Por Miguel Ángel Cristiani G.
Tener una casa o un terreno representa para millones de familias mexicanas años de trabajo, ahorro y sacrificios. Por eso, cualquier reforma que modifique la manera en que se registran, identifican y valoran los inmuebles merece algo más que una explicación técnica: exige claridad sobre sus consecuencias para los propietarios.
El Senado de la República aprobó la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modernizar los catastros y los registros públicos de la propiedad en todo el país.
La intención, en principio, parece razonable. Actualmente existen diferencias entre los sistemas de información inmobiliaria de estados y municipios, lo que puede dificultar la identificación de los predios, propiciar registros contradictorios y complicar la certeza jurídica sobre la propiedad.
La nueva legislación pretende poner orden mediante una Clave Única Catastral para cada inmueble, una cédula que vincule la información física del predio con su registro jurídico y plataformas digitales que permitan compartir información entre los distintos niveles de gobierno.
Dicho en términos sencillos: una especie de CURP para cada casa o terreno.
La modernización podría ayudar a detectar irregularidades, facilitar trámites y fortalecer la seguridad patrimonial. El problema comienza cuando se revisan sus posibles consecuencias fiscales y administrativas.
El gobierno sostiene que la ley no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas del predial, cuya recaudación permanece en manos de los municipios. Sin embargo, hay una diferencia importante entre mantener la tasa y mantener el monto que paga el contribuyente.
Si una actualización catastral modifica el valor de un inmueble que sirve como base para calcular el impuesto, el pago podría aumentar, aunque la tasa permanezca sin cambios. Por eso, la preocupación por un posible predialazo no debe descartarse con una simple declaración: necesita respuestas claras sobre los procedimientos, los criterios de valuación y las garantías para los propietarios.
La oposición también ha cuestionado el alcance de los lineamientos federales y las obligaciones tecnológicas que asumirán los municipios, particularmente aquellos que carecen de recursos suficientes para modernizar sus sistemas.
Aquí aparece otro asunto de fondo: el federalismo. Homologar información puede ser útil, pero habrá que vigilar que la coordinación nacional no se convierta en una imposición que reduzca la capacidad de decisión de los ayuntamientos.
La ley contempla plazos para emitir lineamientos, armonizar las legislaciones estatales e implementar la clave única. Es durante ese proceso cuando se verá si la modernización se traduce en mejores servicios, mayor certeza jurídica y trámites más sencillos, o si termina generando nuevas cargas administrativas y económicas.
Lo que hace falta es transparencia. Los ciudadanos deben conocer cómo se actualizarán los registros, qué mecanismos tendrán para corregir errores, cómo podrán impugnar una valuación y qué protección existirá frente a cualquier afectación indebida a su patrimonio.
Porque ordenar los catastros es una cosa y aumentar, directa o indirectamente, la carga fiscal de las familias es otra muy distinta.
Y como diría Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño:
“¡Cuidado, paisanos! Si ahora cada casa va a tener su CURP, que no resulte que también le van a sacar acta de nacimiento al predialazo. Porque una cosa es poner en orden los papeles y otra muy distinta es que, por ponerlos en orden, termine pagando más el dueño de la casa”.
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