"Veracruz está de moda" es uno de los principales proyectos impulsados por el actual gobierno de Veracruz, que cuando menos desde el discurso consiste en una "estrategia oficial de promoción turística y cultural para posicionar a la entidad como un destino internacional y nacional de primer orden, destacando su riqueza cultural, tradiciones, gastronomía y bellezas naturales". Con dicho objetivo, desde que arrancó la administración, el gobierno estatal ha gastado buena parte del erario público y centrado su atención en la organización de festivales musicales, festejos de todo tipo y viajes promocionales por el país y el mundo.
A primera vista parece una estrategia positiva con la intención de impulsar la actividad económica y promover la diversidad cultural de nuestro estado. Sin embargo, una mirada más crítica permite darse cuenta de que los objetivos reales son otros muy distintos: por un lado, persigue evidentes intereses electoreros y, por otro, entretener a la población para distraer su atención de los graves problemas sociales que los aquejan, particularmente a los sectores más humildes.
Recientemente han llovido sobre el gobierno de Veracruz diversas críticas por el manejo opaco de los millonarios recursos destinados a la realización de algunos de estos magnos eventos, como la Cumbre Tajín, el Festival Yolpaki, el Festival del Mar o el Salsa Fest. No hay desgloses públicos que puedan ser consultados sobre costos, procesos de licitación, viáticos o criterios de contratación de artistas. El dinero sale, pero no se sabe exactamente de dónde se toma ni quiénes son los beneficiarios finales.
A esta actitud poco transparente se agrega el despilfarro de recursos federales para la contratación de artistas internacionales, como el reciente escándalo por los 45.5 millones de pesos que cobró Martin Garrix, un DJ estadounidense, por ofrecer un concierto gratuito en la Macroplaza del puerto de Veracruz. El dinero salió de la Secretaría de Cultura federal.
Y mientras se argumenta que el objetivo de estos eventos es la "promoción cultural", recientemente se dio a conocer que, de acuerdo con los datos del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto, durante el primer trimestre de 2026 únicamente se habían ejercido 91 millones de los cerca de 400 millones de pesos de los que dispone esa dependencia para cumplir sus atribuciones constitucionales, entre ellas garantizar el acceso y la promoción cultural. El mayor gasto se concentraba precisamente en el rubro de Espectáculos Culturales, con un monto de 53.7 millones.
Por otro lado, rubros tan importantes como la organización de exposiciones o la promoción del arte popular registraban un gasto igual a cero, lo mismo que los conceptos de conservación y mantenimiento de recintos culturales o artísticamente significativos. Hay también asimetrías en el gasto: mientras se reportan 3.9 millones destinados al apoyo de creadores y artistas independientes, se han erogado 9.8 millones por concepto de "Gratificaciones Extraordinarias al personal de la Secretaría".
El manejo del presupuesto y el contraste evidente entre el poco interés por la promoción de verdaderos eventos culturales populares y el oneroso gasto en espectáculos musicales demuestran a las claras que la "política cultural" no tiene el objetivo de fortalecer e incentivar el espíritu creativo del pueblo, ni promover en su seno un arte educativo y de calidad, sino que se persigue la realización de eventos masivos que redunden en beneficios económicos y electorales directos para sus organizadores.
Pero hay más. En el fondo de la supuesta promoción a la cultura e identidad de los pueblos, particularmente de las comunidades indígenas, continúa en pie la añeja política de mantenerlos sumidos en la marginación, sin que sus carencias ancestrales sean atendidas.
Un solo ejemplo elocuente: entre el 15 y el 17 de mayo de 2026 se organizó el Festival Yolpaki en la Macroplaza de Veracruz con el objetivo publicitario de "celebrar las raíces indígenas y la identidad veracruzana, un encuentro entre las 10 regiones del estado". Duras ironías de la realidad: apenas un mes antes, el 10 de abril, decenas de campesinos e indígenas del norte de Veracruz fueron brutalmente reprimidos por la policía estatal, luego de protestar durante tres días por el pésimo estado de las carreteras que comunican con el norte de Veracruz, particularmente las que van hacia las zonas de mayor marginación.
Pero esa es la misma realidad de las carreteras y caminos rurales que conectan con el sur de Veracruz, con la sierra del Totonacapan o con las comunidades de las Altas Montañas. Ni hablar de sus rezagos en materia de vivienda, servicios básicos como agua potable, drenaje sanitario, escuelas dignas o centros de salud equipados para curarse.
Recientemente, en julio de 2026, el delegado del IMSS-Bienestar para Veracruz, el doctor Roberto Ramos Alor, reconoció que las unidades del sector salud destinadas a la atención de las comunidades indígenas de la sierra de Zongolica presentan un desabasto de medicinas superior al 60 %, que no hay médicos especialistas en las unidades de salud y que los habitantes de esa región deben viajar horas para llegar a los hospitales públicos y privados ubicados en Orizaba. Esta realidad se repite con pocos matices en prácticamente todas las regiones indígenas de Veracruz, de las que el gobierno de Rocío Nahle dice sentirse orgulloso y querer poner de moda.
Así pues, el eslogan de turno no es más que otra de las tantas mascaradas utilizadas por los gobiernos para maquillar sus malos resultados, ocultar el abandono y el olvido de los pueblos marginados, congraciarse con sus potenciales electores y, sobre todo, alejar la atención de la gente de los verdaderos problemas que deberían resolver y en los cuales deberían gastar los millones del erario público que administran. ¡Deplorable! |
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