Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay políticos que llegan al poder para gobernar y otros que llegan para hacer negocios. La diferencia suele conocerse muy pronto. En Tuxpan, ni siquiera ha transcurrido el primer año de la administración municipal de Daniel Cortina y ya asoma una operación inmobiliaria que merece, por lo menos, todas las preguntas posibles.
La historia es sencilla. Demasiado sencilla para ser casual.
El llamado Edificio del Mar, una propiedad privada ubicada en el primer cuadro de la ciudad, llevaba años en el abandono. Como ocurre con cientos de inmuebles deteriorados en Veracruz, sus propietarios nunca encontraron incentivos ni recursos para rescatarlo. De repente, el inmueble se convierte en prioridad municipal. Se anuncia su renovación y se presenta públicamente como una de las principales demandas ciudadanas.
¿En serio?
¿Los tuxpeños se despertaban cada mañana preocupados por el destino del Edificio del Mar?
Porque si uno recorre Tuxpan encontrará calles destrozadas, colonias con problemas de agua potable, deficiencias en alumbrado público, demandas de seguridad y una larga lista de carencias que difícilmente colocan la restauración de un edificio privado en la cúspide de las necesidades ciudadanas.
Pero el gobierno municipal decidió que sí.
Y aquí es donde la historia deja de parecer una política pública y comienza a parecer un plan de negocios.
Primero se impulsa la restauración del edificio. Después, según versiones que circulan en el puerto y que exigen absoluta transparencia de las autoridades, el inmueble cambia de propietarios mediante una operación realizada a través de terceros. Finalmente, el Ayuntamiento termina rentando el mismo edificio bajo el argumento de que será utilizado para oficinas municipales.
La pregunta obligada es elemental: ¿quiénes son los nuevos propietarios y cuánto pagará el Ayuntamiento por el arrendamiento?
Porque cuando se trata de recursos públicos, el ciudadano tiene derecho a conocer cada peso que se compromete.
La opacidad es el mejor fertilizante de la sospecha.
Y la sospecha crece cuando la operación parece diseñada para que el municipio termine pagando durante años una renta suficientemente generosa como para cubrir el valor total del inmueble y, además, garantizar una rentabilidad extraordinaria para sus nuevos dueños.
Si esto es falso, basta exhibir los contratos, los montos, los nombres de los propietarios y los estudios técnicos que justifican la decisión.
Si esto es cierto, entonces no estamos ante una estrategia de rescate urbano, sino frente a un negocio inmobiliario montado desde el poder.
La situación resulta todavía más inquietante cuando el propio alcalde difunde un boletín en el que asegura que esta decisión representa "una nueva manera de gobernar, donde se escucha a la gente y se actúa en consecuencia".
La frase merece ser analizada.
Porque escuchar a la gente significa atender sus necesidades reales, no construir prioridades artificiales. Gobernar implica administrar recursos públicos con criterios de utilidad social y no convertir las oficinas municipales en pretexto para operaciones patrimoniales de dudosa conveniencia.
La experiencia política mexicana está llena de ejemplos similares. Primero se genera una necesidad administrativa; después se identifica un inmueble; enseguida aparecen intermediarios; finalmente se comprometen recursos públicos durante años. Todo suele ser legal en apariencia y cuestionable en esencia.
La corrupción moderna rara vez utiliza maletas llenas de dinero. Prefiere contratos, rentas, intermediarios y empresas de ocasión.
Por eso la discusión no gira alrededor de un edificio.
El verdadero debate es otro.
¿Puede un gobierno municipal justificar como prioridad ciudadana la recuperación de un inmueble privado mientras persisten rezagos elementales en servicios públicos?
¿Puede comprometer recursos futuros sin explicar detalladamente las razones económicas y administrativas de la operación?
¿Puede invocar la voluntad popular sin exhibir evidencia de que esa decisión efectivamente surgió de la ciudadanía?
La respuesta democrática es contundente: no.
En política, las formas importan, pero los fondos importan todavía más. Y cuando las prioridades gubernamentales coinciden sospechosamente con oportunidades inmobiliarias privadas, la obligación de transparentar cada paso deja de ser un acto de buena voluntad y se convierte en un deber irrenunciable.
Porque el dinero no es del alcalde, ni de sus colaboradores, ni de los eventuales propietarios del edificio.
El dinero pertenece a los ciudadanos.
Y en democracia, cada peso público debe soportar el escrutinio de la sociedad.
De lo contrario, el gobierno deja de administrar el patrimonio colectivo y termina administrando oportunidades privadas desde la comodidad del cargo público.
Si el primer año de gobierno ya produce sospechas de negocios inmobiliarios, el problema no es el Edificio del Mar; el verdadero edificio que empieza a derrumbarse es la credibilidad del Ayuntamiento de Tuxpan.
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