Andi Uriel Hernández Sánchez
De entre todos los problemas y males a los que se enfrenta la clase trabajadora en el capitalismo, padecer una enfermedad crónica, especialmente delicada, o sufrir un accidente, es de los peores y más temidos, no solo por sus efectos en la salud física y emocional de quien lo sufre en carne propia, sino también por las nefastas consecuencias que trae consigo para el resto de la familia, que no pocas veces enfrenta la verdadera ruina económica.
Por esta razón, la puesta en marcha de un sistema de salud universal, verdaderamente gratuito, digno y accesible para las clases populares, debería ser parte cardinal de cualquier programa de gobierno progresista; podría decirse que es un termómetro natural para calificar qué tan serio es un proceso de "transformación social" hecho en nombre de los pobres.
No es cosa menor que, tras ocho años de gobiernos "transformadores" en México, los millones de trabajadores del campo y la ciudad continuemos esperando ese sistema de salud de primer mundo que fue prometido. Desde el gobierno federal se han anunciado con bombo y platillo toda clase de medidas que prometen resolver la problemática de fondo, pero una tras otra ha resultado en rotundo fracaso.
Tan pronto Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018, anunció la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) y la inmediata cancelación del Seguro Popular, argumentando supuesta corrupción en su manejo. El Seguro Popular brindaba cobertura gratuita a más de 54 millones de mexicanos y contaba con un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, un fideicomiso público para cubrir enfermedades de alta especialidad y alto costo.
Nunca se encarceló a nadie acusado de corrupción en el Seguro Popular. En cambio, de 2018 a 2020, la población sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones de personas, según datos del INEGI. El INSABI tuvo su prueba de fuego durante la pandemia de Covid-19, en la que demostró todas sus carencias e incapacidades, y terminó en un fracaso estrepitoso ante la falta de personal, condiciones de protección para los trabajadores de la salud, carencia de medicinas, insumos básicos y hospitales de primer nivel. La prueba más elocuente de su fracaso fue su desaparición en mayo de 2023.
Simultáneamente, desde agosto de 2022 inició el proceso de creación del IMSS-Bienestar, un modelo de gestión centralizada que, a diferencia del INSABI, buscaba concentrar los sistemas de salud administrados por los gobiernos estatales para crear un único sistema nacional. La idea era aprovechar la experiencia adquirida por el IMSS desde 1973 con la operación de las Unidades Médicas Rurales en regiones de alta marginación, donde brinda atención y medicamentos gratuitos a quienes no cuentan con seguridad social. Dicho modelo ha cambiado de nombre con las décadas según el color del partido en el gobierno: IMSS-Coplamar, IMSS-Solidaridad, IMSS-Progresa, IMSS-Prospera, etc.
Lo diferente ahora es que los estados que han suscrito un convenio de colaboración con el IMSS-Bienestar, entre los que se encuentra Veracruz, han entregado su infraestructura y personal de salud a la Federación para que el gobierno central se haga cargo del mantenimiento, rehabilitación, abasto de medicamentos, equipamiento, basificación del personal y contratación de médicos especialistas. Menudo paquete el que echó a cuestas el gobierno federal. La verdad es que, hasta el momento, el sistema sigue sin operar plenamente, con muchos problemas administrativos y las mismas carencias, deficiente atención a la población y precarias condiciones para los trabajadores del sector, que tantas veces fueron denunciadas por los que hoy son gobierno cuando estaban en la oposición.
Para muestra, un botón: la semana pasada, el personal médico de tres de los más importantes hospitales de Veracruz —el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio" (CAE) y el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) en Xalapa y el Hospital de Alta Especialidad en Veracruz— denunció falta de insumos básicos como material de curación y quirúrgico, lo que mantiene detenidas más de mil cirugías programadas, y falta de equipamiento indispensable, incluso en áreas tan delicadas como las unidades de cuidados intensivos.
Tan lamentable y grave es la situación que el personal debe solicitar a los familiares de los pacientes o pagar de su bolsa algunos de los insumos necesarios para cuidar la salud y la vida de los hospitalizados. En el puerto de Veracruz los trabajadores de la salud bloquearon por unas horas una de las avenidas más importantes de la ciudad en protesta.
Y si eso ocurre en los hospitales de tercer nivel, los más grandes e importantes del estado, no cabe duda de que la situación en los centros de salud y hospitales de las zonas más alejadas y pobres es mucho, pero mucho peor, a pesar de las "Camionetitas del Bienestar" que supuestamente suministran medicamentos hasta los lugares más apartados.
Apenas unas horas después, todos los medios de comunicación, portales de noticias y grupos en redes sociales se inundaron con denuncias similares: pacientes aglutinados en las salas de hospitalización sin siquiera una cama, anaqueles vacíos, denuncias de carencia de personal médico y, como cruel ironía, también denuncias de cajas enteras de medicamentos a punto de caducar en algunos centros de salud.
El lunes 31 de agosto, la gobernadora Rocío Nahle reconoció en su rueda de prensa semanal que la situación es real, dijo que es consecuencia de problemas administrativos al interior del IMSS-Bienestar y afirmó que haría las gestiones pertinentes para atenderla lo más pronto posible.
El miércoles 2 de septiembre se dio a conocer que la Federación transferirá 677 millones de pesos al gobierno de Veracruz; la mayor parte será administrada por los Servicios de Salud de Veracruz y la Secretaría de Salud estatal, mientras que otra parte, más de 53 millones, llegará a la caja de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Es decir, el dinero lo entregará el gobierno federal para que el estado resuelva el problema, un reconocimiento tácito de que el IMSS-Bienestar, como sistema federal, no funciona.
Y en medio de tantas carencias y problemas sin atender, el gobierno federal se aventó la puntada de anunciar la puesta en marcha del Sistema Universal de Salud, con el cual los afiliados podrán acceder a cualquier clínica u hospital público, sin importar el subsistema del que se trate (IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex o Fuerzas Armadas), e incluso tener atención en hospitales privados a cargo del erario público. Aunque en principio la idea es empadronar a los adultos mayores, el plan es que sus beneficios se vayan extendiendo a toda la población. Incluso se anunció la construcción de más de 4 mil nuevas clínicas de primer nivel en zonas rurales para 2027, con un modelo de servicio parecido al que actualmente brindan algunas farmacias.
Aunque como promesa suena alentadora, a como van las cosas, es probable que se trate de otra promesa demagógica, sacada ahora con motivo de las elecciones de medio término, para seguir sembrando la esperanza —y nada más que eso— entre las clases populares de que su suerte cambiará con quienes actualmente nos gobiernan. Una estrategia un tanto perversa.
Ojalá que este compromiso se concrete. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer los mexicanos que sufrimos en carne propia las carencias cotidianas del sector salud, y el personal que labora en los hospitales y clínicas, es organizarnos y continuar saliendo a las calles para que se garantice el servicio de calidad y digno por el que todos los días pagamos impuestos. La historia nos muestra que ningún avance social ha sido posible jamás sin lucha, mucha lucha. |
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