Un escándalo nacional en tiempos de Vicente Fox Quesada como presidente, fue que gracias al desaparecido Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) se descubrió que el mandatario había comprado toallas de 400 dólares cada una, para su estancia en la entonces residencia oficial de Los Pinos.
Acá en la aldea, en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, el tesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) era Vicente Benítez González cuando, en enero de 2012, las hoy extintas Policía Federal y Procuraduría General de la República decomisaron una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de esa dependencia.
Tras ese hecho, Benítez renunció al cargo (aunque siguió siendo protegido por el régimen de ese entonces). Los funcionarios de Sefiplan fueron liberados horas después tras ser interceptados en el aeropuerto de Toluca con la millonaria cantidad, supuestamente porque “justificaron” que el dinero era para pagar diversos servicios de las fiestas de La Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín.
El escándalo nacional fue uno de los tantos que manchó la administración: ¿cómo justificar que en plenas elecciones federales de ese año se estaba movilizando esa cantidad de dinero en efectivo por un aeropuerto internacional, proveniente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Veracruz?
Otro grave caso de turbiedad financiera (también escándalo nacional) fueron los diversos informes oficiales y periodísticos que documentaron corrupción y desvío de recursos durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz en 2014, habiendo señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, así como del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, del mal empleo de más de 800 millones de pesos en un fideicomiso que operó en la oscuridad. Sólo como ejemplo fueron las villas para deportistas, que finalmente nunca se usaron porque a los atletas los mandaron a hoteles.
Así, con esa opacidad, funcionaban los gobiernos anteriores. Ahora es muy difícil que se puedan evadir con justificaciones absurdas los pagos que salen del erario público, pues hay documentación que registra todo y cualquier ciudadano puede solicitar la información para saber cómo está manejando las finanzas públicas un gobierno, además de que el dinero está monitoreado por bancos.
Esta misma transparencia dio a conocer recientemente que dos creadores de contenido, Diego Ruzzarin y Farid Dieck, cobraron 864 mil 200 pesos, IVA incluido, por sus presentaciones en el Festival del Mar, en Coatzacoalcos.
Mire, los artistas, cantantes, actores, influencers y cualquier persona que se dedique al entretenimiento o conferencias también cobran por su trabajo: así de simple. Quizás a muchos no nos agrada que estas dos celebridades de internet cobren tal cantidad (la verdad, se me hace muy alto el monto), pero finalmente hay un acuerdo comercial y ese dinero fue utilizado dentro del marco de la transparencia.
Hasta el propio “Chente” Fox (ya jubilado de presidente) llegó a cobrar, según medios de comunicación, hasta 200 mil dólares por conferencia, reduciendo su tarifa con los años a rangos de entre 25 mil y 50 mil dólares (aproximadamente entre 500 mil y un millón de pesos). El también expresidente Felipe Calderón, según el portal Aristegui Noticias, cobra alrededor de 120 mil a 125 mil dólares (entre 2.4 y 2.5 millones de pesos).
Que cobraron caro los creadores de contenido, pues sí; y quizás deberían para la otra reconsiderar la contratación de influencers comentaristas, monetizadores y vendedores de soluciones obvias, que todo el día se les ve y oye en redes sociales... gratis.
Desglosando la cantidad pagada, estamos hablando de que cada conferencista cobró algo así como 432 mil 100 pesos por conferencia, con IVA, o de 372 mil 500 pesos antes de IVA.
A esto debe sumarse que las tarifas de figuras públicas de esa talla tampoco son únicas e inamovibles, pues varían de acuerdo a la ciudad, el tipo de evento, la duración, el traslado, la exclusividad, condiciones técnicas y la contratación directa o mediante representantes.
De cualquier manera, el caso —para variar— ha sido utilizado por diversos críticos de la 4T y de la gobernadora Rocío Nahle para hacer un argüende. Preocupante hubiese sido que se escondiera la cantidad pagada y alimentar las prácticas que durante décadas alimentaron la discrecionalidad y la corrupción.
En resumen: no hay nada ilegal ni se violó ninguna ley con la contratación de Ruzzarin y Dieck. Los datos son transparentes porque hay un pago, un contrato y la prestación de un servicio.
Tampoco se trata de servidores públicos, sino de gente dedicada al entretenimiento, pero ya exhibidos para golpetear a la gobernadora Nahle.
Ojalá estos ataques y circos mediáticos no detengan los festivales culturales que se hacen a cada rato en la entidad, porque la inversión en promoción es parte de los planes de la gobernadora para impulsar el turismo en Veracruz y eso deriva en beneficios para hoteles, restaurantes, fondas, museos, balnearios, conciertos, etc.; es decir, miles de personas se benefician con estos eventos directa o indirectamente.
Los datos sobre el caso Ruzzarin y Dieck son públicos y, sin duda, hay que tener la responsabilidad de comunicarlos, especialmente en un estado donde no hace mucho (durante el priato tan dañino) hubo una larga historia de dinero que se repartía a escondidas, sin rendir cuentas sobre el ejercicio y sus gastos millonarios.
NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Pese a las acusaciones de falta de insumos en hospitales de Veracruz, un hospital que resalta en la parte norte-centro de la entidad es el del IMSS-Bienestar en Martínez de la Torre, donde, entre otros indicadores positivos, se informa de más de 300 cirugías al mes, atendiendo pacientes de municipios como Tlapacoyan, Misantla, San Rafael, Nautla, Tecolutla y Atzalan. A decir de los derechohabientes, desde el cambio de la administración en diciembre del año pasado, se ha notado la gestión permanente con respecto a la infraestructura, al material de curación, los medicamentos y los traslados en ambulancias. Los comentarios son de una institución en orden, limpia y bien gestionada… A esto debe sumarse que las jornadas de afiliación al IMSS-Bienestar en comunidades, acercan el registro a la población, además de que informan de manera directa la cartera de servicios, a más de 3 mil afiliados de municipios como Martínez de la Torre, San Rafael y Tecolutla… Alguien ahí está haciendo muy bien su trabajo, sin meterse en los reflectores, y se llama Carlos Gámez Paredes. |
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