AUNQUE YA se veía con medio cuerpo fuera de prisión tras ser sentenciado en 2018 a nueve años por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa podría quedarse con las ganas de recobrar la libertad luego de que su ex tesorero, Antonio Tarek Abdalá Saad compareciera ante un juez federal para testificar y confirmar los millonarios desvíos de recursos públicos, así como el fraude con fondos federales a gran escala ocurridos en Veracruz durante la administración del recluso, capturado en la recepción de uno de los hoteles más lujosos sobre el lago de Atitlán de Guatemala, uno de los principales destinos turísticos de aquel país. Es la primera vez que el extesorero de un estado comparece en un juicio oral federal en México, en este caso para confirmar un masivo sistema de corrupción que dejó, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, un boquete de más de 55 mil millones de pesos que, hasta la fecha, no han sido recuperados. En su testimonio, Tarek Abdalá (testigo protegido) reveló que por órdenes de Duarte de Ochoa se ocultó la deuda pública a los acreedores del gobierno, se desviaron por sistema y prácticamente por política de esa administración los recursos de las cuentas federales, y se utilizó el dinero para toda clase de hechos ilícitos, desde cubrir los gastos personales del exgobernador hasta subir el sueldo a todos los altos funcionarios de su gobierno, así como pagar millones a medios de comunicación a cambio de favores, propaganda o silencio. Y es que, desde su posición como tesorero del estado durante tres años, el compareciente reconoce que fue el brazo ejecutor de los desvíos. Pero a cambio de la información sobre el modus operandi con que se cometieron estos fraudes y de comparecer ante los jueces, la Fiscalía General de la República le ofreció desde 2018 un criterio de oportunidad y sus procesos fueron cancelados. La oportunidad (y obligación) de Tarek de testificar por primera vez ante un tribunal se materializó el pasado 11 de febrero en el juicio oral abierto por peculado en contra Gabriel Deantes, uno de los exsubsecretarios de finanzas del sexenio duartista en Veracruz. Es el primero de varios procesos iniciados en contra de altos exfuncionarios de dicho gobierno que llega a esa fase.
YA DESDE Mayo de 2020, la magistrada Isabel Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal de Ciudad de México, determinó como idóneas las pruebas ofrecidas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para vincular a Duarte de Ochoa con el entramado criminal que a través de empresas fantasma y prestanombres consiguió desviar recursos del erario. La resolución dada por el tribunal federal -a partir de una apelación del exfuncionario- detalla que el proceso penal en el que Duarte aceptó declarase culpable fue totalmente legal ya que fue él quien aceptó renunciar a su derecho de defenderse en un juicio y de combatir las pruebas del Ministerio Público, quitándose la posibilidad de haber entrado al fondo de su asunto. “La sentencia se funda en los hechos y las pruebas aceptadas por el acusado (…) Es inadmisible que en la apelación se analicen aspectos que ya fueron previamente convenidos y expresamente aceptados ante el juez de control, en cuanto al delito y la responsabilidad. Lo único exigible ante el juez y luego ante el tribunal, es que los datos de prueba sean suficientes e idóneos”, concluye la magistrada.
PERO EL testimonio de Tarek es clave porque no solo deja en claro el involucramiento de diversos funcionarios, sino que confirma que las órdenes y el consentimiento venían directamente de Javier Duarte, quien permanece en prisión por un caso distinto. Hasta ahora la FGR no ha imputado al exgobernador por estos desvíos, pero hay carpetas de investigación en curso. En el testimonio rendido ante el juez federal Ramón Eduardo López Saldaña, el extesorero dijo que cuando él asumió el cargo en enero de 2012, la situación de las finanzas públicas de Veracruz es y siguió siendo crítica como resultado de los malos manejos de los recursos. En síntesis, el estado presentaba un déficit presupuestal de casi mil millones de pesos mensuales, 12 mil millones anuales, que por instrucciones de Duarte no se reportaba en los estados de la Cuenta Pública lo que, de entrada, ya era un engaño para los acreedores de la propia administración estatal. “Había déficit presupuestal de mil millones de pesos mensuales, globalizado 12 mil millones al año. Y aunque no se reportaba esto en Cuenta Pública para no romper las condiciones que había con los que le prestaron dinero al gobierno, la realidad es que había déficit de mil millones de pesos mensuales”, señaló el extesorero.
TAREK ASUME que había dos causas por las cuales esa deuda existía y se fue acentuando. Una eran créditos bursátiles que el gobierno obtuvo a costa de las participaciones federales que recibía la entidad. Ello ocasionaba que, de entrada, del dinero federal que se recibía ya había una merma por el pago que se tenía que hacer de los referidos créditos. Pero la otra razón, señaló Tarek, era el uso indebido de recursos que se hacía de los fondos federales para pagar cosas totalmente ajenas del presupuesto, todo por órdenes del gobernador. Ante los cuestionamientos de los fiscales federales, el extesorero explicó ante el juez el sistema implementado en la administración de Duarte para desviar los recursos de los fondos federales hacia otros fines ajenos a los mismos. Su narración confirma lo reportado múltiples veces en las auditorías federales. Lo que se hacía, por sistema, era extraer de las cuentas autorizadas los recursos que Veracruz recibía cada año de fondos federales y enviarlo todo a una cuenta concentradora. Y de esa cuenta es de donde, de forma indiscriminada, igual se tomaba dinero para gastos de emergencia del gobierno o para el beneficio personal de los funcionarios.
EL TESTIGO protegido revela que, en un supuesto intento de legalizar ese mecanismo, la administración de Duarte publicó desde el primer año un decreto en la Gaceta local en la que se autorizaba a la Secretaría de Finanzas y Planeación de la entidad hacer estos movimientos. “Esto ya era una política de gobierno… pero era ilegal de todas formas. El dinero no podía moverse así”. Se trataba de una operación concertada y no de hechos aislados. La instrucción la daba el gobernador al secretario de Finanzas, y de ahí viajaba al subsecretario, en este caso en específico a Gabriel Deantes, y terminaba en el tesorero. Se acordaba en consenso y siempre a través de órdenes verbales. No hubo instrucciones por escrito ni para autorizar estos movimientos, pero tampoco para frenarlos.
INTERROGADO EN la audiencia sobre el destino del dinero desviado, el extesorero confirmó que parte del recurso se fue a conceptos “ajenos al presupuesto” o de plano en arteros hechos de corrupción. Un ejemplo de ellos fue la entrega de sobornos a medios de comunicación. “Por ejemplo, medios de comunicación no era una partida que estuviera presupuestada cuando se hizo el presupuesto de egresos del Estado, sin embargo, se hacían pagos importantes a medios de comunicación y estos medios de comunicación registraban la deuda a través de la Dirección General de Comunicación Social. La realidad es que estos pagos a los medios de comunicación nunca tenían un presupuesto, sino que se les pagaba por instrucciones del gobernador. Otro destino fue lo que comúnmente se conocía como “tacos”, que era el acrónimo con el que se referían a los recursos extra que mensualmente se entregaban a altos funcionarios del gobierno de Duarte para “igualar su salario” al de los funcionarios federales. Se trataba, literalmente, de la entrega de dinero extra sin ninguna razón ni fundamento. Y luego estaban los recursos que se tomaban de forma indiscriminada para cubrir los gatos del exgobernador como comidas o ropa. Es como si el dinero federal fuera la caja chica de Duarte, y todo ello provenía de las cuentas concentradoras a las que se enviaban los recursos federales. Ni hablar, vaya que se le viene otra tormenta a Duarte, si la 4T así lo decide, y todo por la ambición desmedida de un sujeto que llegó al poder sin el menor oficio político, solo por servilismo al antecesor. OPINA carjesus30@hotmail.com
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