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A 24 días de las elecciones, juzgadores mexicanos presentan queja en la CIDH contra la reforma judicial.
Con la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) juzgadores buscan que haya una reparación del daño a jueces y magistrados afectados por la reforma judicial, una garantía de no repetición y que se fortalezca la independencia en el Poder Judicial.
Martes 06 de Mayo de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- Al menos 14 personas que trabajaron o aún laboran en el Poder Judicial presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar violaciones a sus derechos derivadas de la reforma judicial y solicitaron que haya reparaciones del daño.


La petición fue realizada a través de Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.


De acuerdo con el documento, las y los firmantes no buscan derogar la reforma ni revertir sus efectos, más bien, tomar medidas para proteger los derechos, reparaciones para las personas “directamente afectadas” y que se garantice la “no repetición en la región”, explicó a Animal Político la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las firmantes.

“Esperamos que las personas que ahora estamos afectadas y que somos las peticionarias obtengamos la reparación integral y, además, y creo que esto es primordial, pretendemos contribuir al al fortalecimiento de estándares internacionales de independencia judicial, sobre todo dentro del sistema interamericano para casos futuros y regionales, porque estamos viendo cómo a través de discursos políticos se sigue violentando la independencia judicial, se sigue minando la división de poderes y eso está destruyendo democracias de manera regional. No hay un precedente que se equipare a lo que está pasando en México porque en ningún país había sucedido esto”.



Juzgadores denuncian que reforma judicial vulneró sus derechos
La petición señala que la reforma judicial, iniciada bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, e implementada a partir del 15 septiembre de 2024, afectó los principios de independencia judicial, de igualdad y no discriminación, y vulneró la participación de las mujeres en el Poder Judicial.

Además, introduce cambios significativos al sistema judicial del país, entre ellos que las y los jueces sean elegidos por el público en lugar de ser nombrados mediante un proceso de selección establecido.



Los firmantes consideraron que la reforma constituye un mecanismo de politización de la Judicatura y que su implementación ocurre en un contexto de estigmatización pública, deslegitimación sistemática del Poder Judicial y debilitamiento institucional.

“Esta reforma, bajo la apariencia de neutralidad, constituye en realidad un mecanismo de politización y captura de la judicatura. Además, vulnera los principios de independencia judicial, especialmente las garantías de inamovilidad y nombramiento de personas juzgadoras”, afirma la petición.


Piden medidas de reparación ante la CIDH por reforma judicial
De acuerdo con la magistrada María Emilia Molina, las 14 personas firmantes recurrieron a la CIDH ante la falta de resolución de autoridades nacionales.

“Los medios de defensa nacionales consideramos que son absolutamente imprácticos y poco reparadores, dado que por un lado hay una reforma constitucional que señaló que lo que dice la Constitución ya no podría ser analizado y por otro lado hay una reiterada política desde el Estado de no cumplir con ninguna de las de las resoluciones jurídicas nacionales, como hemos visto con más de 300 suspensiones violentadas por todas las autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pues entonces lo único que nos quedaba como opción era la defensa internacional”.

En cuanto a las medidas de reparación esperadas por las personas juzgadoras afectadas por la reforma judicial están la reinstalación en los puestos de trabajo, un pago por el tiempo que no tuvieron su salario y otro tipo de aspectos como el impacto en su salud. “Todo esto tiene que ver con criterios que ya ha fijado la Corte Interamericana respecto a las reparaciones de violaciones de derechos humanos en otros casos”.

Aunque no reveló los nombres de las 14 personas peticionarias, María Emilia Molina, una de las firmantes, explicó que entre ellas se encuentran personas que se han retirado de sus funciones a partir de la reforma y otras aún están laborando en el Poder Judicial.

“También hay personas que tienen características distintas respecto de si estaban o no ratificadas. Hay algunas personas que son juezas o jueces de distrito y otras que somos magistrados o magistradas de circuito. También por eso no son tan específicas las formas de reparación pues esto tiene que ver con las características específicas de cada caso. Entonces, aunque vamos en un grupo, cada quien tenemos una propia realidad y una forma de reparación también totalmente distinta” dijo a Animal Político.

La Comisión iniciará un proceso de verificación y evaluará sus alegaciones. Si procede, la CIDH podrá entonces hacer recomendaciones al Estado mexicano para abordar cualquier violación de los derechos humanos que se haya producido, emprender investigaciones o dictar reparaciones según sea necesario, y adoptar medidas que incluyan garantías de no repetición.

“El procedimiento es realmente de largo aliento pero sabemos quienes estamos firmando que tenemos que dejar el testimonio histórico de la defensa con todos los argumentos que sabemos que jurídicamente proceden para que sean analizados y, en su momento, pueda haber una reparación no solo a nuestros derechos individuales, sino sobre todo al Estado mexicano, que es quien más pierde en esta destrucción de la democracia”.

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