Por Omar Zúñiga
Este viernes, a las 13:00 horas, está programada en el Congreso de Veracruz una sesión que se vislumbra como muy larga y que, según todo indica, terminará con Eric Domínguez Vázquez tomando protesta como nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Habrá posicionamientos de bancada, quizá algún voto particular de la oposición para dejar constancia, pero el desenlace ya está cantado desde antes de que se abra el primer micrófono.
Se dijo en este espacio hace unas semanas, hubo una terna real, la que se cocinó puertas adentro de Palacio de Gobierno, y no era la que desfiló ante comparecencias públicas.
La integraban el ex alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, hombre de toda la confianza de Rocío Nahle; la Contralora General del Estado, Bárbara Galindo, para quien de hecho se reformó la Constitución local para que una persona no nacida en Veracruz pudiera aspirar al cargo; y el propio Eric Domínguez, ex alcalde de Papantla y hasta ayer subsecretario de Administración y Finanzas de Sefiplan.
Los dos primeros eran la opción natural, gente que podía cuidarle la espalda a la mandataria en el momento exacto en que el Orfis tendría que calificar la última cuenta pública del sexenio.
Pero Amado rompió con la gobernadora y de la contralora no volvió a saberse nadota; ninguno de los dos llegó siquiera a inscribirse en la convocatoria; quedó Eric, y con él la incertidumbre de con qué lealtad realmente llega al cargo.
Por eso la sorpresa de este viernes es que no habrá sorpresa.
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La sesión que inicia a las 13 horas es la formalidad que cierra un proceso cuyo resultado se decidió con antelación; las entrevistas, la “terna”, el dictamen de la Comisión de Vigilancia, todo fue, en los hechos, un circo hasta con payasos.
Eric Domínguez tomará protesta porque así se resolvió desde el primer momento, no porque el Congreso haya encontrado en él, entre 28 aspirantes, al perfil más idóneo.
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La imposición, además, no ha sido gratuita puertas adentro; la sola posibilidad de que el exalcalde de Papantla llegara al Orfis encendió alertas incluso entre liderazgos morenistas, que ven con desconfianza el lastre político que arrastra, pues fue uno de los operadores más cercanos al exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos bola 8, antes de convertirse en quien lo traicionó, y a quien se atribuye haber citado a Reveriano Pérez, entonces cacique de Coxquihui, en un hotel de Xalapa donde terminó detenido.
"Traición" es, literalmente, la palabra que corre entre filas de Morena para describirlo.
La fractura no es menor, la bancada que debería cerrar filas para garantizar la votación calificada que exige el nombramiento llega dividida a la sesión de este viernes, y esa división es, en sí misma, la prueba de que la imposición desde Palacio de Gobierno costó más de lo que Nahle tenía calculado.
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Hay algo más que conviene subrayar, porque toca directamente la legalidad del nombramiento.
La misma reforma constitucional que abrió el Orfis a perfiles no veracruzanos también fijó, en el artículo 67, un candado distinto: no haber ocupado, durante el año previo al nombramiento, la titularidad del Poder Ejecutivo estatal, de una Secretaría de Despacho, de la Fiscalía General, de una Senaduría, una Diputación o una Presidencia Municipal.
Eric Domínguez, sin embargo, en sentido estricto no es titular de Sefiplan —esa dependencia la encabeza el poblano—, sino subsecretario de Administración y Finanzas; y su paso por la alcaldía de Papantla terminó con licencia definitiva el 1 de diciembre de 2024, según consta en la Gaceta Oficial, casi dos años antes de que tome protesta en el Orfis.
Leída al pie de la letra, la ley no lo alcanza, pues el candado se diseñó para bloquear a los titulares, no a los subsecretarios, y Eric cruza ese filtro sin despeinarse.
Es, al mismo tiempo, una lealtad estricta a la letra de la norma y una traición a su espíritu, que buscaba justamente impedir que quien administra las finanzas del Ejecutivo termine fiscalizándolas.
Lo que queda por ver no es si Eric llega al Orfis —eso ya está descontado— sino qué hace una vez adentro, y ahí es donde la apuesta se vuelve interesante: quienes lo conocen aseguran que el papanteco solo obedece a un jefe, el dinero, y que en las finanzas de la propia gobernadora hay una línea que sus allegados repiten como advertencia: no se le puede tocar absolutamente nada en ese tema.
Las apuestas, reitero, van doble contra sencillo a que tarde o temprano incomodará a quien hoy lo coloca en el cargo y terminará por “picarle los ojos”.
Y la pregunta no es si eso ocurre, sino cuándo, y entonces el costo político no será solo para Eric Domínguez.
Al final, quien tendrá que pagar la factura de esta sucesión sin sorpresas será el propio gobierno de (y ella misma) Rocío Nahle, es su cuenta pública la que se revisará bajo la conducción de un fiscalizador que él mismo colocó, y es su administración la que quedará expuesta si el papanteco decide, como ya lo hizo antes con otros aliados, cobrar factura por su lealtad más que ejercerla.
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Para documentar el optimismo…, por si esto fuera poco, la misma sesión de este viernes traerá además, otra votación de fondo, la desaparición del fuero constitucional para presidentes municipales, integrantes de concejos municipales y síndicos, mediante la reforma al artículo 78 de la Constitución local que envió la misma Nahle.
De aprobarse (como se perfla que será), alcaldes y síndicos podrán ser procesados penalmente sin que el Congreso tenga que emitir antes una declaración de procedencia, como ya ocurrió este año, por la vía del procedimiento vigente, con los ex alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste.
No todos los votos apuntan, sin embargo, en el mismo sentido, pues al menos el diputado Héctor Yunes Landa votará en contra, con la advertencia de que retirar esa protección puede dejar vulnerables a los ediles frente a persecuciones políticas disfrazadas de procesos penales.
Es, otra vez, una sesión que combina fiscalización y poder: mientras el Orfis estrena titular sin sobresaltos, los alcaldes veracruzanos pierden, sin anestesia, el blindaje que los protegía.
Ahora, quedará en manos de los ayuntamientos, al ser reforma constitucional, se necesitan 107 cabildos que lo aprueben y al final serán ellos los que sufrirán las consecuencias de un estado autoritario y de un Orfis en manos de Eric L’Útero.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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