NO ES secreto que las cárceles mexicanas se encuentran saturadas, con un exceso de población que supera la capacidad en muchos centros estatales, especialmente en el Estado de México, Nayarit, Hidalgo, Puebla y Veracruz, lo que genera hacinamiento, violencia, corrupción y graves violaciones a derechos humanos, agravado por la lentitud de los procesos judiciales y un alto porcentaje de personas sin sentencia. Y esto no es una ocurrencia; son informes recientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que establece que, a pesar de los esfuerzos, la ocupación supera el 100 por ciento en varias prisiones, con entidades como el Estado de México liderando en número de penales sobresaturados. Esa problemática engendra altos índices de hacinamiento, ya que casi el 60 por ciento de los reclusos vive en esas condiciones; y esto lo padecen más de un tercio de las cárceles del país, Concatenado a lo anterior, hasta finales de 2024, había aproximadamente 236 mil 773 personas privadas de la libertad en las cárceles de México, incluyendo adultos y adolescentes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con una tendencia al alza y una significativa sobrepoblación en muchos centros penitenciarios, afectando principalmente a los penales estatales. A pesar de lo anterior, México no ha construido cárceles federales en muchos años, pese a la reciente detención de infinidad de delincuentes organizados; en su lugar, se optó por un modelo de inversión privada (APP) iniciado en 2010 bajo Felipe Calderón para construir y operar centros, pero la construcción de nuevas instalaciones se ha detenido, quedando pendiente la infraestructura penitenciaria, aunque hay iniciativas locales como en Puebla. Por ello causa sorpresa lo dicho, recientemente, por el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch de que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de noviembre pasado se han detenido a 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto (cuando no hay cárceles Federales de reciente construcción y las que existen se encuentran saturadas. En pocas palabras, si ha habido tantas detenciones, como dice el secretario de seguridad y protección ciudadana, los presos, actualmente, deben dormir de pie, pues de otra forma no se explica cómo meter casi 39 mil personas a prisiones donde ya no cabe ni un alfiler.
LA SATURACION de las cárceles, como ya se dijo, provoca graves violaciones a los Derechos Humanos, ya que se engendra falta de higiene, mala alimentación, deficiencias en servicios y condiciones precarias, desencadenando inconformidades y violencia. Grave, gravísimo es el hecho de que un gran porcentaje de la población penitenciaria (cerca de 36 por ciento) no tiene sentencia, lo que agrava la saturación y vulnera sus derechos, con trámites judiciales lentos. La saturación permite, al mismo tiempo, que bandas criminales mantengan el control dentro de las prisiones, generando un ambiente de autogobierno y riesgo de motines.
PERO NO solo las cárceles para varones se encuentran saturadas y atiborradas de nuevos reclusos. Cifras oficiales revelan que, de las mujeres que ingresaron a los centros penitenciarios federales durante 2024, 34.4 por ciento fue por delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos. En el caso de los hombres, 33.7 por ciento ingresó por delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, mientras que el delito más frecuente que cometieron, tanto las mujeres como los hombres ingresados a los centros penitenciarios estatales, fue robo, con 25.6 y 27.2 por ciento, respectivamente. Al cierre de 2024 había 268 mujeres privadas de la libertad embarazadas y/o en periodo de lactancia, así como 307 mujeres con sus hijas y/o hijos al interior de los centros. Al cierre de 2024, la infraestructura penitenciaria nacional se conformó por 325 cárceles: 14 centros penitenciarios federales, 261 centros penitenciarios estatales y 50 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes. Estos contaron con 230 mil 168 espacios para las personas privadas de la libertad y personas adolescentes internadas: 28 mil 200 espacios en los centros federales, 195 mil 906 en los estatales y 6 mil 062 en los especializados.
EN ESE tenor, México necesita de una cárcel similar a la cárcel más conocida de El Salvador que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), inaugurada en 2023 como parte de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele contra las pandillas. Es una mega cárcel de máxima seguridad construida para albergar a miembros de pandillas, principalmente los considerados de "alto rango". Se encuentra a 74 kilómetros de San Salvador, y tiene una capacidad máxima para 40mil reclusos, está diseñada con varios módulos y celdas que alberga a distintos reclusos, la que se llenaría solo con los casi 39 mil detenidos en el actual Gobierno, y que están coadyuvando a la saturación ya existente. Pero la necesidad de construir una "megacárcel" en México es un tema de debate entre políticos y expertos en seguridad, con argumentos a favor y en contra, y no existe un consenso unánime sobre su viabilidad o eficacia a largo plazo. Partidarios como la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez y otros actores políticos argumentan que una megacárcel de máxima seguridad es necesaria para aislar a los líderes criminales, desarticular las redes de mando dentro de las prisiones y evitar motines, el autogobierno y la anarquía que prevalecen en muchos centros penitenciarios.
HASTA DONDE se sabe, se ha reportado que los gobiernos de México y Estados Unidos han analizado la posibilidad de un proyecto conjunto para crear una cárcel de súper máxima seguridad exclusiva para capos del narcotráfico, lo que sugiere un interés en la cooperación internacional para abordar el crimen organizado. La propuesta concibe instalaciones con alta tecnología, incluyendo inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento facial para prevenir fugas y mejorar el monitoreo de reclusos. Sin embargo, expertos y organizaciones civiles señalan que la construcción de más cárceles no ha demostrado tener un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva en México, pues argumentan que esas acciones son, en gran medida, acciones punitivas y simbólicas que no abordan las causas raíz del crimen. Como fuera, la crisis penitenciaria en México no se debe solo a la falta de espacio, sino a problemas estructurales como el hacinamiento, la corrupción, la violación de derechos humanos y la ineficacia de los programas de reinserción social, que son obligatorios por ley. La Constitución mexicana establece que el sistema penitenciario debe basarse en el respeto a las garantías individuales, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, por lo que, críticos argumentan que una mega cárcel enfocada únicamente en el castigo se aleja de este objetivo.
EN ESE sentido, existe un fuerte debate y presión, incluyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que la prisión preventiva oficiosa (PPO) desaparezca en México por ser violatoria de derechos humanos y ser una pena anticipada, ya que se aplica automáticamente sin evaluar riesgos, contradiciendo la presunción de inocencia y el debido proceso; aunque no ha sido derogada legislativamente, organizaciones y la propia Corte Suprema de Justicia deben resolver cómo inaplicarla o eliminarla, implementando la prisión preventiva justificada y fortaleciendo medidas cautelares en libertad, lo que ya ocurre en algunos estados sin problemas de seguridad, o de lo contrario las cárceles del País serán sobresaturadas, vulnerando derechos como la libertad personal, presunción de inocencia y debido proceso, como lo ha advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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