Por Miguel Ángel Cristiani G.
Ya sabemos cuánto gastó el Organismo Público Local Electoral de Veracruz en comunicación social y publicidad durante 2024.
Ahora viene la pregunta verdaderamente importante:
¿A quién se pagaron esos 27 millones 271 mil 75 pesos?
La cifra aparece en el informe financiero del propio OPLE y corresponde al gasto acumulado al 31 de diciembre de 2024 dentro del capítulo de Servicios Generales.
En ese ejercicio, el organismo reportó un gasto total de 343 millones 220 mil 546 pesos en Servicios Generales.
De esa cantidad, 27 millones 271 mil 75 pesos correspondieron a Servicios de Comunicación Social y Publicidad.
La cifra equivale a prácticamente 8 de cada 100 pesos gastados en Servicios Generales.
No es la partida más grande.
Los servicios profesionales, científicos, técnicos y otros representaron 195.84 millones de pesos.
Los arrendamientos sumaron 26.60 millones.
Los servicios de traslado y viáticos llegaron a 28.61 millones.
Pero los 27.27 millones destinados a comunicación social tienen una característica particular:
se pueden seguir hasta llegar al proveedor.
Y eso es precisamente lo que vamos a hacer.
Ya hemos presentado una solicitud de información sobre el tema.
El presupuesto solamente es el principio
Hasta ahora hemos hablado de grandes cantidades.
Pero un presupuesto solamente nos dice cuánto se autorizó y cuánto se ejerció.
No nos dice por sí mismo quién ganó los contratos.
Para eso tenemos que bajar un nivel más.
Necesitamos conocer:
qué empresa o persona física prestó el servicio;
qué servicio proporcionó;
cuánto se contrató;
cuánto se pagó;
por cuánto tiempo;
mediante qué procedimiento de contratación;
quién autorizó el gasto;
y, finalmente, qué producto o servicio recibió el OPLE a cambio.
Porque decir que se gastaron 27.27 millones es solamente el comienzo.
La verdadera historia está en la distribución de esos millones.
Publicidad no es una sola cosa
También tendremos que evitar otra confusión.
Cuando hablamos de “publicidad” no necesariamente estamos hablando exclusivamente de anuncios en periódicos, radio, televisión o portales informativos.
La clasificación presupuestal de comunicación social puede involucrar diferentes servicios.
Por eso nuestra revisión incluirá, entre otros:
publicidad y difusión institucional;
campañas de comunicación social;
monitoreo de medios;
producción audiovisual;
diseño;
servicios digitales;
materiales de difusión;
transmisiones;
y otros servicios directamente relacionados con la estrategia de comunicación.
La propia Unidad Técnica de Comunicación Social del OPLE tiene entre sus atribuciones coordinar la estrategia integral de comunicación y la difusión de contenidos institucionales.
Por ello, cada contratación debe analizarse de acuerdo con el servicio específico que se pagó.
La pregunta que debemos responder
Aquí aparece una interrogante que merece toda nuestra atención:
¿El gasto de comunicación social se distribuyó entre numerosos proveedores o terminó concentrándose en unos cuantos?
Las dos posibilidades son perfectamente distintas.
Si encontramos decenas de proveedores con montos pequeños, tendremos una fotografía.
Si encontramos que una cantidad importante se concentró en unas cuantas empresas, tendremos otra.
Y si además esos mismos proveedores aparecen repetidamente durante varios ejercicios, la investigación adquiere una nueva dimensión.
No significa que exista una irregularidad.
Pero sí significa que existe una concentración que merece ser explicada.
¿Cómo se contrataron?
Hay otra pregunta fundamental:
¿Cómo fueron asignados esos contratos?
Una contratación mediante licitación pública no tiene las mismas características que una adjudicación directa.
La invitación a cuando menos tres proveedores también tiene reglas específicas.
Y una adjudicación directa puede ser perfectamente legal cuando se actualizan los supuestos previstos por la legislación.
Por eso no vamos a utilizar la palabra “irregular” simplemente porque encontremos una adjudicación directa.
Primero habrá que conocer el fundamento jurídico.
Después, el monto.
Luego, la justificación.
Y finalmente, el resultado.
El periodismo serio no necesita adjetivos cuando tiene documentos.
La política de racionalidad
Hay además un elemento que vuelve todavía más interesante esta revisión.
El propio OPLE ha establecido medidas de racionalidad del gasto y ha señalado criterios para evitar incrementos injustificados en determinados servicios, incluida la comunicación social y publicidad.
También ha planteado que las adquisiciones y servicios deben buscar mejores condiciones para el organismo.
Por eso, la pregunta resulta inevitable:
¿Cómo se aplicaron esos principios cuando se contrataron los servicios de comunicación?
La respuesta estará en los expedientes.
No en los discursos.
El siguiente paso
A partir de ahora nuestra investigación cambiará de metodología.
Ya no vamos a trabajar solamente con los informes presupuestales.
Vamos a construir una base de contratos y proveedores.
Comenzaremos con 2024.
Después incorporaremos 2025.
Y finalmente 2026.
Para cada contratación registraremos:
Proveedor.
Concepto.
Número de contrato.
Fecha.
Vigencia.
Monto contratado.
Monto pagado.
Procedimiento de contratación.
Área solicitante.
Y, cuando la documentación esté disponible:
producto o servicio entregado.
Al final podremos sumar los contratos por proveedor.
Y entonces sí tendremos una respuesta concreta a la pregunta que hoy dejamos abierta:
¿Quiénes recibieron los 27 millones 271 mil 75 pesos que el OPLE Veracruz ejerció en comunicación social y publicidad durante 2024?
Porque el dinero público tiene una característica muy particular.
Puede salir de una partida presupuestal.
Puede pasar por un contrato.
Puede llegar a una empresa.
Pero nunca deja de ser dinero de los ciudadanos.
Y los ciudadanos tienen derecho a saber quién lo recibió.
Continuará.
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