Por Miguel Ángel Cristiani G.
En Coatepec hay una cifra que, por sí sola, merece una explicación pública.
El Presupuesto de Egresos 2026 contempla ingresos brutos anuales por 11 millones 430 mil 600.12 pesos para los diez integrantes del Cabildo, es decir, para el presidente municipal, la síndica y los ocho regidores.
Pero dentro de ese presupuesto aparece una partida que llama particularmente la atención: 3 millones 300 mil pesos bajo el concepto de “Otras Prestaciones Sociales y Económicas”.
De acuerdo con el desglose difundido, se contemplan 500 mil pesos para el presidente municipal Jorge Ignacio Luna Hernández, 400 mil para la síndica Stephanie Platas y 300 mil pesos para cada uno de los ocho regidores.
Hasta aquí están los números.
La pregunta viene después.
¿Para qué son esos 3 millones 300 mil pesos?
Porque una cosa es aprobar una partida presupuestal y otra muy distinta es ejercerla. El presupuesto establece cuánto puede destinarse; la rendición de cuentas debe mostrar cuánto se gastó realmente, en qué se gastó y quién recibió esos recursos.
En el caso del alcalde, el documento contempla 835 mil 500 pesos en servicios personales, además de 148 mil 869.24 pesos por prima vacacional, dominical y gratificación de fin de año, y otros 500 mil pesos en la partida cuestionada.
El resultado: 1 millón 484 mil 369.24 pesos brutos anuales presupuestados.
Para la síndica se contemplan 1 millón 283 mil 366.24 pesos, mientras que para cada uno de los ocho regidores el presupuesto alcanza 1 millón 82 mil 858.08 pesos brutos anuales.
No se trata, entonces, de discutir si un funcionario debe ganar mucho o poco.
Ese es otro debate.
La pregunta de interés público es mucho más concreta: ¿qué prestaciones adicionales están contempladas dentro de esos 3.3 millones de pesos?
La propia denominación “Otras Prestaciones Sociales y Económicas” resulta demasiado general para que el ciudadano pueda conocer, con sólo revisar el cuadro presupuestal, el destino específico de esos recursos.
Y ahí es donde comienza la verdadera obligación de transparencia.
¿Cuáles son esas prestaciones?
¿Están previstas en las condiciones generales de trabajo, reglamentos, contratos o disposiciones legales aplicables?
¿Se entregan mensualmente, una sola vez al año o bajo alguna circunstancia específica?
¿Cuánto se ha ejercido hasta ahora?
¿Quiénes han recibido esos pagos?
¿Existen comprobantes y documentos que permitan verificar cada erogación?
Una publicación local ha recogido cuestionamientos ciudadanos e incluso interpretaciones acerca de si esta partida pudiera representar un incremento indirecto en las percepciones de los integrantes del Cabildo.
Pero esa interpretación, mientras no exista documentación que la acredite, debe permanecer como lo que es: un señalamiento y no un hecho comprobado.
Lo que sí está documentado son los montos presupuestados.
Y también está documentado que los recursos son públicos.
Por eso no hace falta acusar a nadie para formular una pregunta perfectamente legítima:
¿Qué recibe Coatepec a cambio de esos 3?3 millones de pesos?
La respuesta debería estar al alcance de cualquier ciudadano, de manera clara, sencilla y documentada.
Porque cuando se trata de dinero público, la transparencia no consiste únicamente en publicar una cifra dentro de un presupuesto.
Consiste en explicar qué significa, para qué se autorizó, cuánto se ejerció y dónde terminó cada peso.
Los números ya están sobre la mesa.
Ahora faltan las explicaciones.
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