El discurso oficial repite hasta el cansancio que Veracruz avanza, que se transforma, que las políticas educativas actuales abren puertas para las nuevas generaciones. Sin embargo, las cifras cuentan otra historia, una mucho más cruda y preocupante: Veracruz ocupa hoy el segundo lugar nacional en rezago educativo, con un 26.3% de su población, es decir, hay 2 millones 100 mil veracruzanos que no han concluido la educación obligatoria (INEGI, 2024). En vez de retroceder, el problema se agravó en los últimos años, evidenciando que el gobierno estatal ha fracasado en garantizar el derecho más elemental de las niñas, niños y jóvenes: aprender.
En algunos indicadores, como la conclusión del bachillerato, incluso ha empeorado. Casi tres de cada diez veracruzanos carecen de estudios medios superiores, requisito que desde 2012 es obligatorio. La llamada “Cuarta Transformación” y su “segundo piso” llegaron a Veracruz con la mochila cargada de discursos, pero sin resultados.
A esta realidad se suma otra estadística alarmante: la matrícula escolar se redujo en más de 200 mil estudiantes entre 2018 y 2024, según la propia Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Paralelamente, también disminuyó el número de docentes: de más de 24 mil a menos de 23 mil 500. Menos alumnos, menos maestros, menos inversión, y más rezago. El panorama no puede ser más desolador.
Mientras tanto, las medidas del gobierno estatal parecen más improvisadas que estructurales. Programas como “Maestro al aula” o la eliminación de cuotas escolares fueron anunciados con bombo y platillo, pero en la práctica resultaron inviables o contraproducentes. Lo que se vende como combate a la corrupción o apoyo a las familias, en realidad ha terminado por desmantelar mecanismos de sobrevivencia de las propias escuelas.
En lugar de resolver el déficit de plazas docentes o el abandono de la infraestructura, el gobierno apuesta a parches. Pretende que las tienditas escolares financien aulas y sanitarios, como si los centavos de unas cooperativas pudieran sustituir el presupuesto millonario que requiere el sistema educativo. La estrategia es clara: deslindar al Estado de su obligación constitucional y cargar el peso en padres, maestros y estudiantes.
El resultado es un sistema educativo más frágil y desigual. Veracruz comparte junto con Chiapas y el Estado de México los niveles más críticos de acceso a salud y educación (Medición de Pobreza Multidimensional, 2024).
El rezago educativo no es solo un número: es el reflejo de un futuro hipotecado para millones de veracruzanos que quedan atrapados en la pobreza por falta de oportunidades.
Y este no es un problema aislado: es “la punta del iceberg” de un sistema colapsado. Detrás de esas cifras hay jóvenes que abandonan la escuela porque sus planteles no tienen maestros, familias que no pueden pagar el transporte para que sus hijos lleguen a clases, niños que desertan porque las escuelas se caen a pedazos.
El gobierno presume becas y discursos moralizantes, pero nunca aborda de raíz el problema estructural: el abandono del Estado a su sistema educativo.
Así, Veracruz se hunde en el rezago, atrapado entre la negligencia y la corrupción. La pregunta que queda en el aire es dura pero inevitable: ¿hasta cuándo los gobiernos van a seguir usando la educación como botín político y para enriquecer funcionarios, mientras condenan a generaciones enteras a la ignorancia?
El rezago educativo en Veracruz es un problema histórico, pero también es un fracaso contemporáneo. En 2022 la entidad ocupaba el quinto lugar nacional en rezago; apenas dos años después escaló al segundo lugar. No fue casualidad: fue el resultado directo de políticas mal diseñadas, recortes presupuestales, desinterés gubernamental y pésimas administraciones.
Los datos oficiales son demoledores. Según los Indicadores del Sistema Educativo 2024 de la SEV:
La matrícula total pasó de 2.23 millones en 2018 a menos de 2.04 millones en 2024.
El bachillerato muestra una tasa de conclusión de solo 76% en primer semestre.
La planta docente se redujo en más de 500 plazas en seis años.
A estos datos se suma un 15.6% de menores de 3 a 16 años que deberían estar en la escuela, pero no lo están.
No hablamos de estadísticas abstractas: son más de 200 mil niñas, niños y adolescentes fuera de las aulas en pleno siglo XXI.
Las medidas del gobierno estatal no solo no han resuelto el problema, sino que lo han agudizado. El programa “Maestro al aula” fue presentado como una solución para cubrir vacantes, pero en realidad debilitó el funcionamiento de la propia SEV al intentar sacar personal administrativo con plaza docente para enviarlos a dar clases. La resistencia sindical fue inmediata y el programa quedó en el papel.
La prohibición de cuotas escolares tampoco resolvió nada. Estas aportaciones voluntarias eran utilizadas para gastos básicos: limpieza, reparación de aulas, pago de servicios. Sin ellas, los planteles quedaron desprotegidos, y los padres y maestros, desesperados.
La iniciativa de sustituir estas cuotas con los ingresos de las cooperativas escolares es una ocurrencia que roza el cinismo: pretender que el financiamiento de la infraestructura escolar dependa de la venta de refrescos y frituras es un insulto a la inteligencia de los veracruzanos.
Más grave aún es el desdén con el que el gobierno aborda la corrupción heredada. Se reconoce que durante la gestión de Zenyazen Escobar hubo duplicidad de plazas, aviadores y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, no se castiga a nadie, no se devuelven recursos y no se repara el daño. El discurso anticorrupción se queda en simulación.
La consecuencia es clara: Veracruz tiene un sistema educativo cada vez más endeble, incapaz de garantizar aprendizajes significativos.
La deserción y el bajo nivel de logro académico son síntomas de un colapso más profundo: un sistema incapaz de adaptarse a la realidad de los estudiantes y de responder a la urgencia de preparar a las nuevas generaciones para un mundo digitalizado y competitivo.
El panorama es desolador: Veracruz no ha logrado reducir su rezago educativo en una década y, por el contrario, ha escalado al segundo lugar nacional en esta dolorosa estadística. El fracaso de las políticas actuales y las medidas superficiales del gobierno estatal nos obligan a pensar en un viraje de fondo. No se trata de parches improvisados ni de ocurrencias mediáticas, sino de construir un proyecto educativo serio, con visión de largo plazo y con la participación activa de todos los sectores de la sociedad.
El rezago educativo no es solo un número en las mediciones del INEGI: son niños que abandonan la primaria porque no tienen zapatos ni transporte; son jóvenes que no logran concluir el bachillerato porque necesitan trabajar; son maestros que desertan del aula por salarios insuficientes; son comunidades enteras que siguen esperando aulas, baños y electricidad digna. Hablar de propuestas implica reconocer esa realidad y enfrentarse al reto de garantizar que la educación sea realmente un derecho humano, y no un privilegio para unos cuantos.
Por ello, resulta urgente presentar un paquete de medidas estructurales, realistas y sustentadas, que vayan más allá de discursos y promesas vacías. Veracruz necesita un plan integral que atienda simultáneamente el acceso, la permanencia, la calidad y la pertinencia de la educación, con políticas que se traduzcan en cambios tangibles en la vida cotidiana de los estudiantes y maestros.
El diagnóstico está claro: Veracruz se hunde en el rezago educativo porque sus gobiernos han preferido el atajo fácil de los discursos y las medidas cosméticas antes que enfrentar el problema de raíz. La realidad que hoy padecen cientos de miles de estudiantes no se resolverá con ocurrencias ni con propaganda; se requiere un cambio profundo que devuelva a la educación el lugar que merece como motor del desarrollo social y económico.
En esta primera parte hemos expuesto el tamaño del desastre: cifras demoledoras, políticas mal diseñadas y un sistema debilitado por la corrupción y el abandono. Pero quedarse solo en la denuncia sería insuficiente. Frente a la magnitud del problema, la crítica debe ir acompañada de propuestas viables que permitan abrir una ruta de solución.
Por ello, en una segunda entrega presentaremos un conjunto de propuestas concretas, sustentadas en diagnósticos serios y experiencias probadas, que pueden marcar la diferencia si existe voluntad política para aplicarlas. No son recetas mágicas, pero sí representan un punto de partida indispensable para revertir décadas de negligencia y recuperar el futuro de las nuevas generaciones.
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