XALAPA.- Debido a que las condiciones generales de trabajo llevan casi una década sin actualizarse, pues la definición del sindicato mayoritario es clave para destrabar este proceso que afecta a cientos de trabajadores en el estado, desde el año 2015, los derechos laborales de más de 700 empleados y empleadas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se mantienen detenidos, debido a que no se ha definido qué sindicato ostenta la mayoría de afiliados y, por lo tanto, puede firmar el Contrato Colectivo de Trabajo. Este jueves, trabajadores de las distintas oficinas regionales de la Fiscalía, distribuidas en siete regiones del estado, acudieron a las instalaciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TCA) en Xalapa, con el objetivo de acreditar su afiliación sindical ante las autoridades laborales. “La FGE no ha renovado el contrato colectivo y, hasta que no se sepa qué sindicato tiene mayoría, no habrá negociación ni actualización de las condiciones laborales”, señalaron los trabajadores. Actualmente, siete sindicatos estatales compiten por el mayor número de agremiados en la Fiscalía. Este proceso de definición está bajo el trámite denominado “Desahogo de la prueba de recuento”, a cargo del TCA. “Estamos en votación; se trata de una prueba en el juicio que existe entre los sindicatos para definir quién tiene mayoría”, explicó Cristóbal Quintana, uno de los trabajadores sindicalizados. “Sólo el sindicato mayoritario podrá firmar el contrato colectivo con la Fiscalía”, añadió. Además del rezago contractual, los trabajadores enfrentan desinformación sobre el número real de empleados con base laboral, así como sobre quiénes ya se jubilaron o están en proceso de hacerlo. Esto ha derivado en inconsistencias en los registros tanto en el tribunal como en la FGE. “No sabemos cuántos están activos, cuántos ya se dieron de baja por jubilación, ni cuántos tienen derecho a base. Todo esto afecta no sólo los derechos laborales, sino también la operatividad institucional”, concluyeron.
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