Andi Uriel Hernández Sánchez
Durante los 8 años de gobiernos morenistas, la obra social o de beneficio colectivo para los pueblos y colonias ha sido totalmente relegada. Aunque es cierto que el rezago en obras públicas como sistemas de agua potable y drenaje sanitario, clínicas u hospitales, carreteras o infraestructura escolar es un problema histórico, durante los últimos años ha empeorado, porque los morenistas han priorizado el uso electorero del presupuesto a través del reparto de dinero mediante programas sociales y en la construcción de obras de relumbrón que benefician principalmente a los más ricos del país.
¿Datos? En 2026, el presupuesto total del gobierno federal para financiar los programas sociales ascendió a poco más de 987 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda federal, mientras que el dinero destinado a la construcción de obra pública social o de beneficio colectivo fue de apenas 135 mil millones de pesos, en una bolsa que debe fragmentarse entre todas las dependencias del gobierno federal, las 32 entidades de la República y los dos mil 471 municipios. Esto significa que por cada peso destinado a los programas sociales apenas se destinaron 13 centavos para obras públicas.
Además, el gobierno federal creó nuevos candados y filtros para asegurarse de que ni los estados ni los municipios puedan ejercer los recursos públicos para obras y servicios de forma autónoma. A partir del sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, los gobernadores y alcaldes solo pueden construir obras en los pueblos y colonias si previamente superan los distintos trámites, requisitos, revisiones y "visto bueno" de la Secretaría de Bienestar federal, la misma que maneja discrecionalmente las tarjetas y el padrón de beneficiarios de los programas sociales. Otra prueba de que el presupuesto para obras públicas se maneja electoreramente.
Veamos algunos otros datos. De acuerdo con un ejercicio propio de suma de las partidas del PEF 2026, los recursos destinados al Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), la refinería de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico —grandes proyectos de relumbrón iniciados por el expresidente López Obrador— ascienden a 68 mil 383 millones de pesos, pues ninguno de esos proyectos ha logrado ser autosustentable. En contraste, para el arreglo, construcción y bacheo de la red carretera federal se destinaron 50 mil millones de pesos, mientras que para los caminos rurales, comunitarios y artesanales —aquellos que comunican a las poblaciones en mayor marginación y rezago— apenas se destinaron 7 mil millones de pesos, es decir, poco más del 10% de lo que consumen las megaobras del sexenio.
Los beneficiarios últimos de las grandes obras promovidas por el morenismo son los integrantes de la alta clase empresarial mexicana y el capital extranjero. En febrero de 2026 se aprobó el Plan México, un ambicioso programa de inversión para impulsar el desarrollo económico, en el que se prevé apoyar en la construcción de "más obra de infraestructura" a los 500 parques industriales ya existentes en el país para ampliarlos, es decir, construir carreteras, vías férreas, acondicionar puertos y aeropuertos y regalar servicios como agua, electricidad y drenaje a las grandes empresas transnacionales y nacionales instaladas en esos "polos de desarrollo".
Con este objetivo se tiene previsto invertir 5.6 billones de pesos durante los próximos 4 años, mediante esquemas conjuntos entre el sector privado y el gobierno federal; para este año se destinaron 277 mil millones de pesos a estos gigantescos parques industriales, según el reportaje "Obra social en el abandono" de la revista Buzos de la Noticia. Nótese que esta cifra es más del doble de los 135 mil millones destinados a la obra social de la que hablamos anteriormente.
Pero el presupuesto para las carreteras y caminos no es lo único que se encuentra totalmente desfasado de las enormes necesidades que padece el pueblo mexicano. La misma situación se repite en el sector educativo, en la salud, en la vivienda y en los servicios básicos. Por ejemplo, aunque el presupuesto para el sector educativo es de 1.1 billones de pesos, en realidad apenas el 5.3% se destina a la construcción de infraestructura y equipamiento de las escuelas. Aunque el presupuesto del sector salud es de 990 mil millones de pesos, apenas el 5.6% se utilizó en la construcción de nuevas clínicas y hospitales, una buena parte se invirtió en el IMSS o el ISSSTE, que brindan servicios a los trabajadores con acceso a la seguridad social, y apenas 6 mil millones de pesos se destinaron para los centros de salud que atienden al resto de la población.
Estos datos, más que cifras aisladas, revelan una orientación clara del gasto público: los gobiernos morenistas no han estado interesados en impulsar el verdadero desarrollo social y el bienestar público. Han instrumentado una agresiva política de recortes al presupuesto destinado a obras de beneficio colectivo y han priorizado aquellas acciones que les permiten asegurar su triunfo en las urnas para mantenerse en el poder, administrando las instituciones y el presupuesto público en beneficio de los más ricos, mientras se castiga a los más pobres, tratando de mantenerlos a raya repartiéndoles dinero contante y sonante, mientras los sistemas públicos de salud, educación, seguridad y vivienda son desmantelados paulatinamente.
Al mismo tiempo, con los programas sociales se pretende mantener inmovilizado y desorganizado al pueblo mexicano para evitar que se organice y salga masivamente a las calles a exigir lo que por derecho le corresponde o, más aún, para evitar que llegue a la conclusión de que la única manera de resolver sus carencias ancestrales es formando una fuerza unida, consciente y totalmente decidida a cambiar de raíz el sistema económico injusto en el que vivimos.
Así que, si usted amable lector no cuenta con una vivienda propia o, teniéndola, no cuenta con los servicios básicos e indispensables de agua potable, drenaje o calles pavimentadas; o si cuando se enferma no tiene acceso a una clínica u hospital con equipamiento ni medicinas; o si las escuelas a las que asisten sus hijos presentan carencias de todo tipo, debe saber que comparte la situación de millones de mexicanos y que el único camino real que existe es organizarse con sus iguales y luchar para resolver estas necesidades.
Guiados por esta claridad y decisión de superación colectiva, el próximo 22 de septiembre cientos de antorchistas nos manifestaremos en Xalapa, Veracruz, para exigir audiencia a la gobernadora Rocío Nahle García, porque es su obligación constitucional escuchar las demandas del pueblo y atenderlas. Que todos los veracruzanos humildes que sufren por alguna carencia social sigan nuestro ejemplo: seguramente en la lucha nos encontraremos. |
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