo, tiene un problema serio de conducción interna que se debería corregir, pero que nunca ocurrirá mientras no haya una persona afín al grupúsculo que controla los recursos en el TSJ.
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Reconocer el trabajo de Rosalba Hernández en este primer año no es un cheque en blanco, es, simplemente, llamar a las cosas por su nombre, pues hay un avance medible, documentado y verificable en el acceso a la justicia para los pueblos indígenas de Veracruz.
Y hay, al mismo tiempo, una estructura de comunicación institucional que le está fallando —a ella y a la ciudadanía— al no querer decirlo y empeñarse en actuar como bucaneros al servicio de su majestad.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com |
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